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Caso la municipalidad de Chinautla: Un negocio de familia

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Las autoridades del Ministerio Público, la CICIG y Ministerio de Gobernación (Mingob) dieron a conocer la estructura de corrupción que operó por años en la municipalidad de Chinautla, liderada por el ex alcalde Edgar Arnoldo Medrano  Menéndez e integrada por familiares y particulares. Por este caso hoy fueron capturadas 18 personas, sindicadas de integrar dicha organización criminal.

En conferencia de prensa el Comisionado, Iván Velásquez Gómez; la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández; y el ministro Gobernación, Francisco Rivas, dieron detalles de la manera que operó esta red político económico ilícita en la comuna de Chinautla, así como de los 25 operativos realizados en ese municipio.

En el año 2011 la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos presentó una denuncia en el Ministerio Público sobre el reporte de transacciones sospechosas realizadas por Banrural S.A, referente a constructoras que recibían fondos de la municipalidad de Chinautla y que constituyeron certificados de depósito a plazo fijo. La presente investigación se realizó sobre siete proyectos, los cuales fueron ejecutados de manera anómala.

Del 2008 al 2012, la familia Medrano Osorio y allegados tenían 4 -de 7- miembros que conformaban el Concejo de la municipalidad de Chinautla, incluida la esposa de Medrano Menéndez. El 24 de abril de 2009, Medrano expuso al Concejo la necesidad de crear el fideicomiso Chinautla/Banrural. El listado incluía proyectos de vivienda mínima, pavimentación de calles y construcción de un sistema de alcantarillado, entre otros.

Simultáneamente, entre los años 2008 y 2010, se crea una red de empresas para captar los contratos de la municipalidad de Chinautla: Grupo Dinámica S.A., Constructora Aguirre Hermanos S.A., Servicios Bauca, S.A., Constructora Lagunilla S.A., Multitel S.A., Santa Cruz Construcciones S.A., Constructora Escala S.A., Construcciones Equité S.A., Muralles Pérez, Construcciones S,A., Chomo S.A. y Escalante Vásquez Construcciones S.A.

Seis de esas empresas fueron creadas en un período de 15 días (del 13 al 30 de octubre de 2008). Todas tenían como contador a Gustavo Adolfo Soto Osorio, quien a su vez estaba contratado como auditor interno en la comuna de Chinautla, y también compartían a los mismos socios.

Contrataciones fraudulentas por parte de la municipalidad de Chinautla

  • El Concejo Municipal de Chinautla otorgaba las obras a favor de las empresas que tenían vínculos con Medrano.
  • Las empresas eran de reciente creación, no tenían ni siquiera un año desde su constitución hasta  la firma de los contratos.
  • El FIDEICHINAUTLA fue creado para administrar los recursos, pero Medrano lo utilizó para pagar obra pública adjudicada de manera fraudulenta.
  • Por medio de un esquema de cooptación del municipio de Chinautla, el exalcalde y sus concejales se asociaron de forma ilícita para que los contratos de obra pública fueran asignados a las empresas del grupo criminal, con el fin de beneficiarse financieramente de los fondos públicos.
  • El monto de los siete contratos asciende a Q25,000,000.00.

La forma de operar del clan Medrano-Osorio también se amplió hacia otras municipalidades, por medio de la contratación de su red de empresas. Por ejemplo, siete entidades ligadas a los Medrano recibieron entre 2009-2010 alrededor de Q400 millones de quetzales.

Lavado de activos

  • Parte del dinero producto del delito de fraude fue utilizado por la estructura de los Medrano-Osorio para abrir certificados a plazo fijo, una operación típica de lavado de dinero.
  • Las empresas contratistas de la municipalidad de Chinautla reciben los fondos por pago de obras.
  • Luego utilizan esos fondos para la apertura de certificados a plazo fijo por 30 días.
  • Las cuentas que inyectan el dinero para dichos certificados son básicamente de los fondos provenientes de la comuna y de otras empresas de la misma red.
  • Para no dejar rastro del dinero se hacen traslados de fondos entre las mismas empresas y cada una constituye certificados a plazo fijo por 30 días.
  • Siguiendo el rastro del dinero se determinó que la familia Medrano-Osorio y algunos miembros de Ia red eran los beneficiarios de los certificados mencionados.

