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Caso Caja de Pandora

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(CICIG) – En seguimiento a la investigación contra una estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva (fallecido) en el Sistema Penitenciario (SP), se derivaron nuevos hechos de corrupción que vinculan al alcalde capitalino, Álvaro Arzú, funcionarios, exfuncionarios y abogados.

En conferencia de Prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez y la Fiscal General, Thelma Aldana, proporcionaron detalles de la investigación y de las 11 personas capturadas  luego de varios operativos realizados en su mayoría en el departamento de Guatemala y uno en Alta Verapaz.

Orígenes de la investigación

El 3 de septiembre del 2014 el Ministerio Público y la CICIG desarticularon una red de corrupción dirigida por el reo Byron Lima Oliva, en la cual participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos, producto del traslado de reos, entre otros ilícitos. Derivado de esa investigación varias personas enfrentan proceso penal.

El MP y la CICIG continuaron con la investigación y, a partir de nuevos elementos que han surgido durante el proceso judicial, se han abierto nuevas líneas de investigación para establecer la participación de otras personas en la red que dirigía Lima Oliva.

La relación entre Lima Oliva y el Partido Patriota

La relación entre Lima Oliva y los dirigentes del Partido Patriota se debió en gran parte a que compartían formación militar, y se consolidó en el 2012 con la  llegada del Partido Patriota al Ejecutivo.

Además, el nombramiento de Mauricio López Bonilla al frente de Gobernación abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro del SP, y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo, entre ellas nombrar personal dentro de la institución.

En el año 2012 Lima Oliva realizó el traslado de 127 privados de libertad a Pavoncito. En su declaración, Alejandra Reyes Ochoa (colaboradora eficaz en este caso), indicó que en el año 2012 Lima Oliva le comentó que el coronel retirado Luis Alberto González Pérez, designado director del SP, le dio un mensaje al exministro López Bonilla, que consistía en un”regalo” de trasladar 150 reos a Pavoncito.

Se estableció  que González Pérez avaló los nombramientos de personal sugeridos por Lima Oliva en la Dirección del SP, y se convirtió en un operador de la estructura que dirigía Lima Oliva. Los traslados dependían del perfil económico del recluso, y debían ser ejecutados por el González Pérez. En el año 2012 se incrementaron los traslados hacia Pavoncito de una forma exponencial respecto al año anterior.

Además de los nombramientos en el SP, el exministro de Gobernación López Bonilla  otorgó a Lima Oliva la facultad para decidir sobre el traslado de privados de libertad a diferentes centros. De hecho en una de las comunicaciones entre López Bonilla y Lima Oliva, intercambian información sobre privados de libertad que era posible trasladar desde Fraijanes II a Pavoncito.

Algunos reos pagaban con vehículos su traslado a otras cárceles, los cuales posteriormente Lima Oliva entregaba a sus abogados defensores, entre ellos Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell.

Vinculación de alcalde capitalino

Durante las diligencias de investigación se incautó información en el allanamiento realizado a la cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima Oliva y que operaba en el  Centro Preventivo Pavoncito. En la documentación se tenía registro de contrataciones y pagos que requerían personas y entidades externas.

En el expediente de investigación sobre las actividades ilícitas de Lima Oliva y su entorno en el año 2014, se registraron interceptaciones telefónicas vinculadas con las negociaciones para la contratación y formas de pago de dicha cooperativa.

En declaración ante la jueza contralora del caso, Alejandra Reyes (compañera sentimental de Byron Lima), proporcionó detalles de las actividades y personas con las que éste realizaba estos negocios de forma ilícita.

La información lleva a la alcaldía capitalina

Al realizar un análisis documental de la información incautada, las interceptaciones telefónicas y las declaraciones de Alejandra Reyes, la investigación reveló que uno de los principales contratistas de la cooperativa que dirigía Byron Lima era la comuna capitalina.

La contratación de servicios por sí no constituye delito, pero sí la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido UNIONISTA y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Byron Lima.

También se documentó la existencia de plazas fantasmas en la municipalidad de Guatemala tanto para la entonces compañera de Lima Oliva, Alejandra Reyes, así como para su madre  y la viuda del reo Obdulio Villanueva (fallecido), quien junto a Lima Oliva fueron parte de la seguridad de Arzú cuando estuvo en la Presidencia de la República.

Alejandra Reyes manifestó que a través de cartas dirigidas a Álvaro Arzú, a quien Byron identificaba como “Señor Oro”, le realizaba exigencias económicas para cubrir gastos varios. Las comunicaciones las firmaba bajo el seudónimo de “Julio”. Los escritos eran enviados a Arzú a través de personas corno Fernando Reyes Palencia y Héctor Cifuentes.

La información proporcionada concuerda con la imagen de una carta extraída del equipo de telefonía móvil aportado por la señora Reyes Ochoa, dirigida al “Señor Oro”, solicitándole Q727,000.00 para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados.

El trabajo de la cooperativa Torre Fuerte

Desde mediados del 2010 Byron Lima tomó el control de la cooperativa Torre Fuerte, dedicada entre otros a la confección de uniformes, playeras e impresión de logos en diversos artículos.  En la pasada campaña electoral la cooperativa, a través de Lima Oliva  y su pareja, vendieron diversidad de artículos promocionales para varios candidatos y partidos políticos. Lo anterior fue corroborado con las interceptaciones telefónicas realizadas a Byron Lima y su entorno durante el año 2014, así como con las imágenes extraídas del teléfono celular entregado por Alejandra Reyes.

