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Capturan al ex presidente Álvaro Colom por caso Transurbano

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El expresidente guatemalteco Álvaro Colom fue capturado este lunes por el caso de corrupción Transurbano, confirmó este martes el Ministerio Público de Guatemala.

El expresidente Colom fue arrestado después de que fuera acusado de participar en un caso de corrupción conocido como el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) entre 2008 y 2012.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) realizaron 14 allanamientos en los que buscaban capturar a varias personas, entre ellas miembros del Gabinete de Gobierno del exmandatario.

Se logró capturar esta mañana a su exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, y a su exministro de Gobernación, Salvador Gándara.

El Transurbano tiene que ver con el modelo de transporte urbano implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

¿Quién es Álvaro Colom?

Álvaro Colom Caballeros nació el 15 de junio de 1951. Es un ingeniero, empresario y político guatemalteco. Ejerció la presidencia de Guatemala en representación del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) tras ganarle a Otto Pérez Molina con una ventaja de 5.36%, según la cifras del tribunal electoral.

Fue uno de los 2 candidatos en alcanzar la segunda vuelta de la elección presidencial de Guatemala el 9 de septiembre de 2007.

El expresidente Colom fue enviado recientemente a Honduras por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sirvera como observador en las pasadas elecciones y, además, la OEA lo nombró como mediador de un diálogo Maccih-Honduras.

¿Qué ha dicho la Cicig sobre el exmandatario guatemalteco?

Después de haber ganado la segunda vuelta electoral en los comicios electorales de Guatemala de 2007, y haber tomado posesión el 14 de enero de 2008 el presidente comenzó a enfrentar los principales problemas del país como lo son la inseguridad y la pobreza.

En un reporte de la Cicig sobre financiamiento de partidos políticos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala detalla cómo el dinero que financia la política guatemalteca es ilícito pues al no registrar los orígenes del finaciamiento y al aceptar recursos de fuentes oscuras, la mayoría de partidos estaría traspasando la frontera legal.

De acuerdo con la Cicig, en cada gobierno puede identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo.

Por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Colom, Gustavo Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos.

La Cicig sostiene que Alejos había sido financista y operador de Colom durante las campañas de 2003 y 2007 e influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este período, las empresas vinculadas con él fueron beneficiadas por contratos públicos y su hermano y padre fueron nominados como candidatos a diputados por la UNE.​

¿En qué consiste el caso transurbano?

Según el diario Prensa Libre de Guatemala, en marzo del 2010 una Municipalidad adjudicó 109 rutas de transporte público en la capital de Guatemala, por 25 años, a las empresas Rutas Metropolitanas, Expansión Corporativa Milenium, Concesionarios del Transporte y Tendencias Modernas Latinoamericanas.

Cuatro meses antes, en noviembre del 2009, la UNE presentó una iniciativa de ley con el fin de exonerar de impuestos la compra de los nuevos buses. Esta ya incluía los nombres de las empresas favorecidas con las 109 rutas.

La Comisión de Finanzas era dirigida en ese momento por el excandidato presidencial Manuel Baldizón.

Se detalló que en el 2012, los transportistas suscribieron con el Ministerio de Comunicaciones los convenios 01-2012DSM; 02-2012DSM y el 03-2012-DSM, el 19 de abril, 31 de julio y 4 de septiembre de ese año, respectivamente, por Q70 millones cada uno, para ejecutar un total de Q210 millones que incluían el combustible, la contratación de servicios de seguridad y los costos de operación.

El pago del subsidio se basó en informes diarios sin que existiera un procedimiento administrativo de control, de acuerdo con los auditores. (La Prensa)

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Nombran juez pesquisidor en antejuicio contra Felipe Alejos

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Guatemala – El Organismo Judicial a través de su cuenta oficial de Twitter, informo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha dado con lugar el antejuicio contra el diputado y Primer Vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.

En otro tweet en el que el Organismo Judicial corrige, informa que tras dado lugar al antejuicio, se nombro al como juez pesquisidor al Vocal I de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.

Antecedentes:

Diversas reuniones y llamadas fueron pactadas para así ayudar supuestamente a diversas empresas a recuperar el denominado crédito fiscal de una forma ágil, según lo explicado por el Ministerio Público en contra de 19 implicados en el caso Traficantes de Influencias en el cual reprodujeron escuchas telefónicas de uno de los considerados principales operadores de la estructura Giovanni Navas.

