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La diputada nacional Mayra Mendoza es agredida por la policía de Jujuy y un concejal es detenido

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Argentina (El País) – La tensión política por la detención de la militante kirchnerista Milagro Sala en Jujuy (1.500 km al norte de Buenos Aires, Argentina) ha derivado en violencia. La dirigente social, líder de la organización Tupac Amaru, enfrenta en prisión acusaciones judiciales que van desde la malversación de fondos hasta la instigación al desorden público. Durante la primera audiencia pública, en la que se esperaba un fallo por una causa de 2009, la policía local se enfrentó con violencia con legsiladores nacionales y provinciales que habían viajado a Jujuy en apoyo de la militante.Sala está detenida sin condena desde enero, en una decisión judicial que ha merecido el repudio de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El Gobierno de Mauricio Macri niega que la prisión preventiva de la dirigente responda a cuestiones políticas.

Los incidentes se inciaron cuando la policía negó el ingreso a unos 30 legisladores convocados por la defensa. La prohibición derivó en un duro choque con las fuerzas de seguridad, con golpes a la diputada nacional Mayra Mendoza, del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), y dos concejales de la provincia de Buenos Aires. En rueda de prensa, este martes, en el Congreso Nacional, Mendoza denunció “una situación lamentable, evidencia de lo que se vive permanentemente en la provincia de Jujuy”. “Solo es posible que no haya estado de derecho en una provincia cuando al país lo gobierna Macri. Intentamos entrar a la audiencia que es pública y la policía de (el gobernador) Gerardo Morales nos reprimió violentamente”, dijo. “Recibí muchísimos golpes, como se pudo ver, me tomaron del cuello y me dejaron sin respiración”, dijo.

 La denuncia de Mendoza acaparó, minutos después, el inicio de la sesión en Diputados, destinada a aprobar un proyecto de reforma del impuesto al salario. El presidente del bloque de Cambiemos (oficialista), Mario Negri, dijo desde su banca que “no solo hubo agresiones en un lugar y hay que repudiarlas a todas”. Se refirió así al caso de un exdiputado kirchnerista que aparece en un video golpeando a un policía. Luego apuntó directamente contra los legisladores del FpV: “Aunque les duela hay que tener la vara pareja. Acá no hay dueños de los derechos humanos; ¿qué se creen que son?”.

La dirigente social Sala y dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales (ROS) están en el banquillo por un escrache contra el gobernador Morales en 2009. El abogado de la querella, Eduardo Vergara, solicitó 8 años de prisión efectiva para la líder de Tupac Amaru por el delito de instigación y para Graciela López y Roberto Salvatierra (ambos de ROS), por daños agravados y amenazas coactivas. La sentencia se conocerá el 28 de diciembre.

La detención de Sala se ha convertido en un problema de dimensiones internacionales para Macri. La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyó hace tres semanas el pedido de libertad emitido el 21 de octubre por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. Sala está detenida en forma preventiva, acusada de malversación de fondos en los millonarios programas sociales que adminstraba su agrupación, Tupac Amaru. Macri insiste en que debe seguir en prisión porque en libertad podría afectar los procesos en su contra. Pero ha debido enfrentar un rechazo cada vez mayor. Antes del fallo de la CIDH, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también pidió por la libertad de la líder social y diputada del Parlasur. El Gobierno ha respondido siempre con la mimsa fórmula: tomó nota de los reclamos y los envió a la justicia jujeña. Al mismo tiempo invitó a la CIDH a viajar a Argentina para que tenga “contacto directo con los distintos actores (…) que se encuentran vinculados al caso de la señora Sala”.

 

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El gobierno de Trump reduce a 30.000 el número de refugiados permitidos en EE.UU.

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Democracy Now — El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, volvió a reducir la cantidad de refugiados a los que se les permitirá reasentarse en Estados Unidos.

