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Coordinan acciones para el combate contras las extorsiones #RescatandoGuate

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Como parte de la política de persecución penal estratégica del Ministerio Público de combatir el fenómeno de las extorsiones que afecta a la población, hoy por medio de la Fiscalía contra el delito de Extorsión en coordinación con el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, se llevan a cabo más de 100 allanamientos para capturar a igual número de personas dedicadas presuntamente a la extorsión.

Las órdenes de captura son por los delitos de extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Estas acciones se realizan en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Chimaltenango, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Suchitepéquez, Escuintla, Baja Verapaz, San Marcos, Quiché y Zacapa.

De acuerdo con la investigación conjunta, el operativo consiste en desarticular dos estructuras criminales una de la Mara Salvatrucha y la otra del Barrio 18, que operan en los departamentos antes mencionados.

Ambas estructuras se dedicaban a exigir cobros ilegales a pilotos de buses extraurbanos, comerciantes y empresas privadas que utilizan camiones para distribuir sus productos en la región central metropolitana y el norte del país.

Ambas agrupaciones delictivas se habrían apropiado de dos millones de quetzales, producto de la extorsión. Las investigaciones empezaron en 2014 por denuncias recibidas y a las cuales se les dio seguimiento. A algunos de los integrantes de la estructura hubo vigilancia y seguimiento hasta el momento de realizar el cobro de la extorsión.

El modo de operar de la estructura consiste en entregar el celular, llaman a las víctimas, los intimidan con armas de fuego y después de lograr acceder a que proporcionen el dinero lo depositan en un banco del sistema. Lo que se evidenció el cobro mano a mano en varios de los casos documentados.

Para las víctimas de este flagelo, el Ministerio Público cuenta con el Centro de Llamadas contra las extorsiones 1574, en este número las víctimas pueden llamar denunciar y recibir atención y asesoría por parte de fiscales y agentes de la PNC.

Vía: MP

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Extinguen bienes a secretaria de Juzgado de Puerto Barrios

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Foto: Soy502

Durante el proceso el juez de primera instancia de Escuintla, Reynaldo Galván aseguró que él sostenía una relación sentimental con la secretaria del juzgado de primera instancia de Puerto Barrios Izabal, Claudia Madrid y esto era suficiente para haberle entregado el dinero y así se comprara una casa valorada, según ellos, en cerca de 1 millón de quetzales y un vehículo por 228 mil quetzales, sin embargo el juzgado de extinción de dominio determinó que dichos fondos para comprar los dos bienes se obtuvieron de forma anómala y por tal motivo ambas propiedades pasan a manos del estado de Guatemala.

De momento aún esta pendiente que se lleve a cabo el proceso donde se acusa tanto a Madrid como a Galván de lavado de dinero donde aún se espera conocer si se le retira o no la inmunidad al juzgador.

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Apuñalan a director de Pavón

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En un confuso incidente, el director de la granja penal Pavón, Wilverth Moisés Mateo Marroquín, fue apuñalado supuestamente por un grupo de privados de libertad dentro del propio centro carcelario.

Según indicó Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, Mateo presenta varias heridas en la cabeza y fue atendido de forma inmediata en la clínica de la cárcel para posteriormente trasladarlo a un hospital.

El vocero afirma que no se descarta la posibilidad que se trate de un movimiento de pandilleros inconformes con las nuevas normativas de seguridad que se estan tomando dentro del centro.

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Consejo de la carrera pide investigación contra juez Mynor Moto

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Aunque la Corte Suprema de Justicia determinó no dar trámite a la solicitud de antejuicio planteada en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Moto, el Consejo de la Carrera Judicial ha ordenado que se lleve a cabo una investigación a nivel del organismo en contra del juzgador para determinar si su actuar ha sido apegado a derecho.

Según se dio a conocer, el Consejo solicitó a la supervisión de tribunales realizar la investigación necesaria y ha dado un plazo de 15 días para que entregue un informe a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial y allí se determine si el actuar de Moto no ha incurrido en algún tipo de anomalía.

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