Conclusiones

  • Este caso demuestra una forma de corrupción que se clasifica a nivel municipal de las redes político-económico ilícitas, liderada por el exalcalde Medrano en Chinautla.
  • El control de los Medrano-Osorio en este municipio se renueva en cada proceso de elecciones. Por ello fueron cooptadas por  más de 25 años: la alcaldía, el concejo y la administración municipal.
  • La forma de operar fue la creación por períodos de grupos de empresas manejadas por terceras personas que prestan su nombre, y la contratación de operadores.
  • Posteriormente, por medio de acciones fraudulentas se adjudican contratos millonarios para su red de empresas, los cuales les generan beneficios a todos sus integrantes.
  • Ese dinero, inyectado a las empresas de la red, es utilizado para beneficios personales, pero también para mantenerse como un grupo de poder político-económico en el municipio de Chinautla.

Solicitud de antejuicio

Por este caso también se vincula al diputado del Congreso, Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, hijo del exalcalde. El Ministerio Público presentará  en la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que se le retire la inmunidad al congresista, y sea investigado por estos hechos. Se le señala de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

LAS CAPTURAS

  • María Luisa Osorio Vásquez. Asociación ilícita y fraude.
  • Edgar Alfredo Medrano Osorio. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  • Max Alfonso Muralles Ache. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.
  • David Antonio Pérez Muralles. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.
  • William David Colindres Pérez. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.
  • Josué Alexander Colindres Pérez. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.
  • Cristian Adolfo Pérez Guerra. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.
  • Héctor Adolfo Aguirre Vásquez. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.
  • Milton Alexander Aguirre Vásquez. Asociación ilícita.
  • Esaú Alonzo Cajero Bautista. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.
  • Samuel Escalante Vásquez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  • Brígido César Equité Guamuch. Asociación ilícita y fraude.
  • Milton Amory Pérez Guerra. Asociación ilícita.
  • Óscar Noé Cajero Bautista. Asociación, fraude y lavado de dinero u otros activos.
  • Manuel Escalante Vásquez. Asociación ilícita.
  • Alfredo Estuardo Morataya Paz. Lavado de dinero u otros activos.
  • Alba Lissette Fabián Barrera. Asociación ilícita y fraude.
  • Silvia Lorena Escobar Ariza. Asociación ilícita y fraude.

Será citado para ser escuchado en su primera declaración:

  • Edgar Arnoldo Medrano Menéndez. Asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.

Pendientes de aprehensión:

  • Arison Rubicely Cordón Morales. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  • José Lizandro Mendizabal Monroy. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  • Gustavo Adolfo Soto Osorio. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  • Ana Lissette Morataya Paz. Lavado de dinero u otros activos.
  • María Rosenda Juárez Vásquez. Asociación ilícita y fraude.

Vía CICIG

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Nombran juez pesquisidor en antejuicio contra Felipe Alejos

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Guatemala – El Organismo Judicial a través de su cuenta oficial de Twitter, informo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha dado con lugar el antejuicio contra el diputado y Primer Vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.

En otro tweet en el que el Organismo Judicial corrige, informa que tras dado lugar al antejuicio, se nombro al como juez pesquisidor al Vocal I de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.

Antecedentes:

Diversas reuniones y llamadas fueron pactadas para así ayudar supuestamente a diversas empresas a recuperar el denominado crédito fiscal de una forma ágil, según lo explicado por el Ministerio Público en contra de 19 implicados en el caso Traficantes de Influencias en el cual reprodujeron escuchas telefónicas de uno de los considerados principales operadores de la estructura Giovanni Navas.

Según lo que refiere la llamada, el beneficiado con la generación de facturas aparentemente anómalas, sería la empresa Aceros de Guatemala, entre otros aspectos. De la misma manera la fiscalía ubicó una llamada donde se comunican Giovanni Navas y el actual diputado Felipe Alejos, en la cual pactan una reunión para hablar de los mismos temas, sin embargo dado a que el parlamentario goza de inmunidad aún no se han revelado otras escuchas en donde podría darse a conocer su presunta participación.