El lunes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que el nuevo tope de refugiados autorizados sería un mínimo histórico de 30.000 el próximo año, por debajo del nivel actual de 45.000 personas. Sin embargo, se espera que la cantidad real de refugiados permitidos en el país sea incluso mucho menor.

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional denunció la medida como “un ataque total contra la capacidad de nuestro país para reasentar a los refugiados ahora y en el futuro”. Bajo el mandato del expresidente Barack Obama, el límite de refugiados alcanzó las 110.000 personas.

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Con una papaya mujer trató de burlar seguridad de cárcel hondureña

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foto: el ciudadano

La operación fue descubierta en la requisa por la insistencia y nerviosismo de la fémina

Honduras -. Una mujer que intentaba introducir un equipo celular fue puesta traslasrejas, por querer burlar el control de seguridad del Centro Penitenciario de La Ceiba, Atlántida.

La fémina con cualidades de creatividad quiso pasar por desapercibido un teléfono celular dentro de una fruta, cuando pretendía hacer una visita a su  marido encarcelado.

El hecho que ocurrió este domingo a las 11:27 de la mañana fue protagonizado por Alba Lourdes Zapata Macias, de 47 años de edad, quien al parecer antes de acudir al centro penitenciario pasó por el supermercado a comprar alimentos, creyendo que lograría la hazaña.

La mujer trasladaba en varias bolsas diversos alimentos para compartir con su compañero de hogar, conocido como Marvin Adilio Puerto Vallecillo. Pero, los objetivos no fueron logrados, puesto que la operación fue descubierta en la requisa antes de ingresar al centro carcelario.

Además, Zapata Macias se puso en evidencia al insistir a los funcionarios de seguridad que no abrieran la papaya y su nerviosismo tampoco la ayudo.  “Es una fruta y no es correcto que lo abran” dijo la mujer al referir que eso no era “bien visto”, en las normas y costumbres de la población hondureña.

Con plena calma y mucha seguridad, un guardia tomó un cuchillo y pico en dos la fruta que tenía dentro una bolsa plástica que le servía de envoltorio al teléfono celular, equipo decomisado de ipso facto.

Ahora los dos están aprehendidos. A la fémina la capturó el Instituto Nacional Penitenciario (INP), ente encargado de ponerla a la orden de la fiscalía y también le fue suspendido el carné de visita.

La sanción impuesta a la mujer del aprehendido obedece a los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos del Sistema Penitenciario.

Las autoridades aseguran que gracias a los estrictos controles de seguridad en los centros penitenciarios, los familiares de los reclusos no han podido ingresar ningún tipo de objetos prohibidos a los privados de libertad.

Vía El Ciudadano

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Expresidente de El Salvador, condenado a 10 años de cárcel por corrupción

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(El Espectador) El Salvador-.Un tribunal de El Salvador condenó este miércoles al expresidente Elías Antonio Saca a diez años de prisión por el desvío de 301 millones de dólares durante su gestión, de 2004 a 2009.

“El expresidente Elías Antonio Saca ha sido condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos”, consignó la Fiscalía General de la República en Twitter.

La Fiscalía sostuvo que Saca se convierte en el primer expresidente salvadoreño “sentenciado por delitos de corrupción”.

Indicó que un tribunal de la capital también condenó al exsecretario privado Elmer Charlaix a 10 años de cárcel por los mismos ilícitos que el expresidente. Mientas que el secretario de Comunicaciones Julio Rank, y el presidente de la empresa estatal de aguas, César Funes, fueron sentenciados a cinco años de cárcel.

Saca, que purgará ocho años de prisión debido a que ya está cerca de cumplir dos años de detención, fue juzgado junto a seis de sus colaboradores por el millonario desvío de fondos públicos.

En un pacto con la Fiscalía, el expresidente aceptó haber cometido delitos de peculado y lavado de dinero y activos a cambio de un juicio abreviado, para reducir a 10 años la pena de prisión, que pudo ser de más de 25 años.

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