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Ex funcionarios guatemaltecos juzgados por crímenes de esclavitud sexual en década de 1980

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En Guatemala, dos ex oficiales militares están siendo juzgados por esclavitud sexual y doméstica y desaparición forzada perpetradas contra mujeres indígenas maya en 1982, durante las guerras sucias que contaron con el apoyo de Estados Unidos. Un informe de la Comisión de Verdad de 1999 concluyó que las fuerzas armadas guatemaltecas utilizaron sistemáticamente la violación como arma de terror durante la guerra que duró varias décadas, pero es la primera vez que oficiales han afrontado un juicio a título individual por estos crímenes. El juicio, que comenzó el lunes, tiene lugar tras décadas de activismo por parte de las víctimas, que afirman que fueron obligadas a ser esclavas sexuales durante meses en un pequeño poblado de Sepur Zarco en el este de Guatemala. Sostienen que debían realizar turnos de doce horas, durante los cuales los soldados las obligaban a limpiar, cocinar y someterse a violaciones grupales. Las víctimas ahora tienen entre 70 y 80 años de edad. Ada Valenzuela, de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, dijo que el juicio es un paso histórico.

Valenzuela declaró: “Este es un caso simbólico, histórico y que va a marcar un hito en la historia no solo de Guatemala sino del mundo porque es la primera vez que un tribunal nacional juzga la violencia sexual, la esclavitud sexual y la esclavitud doméstica como crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala”.

 

Vía Democracy Now

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Suspenden audiencia de Jabes Meda

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El caso que se lleva en contra de Jabes Meda, a quien se le señala de ser el responsable de atropellar a estudiantes del Instituto de Comercio 2 en la zona 7 y provocar la muerte de una de ellas, sigue estancado en los tribunales, luego que por séptima vez fuera suspendida la audiencia de etapa intermedia en la que se debe conocer si este debe enfrentar o no juicio por estos hechos.

Según explicó su abogado defensor, Jaime Hernández, uno de los querellantes adhesivos presentó excusa para no llegar a la audiencia pues atendían otro caso en Suchitepéquez, motivo por el cual el juez Josué Alvarado decidió suspender una vez más la audiencia.

De momento, no se ha fijado una nueva fecha para retomar el proceso, por lo que Meda deberá seguir guardando prisión preventiva mientras tanto.

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Dan trámite a otro antejuicio contra Domingo Trejo

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El diputado oficialista Domingo Trejo, una vez más deberá pasar por un proceso de antejuicio, luego que la Corte Suprema de Justicia decidiera dar trámite a un tercer antejuicio planteado en contra del parlamentario.

Esta vez, se trata de una denuncia planteada por Adelaida Vásquez de Peña a quien señala de haber entregado certificado de deposito supuestamente falsos. A criterio de los magistrados, para determinar si existen o no indicios que provoquen una investigación en su contra, es necesario realizar las pesquisas de rigor, motivo por el cual se dió trámite a la solicitud.

Trejo, ya no goza de inmunidad por dos situaciones, la primera por su presunta vinculación en un caso de estafa al este emitir cheques con fechas cambiadas evitando el pago de unas deudas que este había concebido. La segunda por su presunta participación en el caso por discriminación en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura.

De momento se espera el traslado del expediente para que se inicie con el proceso correspondiente.

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Cacif pide información a CC sobre amparo contra Mina San Rafael

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Aduciendo la pérdida de empleos y el retraso de más de 378 días en resolver un amparo que de momento mantiene detenida la actividad de la Mina San Rafael ubicada en Santa Rosa, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, ha presentado un memorial ante la Corte de Constitucionalidad, para que mediante la Unidad de Acceso a la Información se les explique cuales son los motivos del retraso en al resolución.

Según García, posterior a recibir la información por parte del tribunal constitucional, se hará pública la información requerida y luego será analizada por el equipo jurídico de la cúpula empresarial para así determinar si se procede o no a realizar alguna acción que ayude a agilizar el proceso.

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