A la audiencia de primera declaración también se presentaron dos prófugos de la justicia Jorge Moreno y Pablo Muñoz Morales, este último hijo del ex superintendente de administración tributaria Carlos Muñoz, implicado en el mismo caso. La audiencia continuará este martes.

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CSJ piensa en adquirir elevadores

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El problema de la falta de ascensores en la Torre de Tribunales que agudizó el pasado lunes tras el colapso de los últimos dos, que día a a día trasladan a cientos de usuario por los 15 niveles de la torre, ahora podría ser objeto de una nueva compra que la Corte Suprema de Justicia podría realizar para solventar el problema.

No obstante, aunque el presidente de la Corte, José Pineda Barales, afirma que los elevadores ya tienen bastante tiempo de antigüedad, estos no poseen más de 5 años, ya que el proyecto de modernización fue aprobado en el año 2013, bajo la presidencia del entonces magistrado Gabriel Medrano, en donde el Organismo Judicial invirtió 4.8 millones de quetzales, según consta en el portal de Guatecompras. Desde entonces cada reparación de los elevadores no baja de los 3 mil quetzales.

Por el momento se espera se adjudique a una empresa la reparación de al menos dos elevadores que desde hace ya un año no han estado en funcionamiento, mientras se determina si se aprueba o no licitar la compra de nuevos elevadores para la torre de tribunales.

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Sala separa del caso “Manipulación de Justicia” a jueza Claudette Domínguez

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Por unanimidad, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo separó hoy del caso “manipulación de justicia” a la jueza del Juzgado Primero de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez Guerrero, luego de declarar con lugar la recusación planteada en su contra por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por dudar de su imparcialidad y objetividad en la tramitación de dicho caso.

En su resolución los magistrados de dicha Sala argumentaron que hay suficientes indicios de su parcialidad para que la jueza Domínguez no continúe conociendo este proceso. Por ello resolvieron que el caso sea tramitado por el juez del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

“En aras de lograr la pureza judicial en este asunto resulta menester declarar con lugar la recusación presentada y trasladar el presente expediente a otro juzgador. Quedó demostrado que por dichas circunstancias la señora jueza en la resolución que rechaza la recusación hace señalamientos a los sujetos procesales, situación que pone en riesgo la tramitación adecuada del presente proceso, tomando en consideración los juicios de valor que la recusada hace sobre las peticiones de los sujetos procesales, situación que evidencia una posible animadversión hacia ellos, comprometiendo seriamente su imparcialidad (…)”, señala el fallo.

Agrega que por lo anterior también existe una incertidumbre jurídica de los sindicados vinculados en este caso, ya que deben ser escuchados y resolver su situación jurídica para cumplir con los preceptos constitucionales y con el Pacto de Derechos Humanos.

El fallo de la Sala señala que la recusación no debe ser vista como el enjuiciamiento a la actitud moral de los jueces, más bien como una herramienta que brinda confianza a los sujetos procesales para que los casos se resuelvan con imparcialidad y objetividad.

Antecedentes

En su resolución del 21 de febrero de 2018, la jueza Domínguez se extralimitó en sus funciones al revocar la orden de aprehensión contra Erick Melgar Padilla, argumentando que goza de derecho de antejuicio por el cargo de juez presidente de un tribunal militar, que aparentemente tiene en el Ejército de Guatemala. Ello a pesar que el 20 de febrero de 2018, la Sala Primera de Apelaciones de casos de Mayor Riesgo resolvió no amparar provisionalmente a Melgar Padilla, quien había solicitado dejar sin efecto su orden de aprehensión.

La jueza fundamentó su resolución en el oficio de fecha 16 de febrero de 2018 elaborado por el Tribunal Militar de la Primera Brigada de la Guardia de Honor, en el cual se establece que el sindicado tiene calidad de juez. La juzgadora no examinó el Código Militar ni el Código de Procedimientos Penales Militares, los cuales señalan que no se legisla acerca de la categoría de jueces y magistrados y menos aún se determina que las personas que integran dichos tribunales tengan algún tipo de inmunidad. También la juzgadora no solicitó información a la Corte Suprema de Justicia sobre la juramentación de Melgar Padilla de su presunta calidad de presidente de un tribunal militar. —Comisión Internacional Contra la Impunidad

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