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Caso Caja de Pandora

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(CICIG) – En seguimiento a la investigación contra una estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva (fallecido) en el Sistema Penitenciario (SP), se derivaron nuevos hechos de corrupción que vinculan al alcalde capitalino, Álvaro Arzú, funcionarios, exfuncionarios y abogados.

En conferencia de Prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez y la Fiscal General, Thelma Aldana, proporcionaron detalles de la investigación y de las 11 personas capturadas  luego de varios operativos realizados en su mayoría en el departamento de Guatemala y uno en Alta Verapaz.

Orígenes de la investigación

El 3 de septiembre del 2014 el Ministerio Público y la CICIG desarticularon una red de corrupción dirigida por el reo Byron Lima Oliva, en la cual participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos, producto del traslado de reos, entre otros ilícitos. Derivado de esa investigación varias personas enfrentan proceso penal.

El MP y la CICIG continuaron con la investigación y, a partir de nuevos elementos que han surgido durante el proceso judicial, se han abierto nuevas líneas de investigación para establecer la participación de otras personas en la red que dirigía Lima Oliva.

La relación entre Lima Oliva y el Partido Patriota

La relación entre Lima Oliva y los dirigentes del Partido Patriota se debió en gran parte a que compartían formación militar, y se consolidó en el 2012 con la  llegada del Partido Patriota al Ejecutivo.

Además, el nombramiento de Mauricio López Bonilla al frente de Gobernación abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro del SP, y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo, entre ellas nombrar personal dentro de la institución.

En el año 2012 Lima Oliva realizó el traslado de 127 privados de libertad a Pavoncito. En su declaración, Alejandra Reyes Ochoa (colaboradora eficaz en este caso), indicó que en el año 2012 Lima Oliva le comentó que el coronel retirado Luis Alberto González Pérez, designado director del SP, le dio un mensaje al exministro López Bonilla, que consistía en un”regalo” de trasladar 150 reos a Pavoncito.

Se estableció  que González Pérez avaló los nombramientos de personal sugeridos por Lima Oliva en la Dirección del SP, y se convirtió en un operador de la estructura que dirigía Lima Oliva. Los traslados dependían del perfil económico del recluso, y debían ser ejecutados por el González Pérez. En el año 2012 se incrementaron los traslados hacia Pavoncito de una forma exponencial respecto al año anterior.

Además de los nombramientos en el SP, el exministro de Gobernación López Bonilla  otorgó a Lima Oliva la facultad para decidir sobre el traslado de privados de libertad a diferentes centros. De hecho en una de las comunicaciones entre López Bonilla y Lima Oliva, intercambian información sobre privados de libertad que era posible trasladar desde Fraijanes II a Pavoncito.

Algunos reos pagaban con vehículos su traslado a otras cárceles, los cuales posteriormente Lima Oliva entregaba a sus abogados defensores, entre ellos Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell.

Vinculación de alcalde capitalino

Durante las diligencias de investigación se incautó información en el allanamiento realizado a la cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima Oliva y que operaba en el  Centro Preventivo Pavoncito. En la documentación se tenía registro de contrataciones y pagos que requerían personas y entidades externas.

En el expediente de investigación sobre las actividades ilícitas de Lima Oliva y su entorno en el año 2014, se registraron interceptaciones telefónicas vinculadas con las negociaciones para la contratación y formas de pago de dicha cooperativa.

En declaración ante la jueza contralora del caso, Alejandra Reyes (compañera sentimental de Byron Lima), proporcionó detalles de las actividades y personas con las que éste realizaba estos negocios de forma ilícita.

La información lleva a la alcaldía capitalina

Al realizar un análisis documental de la información incautada, las interceptaciones telefónicas y las declaraciones de Alejandra Reyes, la investigación reveló que uno de los principales contratistas de la cooperativa que dirigía Byron Lima era la comuna capitalina.

La contratación de servicios por sí no constituye delito, pero sí la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido UNIONISTA y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Byron Lima.

También se documentó la existencia de plazas fantasmas en la municipalidad de Guatemala tanto para la entonces compañera de Lima Oliva, Alejandra Reyes, así como para su madre  y la viuda del reo Obdulio Villanueva (fallecido), quien junto a Lima Oliva fueron parte de la seguridad de Arzú cuando estuvo en la Presidencia de la República.

