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Avances en caso Impunidad y Defraudación: Una red de corrupción en la SAT #CICIG

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En conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez, la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, y el Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, proporcionaron avances en el caso “impunidad y defraudación: una red de corrupción en la SAT “, en el cual se señala a la empresa Aceros de Guatemala, S.A, de defraudar al Estado guatemalteco.

La Fiscal General, Thelma Aldana Hérnandez, detalló las seis querellas que se presentaron en contra de la empresa Aceros de Guatemala por evasión de impuestos:

  • 14 marzo 2012, la SAT presentó una querella en contra de dicha empresa por la simulación de compra de chatarra con un proveedor, quien no tenía infraestructura para operar. El monto de lo defraudado fue de Q13,641.89, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008.
  • El 26 de junio de 2012 se presentó una denuncia por simulación de compra de chatarra con cuatro proveedores, del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2008. La irregularidad en esta compra fue que algunos de los proveedores no pudieron ser localizados, otros no tenían infraestructura para operar y otros habían fallecido. La defraudación fiscal fue de Q200 millones 829,655.63.
  • El 13 de julio de 2012 se presentó una querella por la compra de chatarra a dos proveedores, del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009. Los proveedores no pudieron ser localizados. El monto de lo defraudado fue de Q60,485,617.01.

Estas tres querellas fueron unificadas y las tramita el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

Otras denuncias

El 21 de julio de 2015 se presentaron otras tres querellas en contra de Aceros de Guatemala, por falsificación de sellos bancarios impresos en los formularios que se tramitan para importar la chatarra de Honduras hacia Guatemala, durante los años 2011, 2012, y 2013. Sin embargo estos pagos no ingresaron a la SAT. El total de impuestos defraudados en los tres años fue de Q11,310,865.52. Estas nuevas denuncias son investigadas por el MP y la CICIG.

Como parte de las medidas en el caso “defraudación e impunidad”, el pasado 5 de mayo el Ministerio Público en coordinación con la SAT y la Procuraduría General de la Nación, solicitaron medidas precautorias de embargo e intervención de Aceros de Guatemala, así como arraigo de sus representantes legales y socios mayoritarios.

El Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, señaló que el interventor Rolando Oliva se presentó el pasado 5 de mayo en dicha empresa para ejecutar la intervención de la caja de la entidad y tomar el control de los ingresos y egresos de dicha compañía, y de esta forma asegurar el resarcimiento al Estado de Guatemala.

No obstante dijo que ante estas medidas, el pasado 6 de mayo la empresa pagó el impuesto defraudado al Estado más la multa e intereses por las tres primeras querellas presentadas por SAT. Mencionó que el total de lo pagado es casi tres veces más del monto original, y se convierte en el pago más grande de la historia nacional por defraudación tributaria.

El Comisionado explicó que este caso surgió del análisis de las escuchas telefónicas del caso de defraudación aduanera “la línea”, y de las denuncias presentadas por la SAT en contra de Aceros de Guatemala. Recordó la participación de actores externos e internos de la SAT para favorecer a la empresa Aceros de Guatemala en el proceso penal y ante la institución fiscalizadora.

Antecedentes

La empresa Aceros de Guatemala, a través de Tres Puertos, utilizó la red de corrupción liderada por los sindicados Omar Franco Chacón, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Geovani Marroquín Navas -ambos vinculados en el caso de defraudación aduanera “la línea”- para obtener la desestimación de tres querellas contra Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82. El fin de la estructura era no sólo librar a Aceros de Guatemala del proceso penal, sino también limpiarle el récord ante la SAT para que dicha empresa pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.

Por este caso están en ligados a proceso 15 personas entre exfuncionarios y auditores de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) y personas relacionadas a dicha empresa.

Vía: CICIG

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Extinguen bienes a secretaria de Juzgado de Puerto Barrios

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Foto: Soy502

Durante el proceso el juez de primera instancia de Escuintla, Reynaldo Galván aseguró que él sostenía una relación sentimental con la secretaria del juzgado de primera instancia de Puerto Barrios Izabal, Claudia Madrid y esto era suficiente para haberle entregado el dinero y así se comprara una casa valorada, según ellos, en cerca de 1 millón de quetzales y un vehículo por 228 mil quetzales, sin embargo el juzgado de extinción de dominio determinó que dichos fondos para comprar los dos bienes se obtuvieron de forma anómala y por tal motivo ambas propiedades pasan a manos del estado de Guatemala.

De momento aún esta pendiente que se lleve a cabo el proceso donde se acusa tanto a Madrid como a Galván de lavado de dinero donde aún se espera conocer si se le retira o no la inmunidad al juzgador.

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Apuñalan a director de Pavón

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En un confuso incidente, el director de la granja penal Pavón, Wilverth Moisés Mateo Marroquín, fue apuñalado supuestamente por un grupo de privados de libertad dentro del propio centro carcelario.

Según indicó Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, Mateo presenta varias heridas en la cabeza y fue atendido de forma inmediata en la clínica de la cárcel para posteriormente trasladarlo a un hospital.

El vocero afirma que no se descarta la posibilidad que se trate de un movimiento de pandilleros inconformes con las nuevas normativas de seguridad que se estan tomando dentro del centro.

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Consejo de la carrera pide investigación contra juez Mynor Moto

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Aunque la Corte Suprema de Justicia determinó no dar trámite a la solicitud de antejuicio planteada en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Moto, el Consejo de la Carrera Judicial ha ordenado que se lleve a cabo una investigación a nivel del organismo en contra del juzgador para determinar si su actuar ha sido apegado a derecho.

Según se dio a conocer, el Consejo solicitó a la supervisión de tribunales realizar la investigación necesaria y ha dado un plazo de 15 días para que entregue un informe a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial y allí se determine si el actuar de Moto no ha incurrido en algún tipo de anomalía.

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