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Inicia audiencia de etapa intermedia en #CasoCreompaz

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos, inició este día la audiencia donde se decidirá si los militares en situación de retiro enfrentan debate oral y público, por su vinculación a desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad durante el conflicto armado interno en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ).

Se trata de Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército y los oficiales Gustavo Alonzo Rosales, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos, Ismael Segura Abularach, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Raúl Dehesa Oliva y Carlos Augusto Garavito.

Medios de prueba

Durante este primer día, el Ministerio Público se refirió a los medios de prueba presentados en su acto conclusivo. Entre ellos, el hallazgo de osamentas humanas en la base militar, 814 folios que se relacionan a las personas que fueron ubicadas en las fosas, cadenas de custodia de muestras esqueléticas y genéticas. En este proceso, el juzgado contralor, recibió 20 mil 800 folios de prueba por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP.

Antecedentes

El Ministerio Público los sindica de esos ilícitos, tras localizar durante las investigaciones, varias osamentas en fosas dentro del antiguo recinto militar, ubicada en la Base Militar número 21, en Alta Verapaz, la cual en aquel entonces se le llamaba “Antonio José de Irrizari”.

En las excavaciones se localizó 558 osamentas humanas, se ha establecido que 90 corresponden a menores de edad; 443 adultos, todavía por definir entre hombres y mujeres; adultos de la tercera edad; y 22 sin determinar en este momento. De esas 558 osamentas humanas; 97 han sido identificadas por ADN.

La Fiscalía afirma que cuentan con los documentos que contienen los indicios que revelan la presunta responsabilidad de los sindicados y cuenta con la declaración de dos testigos protegidos que narraron los actos cometidos por el Ejército y varios peritajes. La investigación de este caso se inició en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como El Plan de Sánchez, en la que fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión.

Vía: MP

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Extinguen bienes a secretaria de Juzgado de Puerto Barrios

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Foto: Soy502

Durante el proceso el juez de primera instancia de Escuintla, Reynaldo Galván aseguró que él sostenía una relación sentimental con la secretaria del juzgado de primera instancia de Puerto Barrios Izabal, Claudia Madrid y esto era suficiente para haberle entregado el dinero y así se comprara una casa valorada, según ellos, en cerca de 1 millón de quetzales y un vehículo por 228 mil quetzales, sin embargo el juzgado de extinción de dominio determinó que dichos fondos para comprar los dos bienes se obtuvieron de forma anómala y por tal motivo ambas propiedades pasan a manos del estado de Guatemala.

De momento aún esta pendiente que se lleve a cabo el proceso donde se acusa tanto a Madrid como a Galván de lavado de dinero donde aún se espera conocer si se le retira o no la inmunidad al juzgador.

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Apuñalan a director de Pavón

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En un confuso incidente, el director de la granja penal Pavón, Wilverth Moisés Mateo Marroquín, fue apuñalado supuestamente por un grupo de privados de libertad dentro del propio centro carcelario.

Según indicó Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, Mateo presenta varias heridas en la cabeza y fue atendido de forma inmediata en la clínica de la cárcel para posteriormente trasladarlo a un hospital.

El vocero afirma que no se descarta la posibilidad que se trate de un movimiento de pandilleros inconformes con las nuevas normativas de seguridad que se estan tomando dentro del centro.

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Consejo de la carrera pide investigación contra juez Mynor Moto

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Aunque la Corte Suprema de Justicia determinó no dar trámite a la solicitud de antejuicio planteada en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Moto, el Consejo de la Carrera Judicial ha ordenado que se lleve a cabo una investigación a nivel del organismo en contra del juzgador para determinar si su actuar ha sido apegado a derecho.

Según se dio a conocer, el Consejo solicitó a la supervisión de tribunales realizar la investigación necesaria y ha dado un plazo de 15 días para que entregue un informe a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial y allí se determine si el actuar de Moto no ha incurrido en algún tipo de anomalía.

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