Alejandra Reyes manifestó que a través de cartas dirigidas a Álvaro Arzú, a quien Byron identificaba como “Señor Oro”, le realizaba exigencias económicas para cubrir gastos varios. Las comunicaciones las firmaba bajo el seudónimo de “Julio”. Los escritos eran enviados a Arzú a través de personas corno Fernando Reyes Palencia y Héctor Cifuentes.

La información proporcionada concuerda con la imagen de una carta extraída del equipo de telefonía móvil aportado por la señora Reyes Ochoa, dirigida al “Señor Oro”, solicitándole Q727,000.00 para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados.

El trabajo de la cooperativa Torre Fuerte

Desde mediados del 2010 Byron Lima tomó el control de la cooperativa Torre Fuerte, dedicada entre otros a la confección de uniformes, playeras e impresión de logos en diversos artículos.  En la pasada campaña electoral la cooperativa, a través de Lima Oliva  y su pareja, vendieron diversidad de artículos promocionales para varios candidatos y partidos políticos. Lo anterior fue corroborado con las interceptaciones telefónicas realizadas a Byron Lima y su entorno durante el año 2014, así como con las imágenes extraídas del teléfono celular entregado por Alejandra Reyes.

Modo de operar

Entre 2013 y 2015 Byron Lima y personas de su círculo cercano suministraron bienes y servicios al partido Unionista y a la “Alianza” (CREO, TODOS, VICTORIA y GANA), pagados por la comuna capitalina.

Zorayda Herincx (subdirectora de atención a las comunidades precarias de la comuna) requería a Lima la elaboración de artículos promocionales con los logos de los partidos respectivos. Byron Lima entregaba los productos a Zorayda a través de Alejandra Reyes y de su hermano Luis Alberto Lima.

Para gestionar los pagos, se solicitaban facturas en blanco, las cuales se llenaban en la comuna como si se tratara de servicios prestados a la misma.  El pago se hacía con cargo a los recursos del fideicomiso de apoyo a la planificación urbana, es decir, con dinero de la alcaldía.

La autorización la impartía Luisa María Salas, directora del comité técnico del fideicomiso y síndico primero de la comuna. Herincx y Lima Oliva también organizaban talleres de capacitación con la finalidad de afiliar a los participantes al partido Unionista, cancelados con cargo a los mismos recursos públicos.

Zorayda pedía que los asistentes fueran de la capital (no de Mixco), puesto que los talleres tenían el propósito de reclutar votantes para apoyar la reelección de Alvaro Arzú como alcalde de Guatemala.

En los audios se establece su papel como intermediaria en la adjudicación de bienes y servicios solicitados y pagados por la alcaldía, con fines de propaganda política para el partido UNIONISTA y sus partidos aliados.

Antejuicio

Por los anteriores hechos, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó hoy una solicitud para que se le retire la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito.

Las capturas

  1. ZORAYDA AZUCENA HERINCX SOTO. Fraude y peculado por sustracción
  2. LUISA MARÍA SALAS BEDOYA. Fraude y peculado por sustracción
  3. LUIS ALBERTO LIMA OLIVA. Peculado por sustracción
  4. ANA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ. Fraude y peculado por sustracción
  5. MILITZA LORENA VIERA JUÁREZ. Peculado por sustracción
  6. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ. Asociación ilícita y tráfico de influencias
  7. OSWALDO POP VELÁSQUEZ. Cohecho pasivo
  8. MARCO ANTONIO ROSSELL OROZCO. Lavado de dinero y otros activos
  9. MOISÉS EDUARDO GALINDO RUIZ. Lavado de dinero y otros activos
  10. NORBERTO DE JESÚS ORTEGA BARCO. Enriquecimiento ilícito
  11. AMADO RANDELÍ VALDEZ CASTILLO. Enriquecimiento ilícito

Pendientes de aprehensión

  1. HOWARD YANG LUKE. Peculado por sustracción.
  2. JORGE EDUARDO MÉRIDA SANTIZO. Fraude y peculado por sustracción.
  3. KEVIN PAUL OVERDICK BARRIOS. Cohecho activo.

