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Caso de corrupción dentro del Ministerio de Gobernación logra capturas en su fase II #CasoBlindado

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Guatemala – En cumplimiento al Plan de Persecución Penal Estratégica, el Ministerio Público por medio de Fiscalía Contra la Corrupción desarrolla 22 allanamientos en inmuebles ubicados en Guatemala, San Marcos, y los municipios de Villa Nueva y Mixco.

Las diligencias se desarrollan en seguimiento a una investigación en el caso conocido como “blindados” en su fase II, hasta el momento se reporta la captura de ocho personas quienes estarían involucradas en el arrendamiento anómalo de vehículos en el Ministerio de Gobernación durante los años 2014 y 2015.

En el caso de Arrendamiento de Vehículos Blindados, se determinó la existencia de una serie de contrataciones realizadas por el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en las cuales no se efectuó el proceso de Licitación Pública para el arrendamiento de vehículos blindados, generándose la adquisición de los servicios como Casos de Excepción, utilizando como supuesto fundamento el contenido del Artículo 44 numeral 2, sub numeral 2.1 del Decreto 52-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado.

La contratación se realizó mediante la figura de Casos de Excepción, con base a resoluciones emitidas por el Ministro de Gobernación, en las cuales se establecieron los términos de referencia, justificándose en el Artículo 44, numeral 2, sub-numeral 2.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual permitía efectuar el arrendamiento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo; sin embargo, conforme al Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público, vigente en esa época, los vehículos no pueden considerarse como Maquinaria y/o Equipo, salvo que se adquiriesen y pasaran a formar parte de los activos de la entidad.

El trámite que debió seguirse era realizar la contratación por medio del régimen de Licitación Pública de conformidad con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado, en virtud que los montos a erogar eran superiores a los Q. 900,000.00.

Personas capturadas:

  • Felipe Estuardo Ozaeta Castellanos, asesor del Ministro de Gobernación
    • Fraude Cohecho Activo
    • Lavado de Dinero u Otros Activos
    • Asociación Ilícita
  • Dino Fabricio Quattrini Gómez Encargado de Transportes del MINOB
    • Lavado de Dinero u Otros Activos
    • Asociación Ilícita
  • Raúl Arturo Valdez Castillo, Director de la Dirección de Servicios Administración y Financieros
    • Fraude
    • Asociación Ilícita
    • Cohecho Pasivo Lavado de Dinero u Otros Activos
  • Maura José Ortíz Estrada Participaba en el control de los vehículos
    • Lavado de Dinero u Otros Activos
    • Asociación Ilícita
  • Iliana del Carmen Tager Castellanos Esposa de Felipe Estuardo Ozaeta
    • Lavado de Dinero u Otros Activos
    • Asociación Ilícita
  • Manuel Efraín Castellanos Góngora Propietario de MULTI SERVICIOS EXCLUSIVOS
    • Testaferrato
    • Cohecho Activo
    • Lavado de Dinero u Otros Activos
    • Asociación Ilícita
  • Ana Patricia Monge Cabrera, Directora General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP)
    • Abuso de Autoridad
  • Cinthia Lisbeth Villatoro Villatoro Asesora de la Coordinación de Compras
    • Asociación Ilícita

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Juicio a Erick Santiago por entrar a conclusiones

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Foto: La Noticias en Guatemala

El debate oral y publico que se lleva en contra del ex magistrado Erick Santiago esta a punto de terminar, luego que este lunes la fiscalía propuso una última prueba para ser discutida ante el tribunal undécimo de primera instancia penal.

Al ex funcionario se le señala del delito de cohecho pasivo, por supuestamente haber recibido dinero a cambio de una resolución a favor de una empresa que necesitaba ser exonerada de una multa.

Se espera que para la próxima audiencia programada para dentro de 10 días, se presenten las conclusiones del caso, donde el Ministerio Público solicitará una pena de prisión en contra de Santiago.

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Suspenden audiencia de Caso Transurbano por recusación de Gustavo Alejos

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Para este lunes se pretendía dar inicio a la etapa intermedia del caso Transurbano, en la cual se debe determinar quienes de los 13 implicados en la supuesta extracción de fondos que aparentemente se generó con la implementación de dicho sistema de buses deben enfrentar juicio por estos hechos.

Sin embargo, previo a dar inicio a la audiencia, los abogados del ex secretario privado de Álvaro Colom, Gustavo Alejos, presentaron una recusación en contra del juez undécimo de primera instancia penal, José Eduardo Cojulún, por dudar de su imparcialidad en el proceso.

Según explicaron, notan extraño que el juzgador haya negado a darle una medida sustitutiva a Alejos, cuando existen exámenes del Inacif que aseguran que este padece de una enfermedad en el corazón, que en las ultimas semanas le ha provocado un daño en este órgano lo cual podría ocasionarle un paro cardiaco fulminante.

Así también argumentaron que en otros procesos se le ha concedido la medida, por lo que consideran que el juez no ha actuado a derecho.

Cojulún ha dado tramite a la solicitud, por lo que el caso queda detenido hasta que la Sala Primera de Apelaciones determine si el juzgador puede continuar dentro del proceso o no.

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Antejuicio contra Felipe Alejos queda detenido por vacaciones

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Luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la recusación que el diputado Felipe Alejos interpuso en contra del juez pesquisidor de su proceso de antejuicio, Jorge Valladares, la Cámara Penal finalmente devolvió el expediente a la Sala Cuarta de Apelaciones el ramo Penal, donde Valladares funge como vocal I para que así el trámite pueda continuar su curso.

Sin embargo, el expediente deberá quedar detenido cerca de un mes, pues según se informó, el pesquisidor se encuentra gozando de su periodo de vacaciones y retorna del mismo el próximo 26 de junio, por lo que hasta después de esta fecha se harán las evaluaciones al proceso.

Dentro del caso, aún esta pendiente que el Ministerio Público ratifique la denuncia contra Alejos, a quien señala de haber ayudado a empresarios a obtener la devolución de crédito fiscal de forma anómala, además de fijar una fecha para que el diputado presente sus prueba de descargo ante los señalamientos.

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