El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, encontró suficientes indicios para ligar a proceso a los exdiputados Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda, Carlos Humberto Herrera Quezada y el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, por su participación en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la República.

En el tercer día de la audiencia de primera declaración, el juez estimó que existían suficientes elementos de investigación presentados por la CICIG y el Ministerio Público (MP) contra los sindicados para que enfrenten proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

En su argumentación el juez Villatoro señaló varias de las irregularidades en que incurrieron los excongresistas en la contratación de personal cuando integraron las juntas directivas del Legislativo en los años 2014 y 2015.

De acuerdo con la investigación de la CICIG y del MP, los exdiputados y el exdirector General del Congreso son sindicados por los siguientes hechos:

    • José Luis Mijangos Contreras (director General del Congreso 2014-2015): Se le señala de contratar 87 asistentes, asignados a las distintas dependencias de los integrantes de la Junta Directiva saliente (enero 2014-enero 2015). Además suscribió numerosos contratos de 44 personas, asignadas a diversas unidades administrativas, las cuales fueron autorizadas por el presidente de dicha junta, Arístides Crespo, de forma arbitraria e injustificada.
    • Edgar Romeo Cristiani Calderón (segundo secretario de la Junta Directiva de enero 2015-enero 2016): Se le sindica de solicitar sin justificación la contratación de 19 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios de Q10 mil a Q20 mil, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Legislativo. Además se estableció que tenía cinco plazas fantasma ya que las personas no asistían a sus labores en el Congreso. Tres de los supuestos colaboradores trabajan en una de sus empresas.
    • Alfredo Augusto Rabbé Tejeda (cuarto secretario de la Junta Directiva de enero 2014-enero 2015): Se le sindica de solicitar sin justificación la contratación de 21 auxiliares para su oficina, bajo el renglón 022, con salarios de Q5 mil a Q15 mil, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Legislativo. Tenía tres plazas fantasma, ya que se determinó que los supuestos colaboradores trabajaban en otras dependencias del Estado y otra en una empresa privada.
    • Carlos Humberto Herrera Quezada (cuarto secretario de la Junta Directiva de enero 2015-enero 2016): Se le señala de solicitar sin justificación la contratación de 20 auxiliares para su oficina, bajo el renglón 022, con salarios de Q4 mil a Q20mil, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Legislativo. Tenía siete plazas fantasma ya que se determinó que los supuestos colaboradores trabajaban en su mayoría en empresas de su propiedad.

Antecedentes

La investigación desarrollada por la CICIG y el MP estableció que los miembros de las juntas directivas del Congreso en los años 2014 y 2015 efectuaron un alto número de contrataciones que evidenciaban una serie de irregularidades. Esta forma de contratación se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la inasistencia de las personas contratadas en el Congreso.

Se determinaron dos modalidades de contratación, la primera a través de nombramientos irregulares, en los cuales se evidenció que los miembros de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Legislativo. La segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasmas, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.

Por este caso están en trámite las solicitudes de antejuicio contra los diputados Luis Armando Rabbé Tejeda, Arístides Baldomero Crespo Villegas, Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos Enrique López Girón, quienes integraron las juntas directivas de los años 2014-2015.

Vía: CICIG