El juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a juicio a 12 personas, entre ellas Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, vinculadas con la red de lavado de dinero que operaba en zonas fronterizas del país con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Luego de 10 días de la audiencia de apertura a juicio, el juez Gálvez resolvió que los sindicados deben enfrentar a la justicia por los siguientes delitos:

  • Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
  • Maximino Gómez (ex asistente del ex diputado Manuel Barquín): asociación ilícita y cohecho activo.
  • Silvia Antonieta Guevara: asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial o reservada.
  • Héctor Vicente Reyes Linares: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
  • Rudy Estuardo Martínez Orellana: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
  • Dain Alfredo Orellana y Orellana: lavado de dinero.
  • Edgar Leonel Guerra Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Marco Tulio Morales Guerra: lavado de dinero.
  • Javier Villatoro López: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Mynor Leonel Morales Monterroso: cohecho pasivo.
  • José Isabel Maldonado: obstrucción a la justicia.
  • Edwin Galicia: peculado por sustracción.

En la diligencia el juez ordenó investigar al Banco G&T por sospechas de lavado de dinero.

Antecedentes
La investigación inició por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

El cabecilla de la red era Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas contó con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

Vía: CICIG