Por invitación de la directora general del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Nydia Arévalo de Corzantes, el Comisionado Iván Velásquez Gómez visitó las instalaciones en donde compartió con abogados y personal administrativo de esa institución algunas reflexiones sobre la necesidad del fortalecimiento del sistema de justicia en el país.

La directora Arévalo de Corzantes dio la bienvenida al Comisionado y expuso las funciones del IDPP, la situación económica y de recursos humanos que atraviesa la institución a su cargo, la cual tiene entre sus principales atribuciones la defensa de personas que no poseen los recursos para pagar a un abogado particular.

En su intervención el Comisionado resaltó que era indispensable que se incrementara el presupuesto del IDPP para cubrir la defensa pública en el territorio nacional. “Mientras más actividad del Ministerio Público, naturalmente debe haber más necesidad de defensores públicos, pero también del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y del Organismo Judicial”.

Por esta situación, el Comisionado señaló que se está trabajando en un plan de fortalecimiento para que se doten de recursos a las instituciones de justicia, lo cual repercutirá en el desarrollo de sus capacidades técnicas. Agregó que lo ideal era que la cobertura del Ministerio Público se extendiera a todos los municipios, pero si no era posible al menos que se iniciara un proceso de ampliación gradual de acuerdo a las necesidades y los índices de criminalidad que se registran en los diferentes municipios.

Explicó que este proyecto lo impulsaría en conjunto con el Presidente de la República y con los jefes de cada una de las instituciones de justicia. “Este plan lo desarrollaremos con unos indicadores que puedan mostrar de qué manera se va fortaleciendo el sistema de justicia”.

Reiteró su compromiso de apoyar a dichas instituciones para que en el futuro la presencia de la CICIG no sea necesaria en el país. “La CICIG no es un órgano de sustitución de las autoridades nacionales, la CICIG tiene un papel complementario con el Ministerio Público en la actividad de investigación criminal, pero su propósito también es colaborar, contribuir, apoyar a las instituciones de justicia en el país para que adquieran una capacidad para fortalecerse, lo cual conllevará al fortalecimiento de un Estado democrático de Derecho”, enfatizó.

El jefe de la CICIG también hizo un llamado a los defensores públicos para que se unieran al Diálogo Nacional con el fin de contribuir con sus propuestas, y de esta manera se pueda mejorar y modernizar la administración del sistema de justicia guatemalteca.
“Pensar por ejemplo, si sería adecuado hablar de un Consejo de Administración judicial o un Consejo Superior de la Judicatura, como se conoce en muchos países, pero deber ser un órgano independiente de la Corte Suprema de Justicia o Corte de la Constitucionalidad; un Consejo que garantice la independencia del Poder Judicial, encargado de todas las funciones administrativas para que los jueces se encarguen de administrar justicia”, manifestó.

Antejuicio

En la conferencia de prensa, el Comisionado se refirió a la propuesta de retirar el derecho de antejuicio a los alcaldes y otros funcionarios, la cual deberá ser discutida en las mesas de trabajo del Diálogo Nacional. Afirmó que en otros países latinoamericanos no existe la figura del antejuicio y no están presos sus alcaldes, diputados u otros funcionarios, y lo que se busca con esta propuesta es transparentar la administración pública.

“Lo importante del tema de antejuicio es determinar si la regulación actual o la concepción que se tiene del antejuicio contribuye a la impunidad o es exclusivamente una garantía de la función como se concibe teóricamente”, afirmó.

Vía: CICIG