Modo de operar

Entre 2013 y 2015 Byron Lima y personas de su círculo cercano suministraron bienes y servicios al partido Unionista y a la “Alianza” (CREO, TODOS, VICTORIA y GANA), pagados por la comuna capitalina.

Zorayda Herincx (subdirectora de atención a las comunidades precarias de la comuna) requería a Lima la elaboración de artículos promocionales con los logos de los partidos respectivos. Byron Lima entregaba los productos a Zorayda a través de Alejandra Reyes y de su hermano Luis Alberto Lima.

Para gestionar los pagos, se solicitaban facturas en blanco, las cuales se llenaban en la comuna como si se tratara de servicios prestados a la misma.  El pago se hacía con cargo a los recursos del fideicomiso de apoyo a la planificación urbana, es decir, con dinero de la alcaldía.

La autorización la impartía Luisa María Salas, directora del comité técnico del fideicomiso y síndico primero de la comuna. Herincx y Lima Oliva también organizaban talleres de capacitación con la finalidad de afiliar a los participantes al partido Unionista, cancelados con cargo a los mismos recursos públicos.

Zorayda pedía que los asistentes fueran de la capital (no de Mixco), puesto que los talleres tenían el propósito de reclutar votantes para apoyar la reelección de Alvaro Arzú como alcalde de Guatemala.

En los audios se establece su papel como intermediaria en la adjudicación de bienes y servicios solicitados y pagados por la alcaldía, con fines de propaganda política para el partido UNIONISTA y sus partidos aliados.

Antejuicio

Por los anteriores hechos, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó hoy una solicitud para que se le retire la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito.

Las capturas

  1. ZORAYDA AZUCENA HERINCX SOTO. Fraude y peculado por sustracción
  2. LUISA MARÍA SALAS BEDOYA. Fraude y peculado por sustracción
  3. LUIS ALBERTO LIMA OLIVA. Peculado por sustracción
  4. ANA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ. Fraude y peculado por sustracción
  5. MILITZA LORENA VIERA JUÁREZ. Peculado por sustracción
  6. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ. Asociación ilícita y tráfico de influencias
  7. OSWALDO POP VELÁSQUEZ. Cohecho pasivo
  8. MARCO ANTONIO ROSSELL OROZCO. Lavado de dinero y otros activos
  9. MOISÉS EDUARDO GALINDO RUIZ. Lavado de dinero y otros activos
  10. NORBERTO DE JESÚS ORTEGA BARCO. Enriquecimiento ilícito
  11. AMADO RANDELÍ VALDEZ CASTILLO. Enriquecimiento ilícito

Pendientes de aprehensión

  1. HOWARD YANG LUKE. Peculado por sustracción.
  2. JORGE EDUARDO MÉRIDA SANTIZO. Fraude y peculado por sustracción.
  3. KEVIN PAUL OVERDICK BARRIOS. Cohecho activo.

Citados a primera declaración

  1. HECTOR MAURICIO LOPEZ BONILLA. Asociación ilícita. En prisión preventiva por otros procesos penales.
  2. DORA ALICIA PINEDA CARÍAS. Peculado por sustracción.
  3. LEONEL FRANCISCO BOROR GATICO. Falsedad ideológica.
  4. MANFREDO CECILIO JUÁREZ RAMÍREZ Peculado por sustracción
  5. PATRICIA LISBETH OROZCO MALDONADO Peculado por sustracción

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Extinguen bienes a secretaria de Juzgado de Puerto Barrios

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Foto: Soy502

Durante el proceso el juez de primera instancia de Escuintla, Reynaldo Galván aseguró que él sostenía una relación sentimental con la secretaria del juzgado de primera instancia de Puerto Barrios Izabal, Claudia Madrid y esto era suficiente para haberle entregado el dinero y así se comprara una casa valorada, según ellos, en cerca de 1 millón de quetzales y un vehículo por 228 mil quetzales, sin embargo el juzgado de extinción de dominio determinó que dichos fondos para comprar los dos bienes se obtuvieron de forma anómala y por tal motivo ambas propiedades pasan a manos del estado de Guatemala.

De momento aún esta pendiente que se lleve a cabo el proceso donde se acusa tanto a Madrid como a Galván de lavado de dinero donde aún se espera conocer si se le retira o no la inmunidad al juzgador.

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Apuñalan a director de Pavón

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En un confuso incidente, el director de la granja penal Pavón, Wilverth Moisés Mateo Marroquín, fue apuñalado supuestamente por un grupo de privados de libertad dentro del propio centro carcelario.

Según indicó Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, Mateo presenta varias heridas en la cabeza y fue atendido de forma inmediata en la clínica de la cárcel para posteriormente trasladarlo a un hospital.

El vocero afirma que no se descarta la posibilidad que se trate de un movimiento de pandilleros inconformes con las nuevas normativas de seguridad que se estan tomando dentro del centro.

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Consejo de la carrera pide investigación contra juez Mynor Moto

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Aunque la Corte Suprema de Justicia determinó no dar trámite a la solicitud de antejuicio planteada en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Moto, el Consejo de la Carrera Judicial ha ordenado que se lleve a cabo una investigación a nivel del organismo en contra del juzgador para determinar si su actuar ha sido apegado a derecho.

Según se dio a conocer, el Consejo solicitó a la supervisión de tribunales realizar la investigación necesaria y ha dado un plazo de 15 días para que entregue un informe a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial y allí se determine si el actuar de Moto no ha incurrido en algún tipo de anomalía.

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