El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos, inició este día la audiencia donde se decidirá si los militares en situación de retiro enfrentan debate oral y público, por su vinculación a desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad durante el conflicto armado interno en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ).

Se trata de Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército y los oficiales Gustavo Alonzo Rosales, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos, Ismael Segura Abularach, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Raúl Dehesa Oliva y Carlos Augusto Garavito.

Medios de prueba

Durante este primer día, el Ministerio Público se refirió a los medios de prueba presentados en su acto conclusivo. Entre ellos, el hallazgo de osamentas humanas en la base militar, 814 folios que se relacionan a las personas que fueron ubicadas en las fosas, cadenas de custodia de muestras esqueléticas y genéticas. En este proceso, el juzgado contralor, recibió 20 mil 800 folios de prueba por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP.

Antecedentes

El Ministerio Público los sindica de esos ilícitos, tras localizar durante las investigaciones, varias osamentas en fosas dentro del antiguo recinto militar, ubicada en la Base Militar número 21, en Alta Verapaz, la cual en aquel entonces se le llamaba “Antonio José de Irrizari”.

En las excavaciones se localizó 558 osamentas humanas, se ha establecido que 90 corresponden a menores de edad; 443 adultos, todavía por definir entre hombres y mujeres; adultos de la tercera edad; y 22 sin determinar en este momento. De esas 558 osamentas humanas; 97 han sido identificadas por ADN.

La Fiscalía afirma que cuentan con los documentos que contienen los indicios que revelan la presunta responsabilidad de los sindicados y cuenta con la declaración de dos testigos protegidos que narraron los actos cometidos por el Ejército y varios peritajes. La investigación de este caso se inició en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como El Plan de Sánchez, en la que fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión.

Vía: MP