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Militares vinculados en crímenes de guerra son enviados a un juicio oral #CasoCREOMPAZ

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos con base a pruebas presentadas ante el Juzgado A de Mayor Riesgo, logró que ocho militares en situación de retiro, fueran enviados a debate oral y público por su vinculación en la desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, durante el conflicto armado interno en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ).

Se trata del exjefe del Estado Mayor del Ejército, General Manuel Benedicto Lucas García y los oficiales José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito y Juan Ovalle Salazar.

En este caso también están vinculados Ismael Segura Abularach y Gustavo Rosales García, a quienes la judicatura les dictó clausura provisional y libertad inmediata. La Fiscalía al estar en desacuerda con dicha resolución presentará un recurso de apelación en el plazo que establece la Ley.

Hay pruebas

Entre los medios de prueba presentados por la Fiscalía, se encuentran los hallazgos de 558 osamentas humanas localizadas en el interior del antiguo recinto militar, ubicado   en la Base Militar número 21, en Alta Verapaz, conocido anteriormente como “Antonio José de Irrizari”.

De los restos localizados, el MP estableció que 90 corresponden a menores de edad; mientras que 443 osamentas están pendientes por definir entre hombres, mujeres y adultos de la tercera edad; 22 más se encuentran sin determinar y otros 97 restos han sido identificadas por ADN.

La Fiscalía también cuenta con la declaración de dos testigos protegidos que narraron los actos cometidos por el Ejército y varios peritajes.

La investigación de este caso se inició en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como El Plan de Sánchez, en la que fueron condenadas ocho personas a total de 7 mil 710 años de prisión.

Vía: MP

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PDH afirma que diputados buscan removerlo

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Por haber accionado en contra del presidente de la república para evitar que el comisionado Iván Velásquez sea expulsado del país, además de otras acciones que a su consideración han afectado a sectores políticos, el procurador de derechos humanos, Jordan Rodas, afirma que el congreso buscará en los próximos días su destitución del cargo.

Rodas asegura que se esta gestionando desde el congreso su remoción para así dar marcha atrás a las acciones que de momento se han interpuesto para frenar lo que califica como actos de corrupción.

Por su parte, el presidente del congreso Alvaro Arzú, afirma que le congreso si tiene la potestad de retirarlo del cargo, pero que de momento no es algo que se este analizando.

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Declaración de Juan Carlos Monzón en riesgo

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Tras el retorno del descanso del juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, se habían fijado fechas para que los casos a su cargo tengan avance, entre estos la declaración pendiente en calidad de anticipo de prueba del ex secretario de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, dentro del caso la Línea, la cual se había fijado para el próximo 26 de febrero, sin embargo esta corre el riesgo de no llevarse a cabo.

Según Gálvez, el problema que se tiene con el proceso del caso la Línea, es el recurso planteado por el ex presidente Otto Pérez Molina, con el que busca separarlo del caso, por lo que hasta que no se resuelva no podrá avanzar el mismo.

Si en dado caso no se logra resolver dicho recurso antes del 26 de febrero, para esa fecha se ha trasladado el inicio de la etapa intermedia del caso TCQ, el cual trata de la supuesta anomalía en la concesión de Puerto Quetzal.

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Otto Pérez Molina solicita salir de prisión

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Aduciendo problemas cardiacos, el ex presidente Otto Pérez Molina ha solicitado al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que por razones de humanidad se le brinde una medida sustitutiva y de esta manera salir de la prisión preventiva en la que actualmente se encuentran. Dicha petición es válida únicamente dentro del expediente del caso Cooptación del Estado, según manifiesta el juzgador.

Pérez afirma tener un aparato en el corazón desde hace 14 años, el cual cada dos años necesita mantenimiento, situación por lo que asegura su vida esta en riesgo. No obstante aunque el juez en algún momento decida darle una medida, el ex presidente no podrá salir de prisión dado a que continua con la misma medida por estar vinculado al caso la línea.

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