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Abogan por el fortalecimiento del Sector Justicia #ComunicadoCICIG

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Durante la presentación del informe “Costos y desafíos del combate a la impunidad en Guatemala”, el Comisionado Iván Velásquez Gómez y representantes de diversos sectores señalaron la necesidad de inyectar recursos para fortalecer al sector justicia con el fin de luchar contra la corrupción e impunidad en el país.

El documento fue presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con el apoyo de la Embajada de Suecia y de UNICEF. Fueron invitados en la mesa principal: Mayra Veliz, Secretaria General del Ministerio Público, Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la CICIG; Christian Skoog, Representante de UNICEF; Jonathan Menkos, Director Ejecutivo del ICEFI; y Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial.

El Comisionado resaltó que el actual momento histórico que vive Guatemala debe ser aprovechado para que la sociedad actúe e incida en la transformación de la realidad guatemalteca. “La sociedad ahora cree que la lucha contra la impunidad sí es posible, que la corrupción no es una situación normal con la que hay que saber convivir, y que nadie está por encima de la ley”, aseveró el Comisionado.

Agregó que el Ministerio Público (MP) ha dado muestras en el combate de este flagelo y en procurar su fortalecimiento, el cual no es suficiente con extender sus fiscalías o aumentar el número de fiscales, sino que es necesario integrar un fuerte aparato de investigación criminal que incorpore los avances tecnológicos que le permita realizar investigaciones de calidad.

Impuesto temporal

Señaló que para llevar a cabo este proyecto sería indispensable contar con recursos económicos de los cuales no dispone el MP, por lo que considera necesario que el sector empresarial se involucre en el tema: “En esto puede contribuir el empresariado que se ha pronunciado reclamando justicia contra las estructuras del Estado que han desangrado las finanzas públicas, y se podría pensar en la discusión de un impuesto de vigencia temporal dirigido a gravar patrimonios que superen un determinado monto con el objetivo de fortalecer al MP, al Organismo Judicial, al Instituto de la Defensa Pública Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala”.

“Buscar soluciones de esta naturaleza revelaría que la lucha contra la impunidad no es un discurso sino una verdadera decisión del país, y que debe existir la voluntad de sus dirigentes, tanto del sector público como privado”, enfatizó el jefe de la CICIG.

Factores de la impunidad

Jonathan Menkos, Director Ejecutivo del ICEFI, en la presentación del estudio detalló cinco elementos cuando se habla de impunidad: El 73.2% de los hechos delictivos no son denunciados; El MP está sobrepasado y con poca presencia nacional; el sistema de justicia está limitado en sus capacidades de operación; el Sistema Penitenciario está limitado en su capacidad de albergar a los privados de libertad; y existe un bajo financiamiento para la justicia y la seguridad ciudadana.

“Para luchar contra la impunidad es necesario hablar sobre cambios en el marco jurídico; que exista independencia judicial e imparcialidad, así como voluntad institucional”, manifestó Menkos.

Christian Skoog, Representante de UNICEF, destacó que la voluntad política en relación al cumplimiento de los derechos de la niñez se refleja principalmente en el presupuesto asignado a las instituciones a cargo de la protección infantil. “Es indispensable la eficiencia en el gasto y la transparencia de la gestión pública para garantizar resultados concretos en la vida de las niñas y niños”.

Mayra Véliz, Secretaria General del MP, señaló que en la medida en que las personas tengan confianza en la justicia se acercarán a denunciar sobre algún hecho delictivo. Por ello dijo que pese al limitado presupuesto del MP, las diferentes fiscalías no detienen su trabajo para esclarecer los casos asignados.

Véliz detalló la situación presupuestaria del MP, y señaló que a pesar que el Congreso aprobó Q1,100.00 millones para el año 2015,sólo recibieron Q718 millones, por lo cual el MP trabaja con dificultades en su labor investigativa e impulso de nuevos proyectos.

En su intervención Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, destacó que trabajan en la ampliación de diversos juzgados y tribunales en el país para agilizar la resolución de los casos, y de esta manera “contribuir en la lucha contra la impunidad y construir un sistema íntegro e independiente”.

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Extinguen bienes a secretaria de Juzgado de Puerto Barrios

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Foto: Soy502

Durante el proceso el juez de primera instancia de Escuintla, Reynaldo Galván aseguró que él sostenía una relación sentimental con la secretaria del juzgado de primera instancia de Puerto Barrios Izabal, Claudia Madrid y esto era suficiente para haberle entregado el dinero y así se comprara una casa valorada, según ellos, en cerca de 1 millón de quetzales y un vehículo por 228 mil quetzales, sin embargo el juzgado de extinción de dominio determinó que dichos fondos para comprar los dos bienes se obtuvieron de forma anómala y por tal motivo ambas propiedades pasan a manos del estado de Guatemala.

De momento aún esta pendiente que se lleve a cabo el proceso donde se acusa tanto a Madrid como a Galván de lavado de dinero donde aún se espera conocer si se le retira o no la inmunidad al juzgador.

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Apuñalan a director de Pavón

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En un confuso incidente, el director de la granja penal Pavón, Wilverth Moisés Mateo Marroquín, fue apuñalado supuestamente por un grupo de privados de libertad dentro del propio centro carcelario.

Según indicó Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, Mateo presenta varias heridas en la cabeza y fue atendido de forma inmediata en la clínica de la cárcel para posteriormente trasladarlo a un hospital.

El vocero afirma que no se descarta la posibilidad que se trate de un movimiento de pandilleros inconformes con las nuevas normativas de seguridad que se estan tomando dentro del centro.

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Consejo de la carrera pide investigación contra juez Mynor Moto

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Aunque la Corte Suprema de Justicia determinó no dar trámite a la solicitud de antejuicio planteada en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Moto, el Consejo de la Carrera Judicial ha ordenado que se lleve a cabo una investigación a nivel del organismo en contra del juzgador para determinar si su actuar ha sido apegado a derecho.

Según se dio a conocer, el Consejo solicitó a la supervisión de tribunales realizar la investigación necesaria y ha dado un plazo de 15 días para que entregue un informe a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial y allí se determine si el actuar de Moto no ha incurrido en algún tipo de anomalía.

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