Citados a primera declaración

  1. HECTOR MAURICIO LOPEZ BONILLA. Asociación ilícita. En prisión preventiva por otros procesos penales.
  2. DORA ALICIA PINEDA CARÍAS. Peculado por sustracción.
  3. LEONEL FRANCISCO BOROR GATICO. Falsedad ideológica.
  4. MANFREDO CECILIO JUÁREZ RAMÍREZ Peculado por sustracción
  5. PATRICIA LISBETH OROZCO MALDONADO Peculado por sustracción

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A juicio seis sindicados en el Caso Bantrab

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El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, envió hoy a juicio a seis sindicados, incluidos exdirectivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), sindicados de saquear el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala.

En la audiencia de la etapa intermedia, el juez consideró que existían suficientes evidencias para que los sindicados enfrenten a la justicia por los siguientes delitos:

  • Sergio Aníbal Hernández Lemus (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Juan Miguel Arita España (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado en grado de complicidad y lavado de dinero.
  • Ronald Geovanni García Navarijo (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Karen Yessenia Flores Paz (abogada): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Bodgan Armando Aguirre Palencia (exrepresentante empresa de cartón): asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Astrid Ileana Overbeck González (exrepresentante empresa de cartón): asociación ilícita lavado de dinero.

En la diligencia el juez resolvió admitir de manera definitiva a la CICIG y al Bantrab como querellantes adhesivos en este proceso penal.

El juicio oral y público será conocido por el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal.

Antecedentes

EI 18 de julio del 2011 el Banco de los Trabajadores publica la subasta de 10 fincas. El precio pagado al Bantrab por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de Q4 millones, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de Q7 millones.

El Bantrab autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab. Los fondos
sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria. Lo anterior fue realizado con participación y complicidad de varios exdirectivos y directivos de dicho banco, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la venta posterior de los activos del Bantrab.

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CICIG se compromete con un Plan de Género 2018-2019

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CICIG – El pasado 14 de junio se presentó al personal de CICIG el “Plan de Trabajo para la Incorporación de la perspectiva de género en las actividades y funcionamiento de  la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para el periodo 2018-2019”. Tras varios meses de consultas internas, este documento recoge los compromisos adquiridos para incorporar la perspectiva de género en cada una de las áreas de trabajo de la Comisión.

El Plan  tiene como objetivo que el Estado de Guatemala cuente con mecanismos efectivos para combatir la impunidad provocada por los cuerpos Ilegales y aparatos clandestinos de seguridad  (ciacs), a efecto de garantizar los derechos humanos, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres.

La CICIG continuará abordando la lucha contra la impunidad de forma integral, intersectorial y ahora también desde una perspectiva de género comprometiéndose a:

  • Visibilizar el impacto diferenciado de la impunidad en los derechos humanos de las mujeres.
  • Promover la adopción de instrumentos y políticas públicas para reducir la impunidad en casos en que las mujeres sean las principales víctimas de las actividades ilícitas de los ciacs.

 Resultados esperados

  • Las investigaciones y persecuciones penales estratégicas visibilizan el impacto de las actividades ilícitas de los ciacs en los derechos humanos de las mujeres e identifican el rol de las mujeres en los ciacs como las relaciones de poder entre hombres-mujeres en dichas estructuras.
  • El Estado de Guatemala cuenta con herramientas técnicas elaboradas desde la perspectiva de género, que mejoran y fortalecen las capacidades institucionales para reducir la impunidad.
  • Se integra la perspectiva de género en las recomendaciones de reformas institucionales y legales, así como en las propuestas de políticas públicas que realiza la CICIG para el combate a la impunidad y la erradicación de los ciacs.
  • Se promueve el respeto a la diversidad y la igualdad de género en los procesos institucionales internos de la CICIG, estableciendo normas y políticas de recursos humanos que fortalezcan las relaciones interpersonales entre funcionarios y funcionarias.
  • El equipo de Comunicaciones de la CICIG integra la perspectiva de género en sus estrategias de comunicación internas, hacia el fortalecimiento institucional, así como en las externas, de modo que todos los productos sean sensibles al género.

El Comisionado y los funcionarios/as de distintas áreas se han comprometido en trabajar transversalmente en la consecución de los objetivos del Plan de Género 2018-2019.

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Juan Carlos Monzón queda en libertad

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Guatemala – Fue el Fiscal Francisco Sandoval quien afirmó que Juan Carlos Monzón recobro su libertad el pasado 15 de junio y se debe para resguardar su seguridad; Juan Carlos Monzón es colaborar eficaz del Ministerio Público en varios procesos judiciales en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por casos de corrupción.

EN DESARROLLO

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