Según lo que refiere la llamada, el beneficiado con la generación de facturas aparentemente anómalas, sería la empresa Aceros de Guatemala, entre otros aspectos. De la misma manera la fiscalía ubicó una llamada donde se comunican Giovanni Navas y el actual diputado Felipe Alejos, en la cual pactan una reunión para hablar de los mismos temas, sin embargo dado a que el parlamentario goza de inmunidad aún no se han revelado otras escuchas en donde podría darse a conocer su presunta participación.

A la audiencia de primera declaración también se presentaron dos prófugos de la justicia Jorge Moreno y Pablo Muñoz Morales, este último hijo del ex superintendente de administración tributaria Carlos Muñoz, implicado en el mismo caso. La audiencia continuará este martes.

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CSJ piensa en adquirir elevadores

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El problema de la falta de ascensores en la Torre de Tribunales que agudizó el pasado lunes tras el colapso de los últimos dos, que día a a día trasladan a cientos de usuario por los 15 niveles de la torre, ahora podría ser objeto de una nueva compra que la Corte Suprema de Justicia podría realizar para solventar el problema.

No obstante, aunque el presidente de la Corte, José Pineda Barales, afirma que los elevadores ya tienen bastante tiempo de antigüedad, estos no poseen más de 5 años, ya que el proyecto de modernización fue aprobado en el año 2013, bajo la presidencia del entonces magistrado Gabriel Medrano, en donde el Organismo Judicial invirtió 4.8 millones de quetzales, según consta en el portal de Guatecompras. Desde entonces cada reparación de los elevadores no baja de los 3 mil quetzales.

Por el momento se espera se adjudique a una empresa la reparación de al menos dos elevadores que desde hace ya un año no han estado en funcionamiento, mientras se determina si se aprueba o no licitar la compra de nuevos elevadores para la torre de tribunales.

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Sala separa del caso “Manipulación de Justicia” a jueza Claudette Domínguez

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Por unanimidad, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo separó hoy del caso “manipulación de justicia” a la jueza del Juzgado Primero de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez Guerrero, luego de declarar con lugar la recusación planteada en su contra por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por dudar de su imparcialidad y objetividad en la tramitación de dicho caso.

En su resolución los magistrados de dicha Sala argumentaron que hay suficientes indicios de su parcialidad para que la jueza Domínguez no continúe conociendo este proceso. Por ello resolvieron que el caso sea tramitado por el juez del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

“En aras de lograr la pureza judicial en este asunto resulta menester declarar con lugar la recusación presentada y trasladar el presente expediente a otro juzgador. Quedó demostrado que por dichas circunstancias la señora jueza en la resolución que rechaza la recusación hace señalamientos a los sujetos procesales, situación que pone en riesgo la tramitación adecuada del presente proceso, tomando en consideración los juicios de valor que la recusada hace sobre las peticiones de los sujetos procesales, situación que evidencia una posible animadversión hacia ellos, comprometiendo seriamente su imparcialidad (…)”, señala el fallo.

Agrega que por lo anterior también existe una incertidumbre jurídica de los sindicados vinculados en este caso, ya que deben ser escuchados y resolver su situación jurídica para cumplir con los preceptos constitucionales y con el Pacto de Derechos Humanos.

El fallo de la Sala señala que la recusación no debe ser vista como el enjuiciamiento a la actitud moral de los jueces, más bien como una herramienta que brinda confianza a los sujetos procesales para que los casos se resuelvan con imparcialidad y objetividad.

Antecedentes

En su resolución del 21 de febrero de 2018, la jueza Domínguez se extralimitó en sus funciones al revocar la orden de aprehensión contra Erick Melgar Padilla, argumentando que goza de derecho de antejuicio por el cargo de juez presidente de un tribunal militar, que aparentemente tiene en el Ejército de Guatemala. Ello a pesar que el 20 de febrero de 2018, la Sala Primera de Apelaciones de casos de Mayor Riesgo resolvió no amparar provisionalmente a Melgar Padilla, quien había solicitado dejar sin efecto su orden de aprehensión.

La jueza fundamentó su resolución en el oficio de fecha 16 de febrero de 2018 elaborado por el Tribunal Militar de la Primera Brigada de la Guardia de Honor, en el cual se establece que el sindicado tiene calidad de juez. La juzgadora no examinó el Código Militar ni el Código de Procedimientos Penales Militares, los cuales señalan que no se legisla acerca de la categoría de jueces y magistrados y menos aún se determina que las personas que integran dichos tribunales tengan algún tipo de inmunidad. También la juzgadora no solicitó información a la Corte Suprema de Justicia sobre la juramentación de Melgar Padilla de su presunta calidad de presidente de un tribunal militar. —Comisión Internacional Contra la Impunidad

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