Mientras un grupo de trabajadores, empresarios y vecinos protestaban a favor de la minera San Rafael, ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo al Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), en el que se suspende provisionalmente la licencia de operaciones de la extractiva.

Andrés Dávila, encargado de relaciones públicas de la minera confirmó los alcances del amparo, y en sus declaraciones dijo que la medida afectará a unas 85 mil personas.

A la vez, indicó que la compañía apelará la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La decisión de la Corte se anunció unas horas después de que un grupo de personas, trabajadores y empresarios se apersonaran al Palacio de Justicia para manifestarse a favor de la minera, solicitando que permitieran a la compañía continuar trabajando.

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala presentó ante la CSJ una solicitud de Amicus Curiae, es decir como terceros interesados, ya que consideran que grupos y organizaciones utilizan de forma mal intencionada la acción de amparo y las consultas establecidas en el Convenio 169 de la OIT para requerir la opinión de las comunidades cercanas a este tipo de proyectos.