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Otto Pérez hace un año

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Hace un año el Ministerio Público (MP) logró demostrar ante Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, de que existían indicios suficientes para que el expresidente Otto Pérez Molina,  enfrentara proceso penal y ser enviado prisión preventiva al ser señalado como cabecilla de la estructura criminal denominada La Línea, dedicada  a la defraudación aduanera y  por otros dos casos de corrupción.

A raíz del caso La Línea, se desprendieron más investigaciones contra Pérez Molina, las cuales están a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se logró determinar su participación en dos casos más; el supuesto contrato ilegal con la entidad Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y el otro denominado Cooptación del Estado, en la cual el Partido Patriota lo llevó a la Presidencia de la República, recaudaron fondos de manera ilícita para su campaña política en el 2011 y al llegar al poder en 2012 habrían incurrido en actos de corrupción.

En el caso La Línea, el 8 de septiembre de 2015, el expresidente quedó ligado por los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo; en la resolución la judicatura ordenó la prisión preventiva. El 6 de mayo de 2016, también quedó ligado a proceso judicial por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude, en el caso denominado TCQ. Por Cooptación del Estado, el 27 de julio de 2016, por cohecho pasivo y Lavado de Dinero, son los tres casos que enfrenta Pérez Molina.

Con base a lo anterior se iniciaron diligencias en materia de extinción de dominio que han llevado a materializar medidas cautelares consistente en cuentas bancarias propias del expresidente y de su familia, una vivienda ubicada en el municipio Zaragoza, Chimaltenango y tres lanchas.

Embargo de cuentas

El 4 de abril de 2016,  la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero u Otros activos del Ministerio Público solicitó el embargo de seis cuentas bancarias, a nombre de Rosa María Leal Flores de Pérez y de Lissette Pérez Leal, esposa e hija respectivamente del ex gobernante.
La petición se efectuó en el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, una cuenta a nombre de Leal Flores de Pérez le inmovilizaron las cantidades de Q1 millón 603 mil 745.06 y US$. 441 mil, 541.23, aproximadamente unos Q3 millones 377 mil 790.40; el total de esta cuenta es de Q4 millones 981 mil 535.46. Las otras cuatro cuentas vinculadas a la ex esposa estaban a plazo fijo y monetario.
Mientras que a Lissette Pérez Leal le inmovilizaron una cuenta a plazo fijo por Q500 mil. Las cuales suman un total de Q5 millones 481 mil 535.46 además de un vehículo tipo pick up.

Lo entregado

El 27 de junio de 2016, la Unidad de Extinción de Dominio del MP entregó a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), la mansión de Pérez Molina, ubicada en Zaragoza, Chimaltenango.
El fin de este traspaso es para que el Estado de Guatemala pueda recuperar a su favor los bienes obtenidos producto de actividades ilícitas, y con ello fortalecer a las instituciones involucradas en el combate a la delincuencia organizada.

Esta medida cautelar fue decretada el 16 de septiembre de 2015. El inmueble consta de 16.79 hectáreas y está a nombre de la empresa, Vista Servicios Electrónicos, S A. Entre lo localizado en el interior de la casa había caballerizas, un helipuerto y grandes extensiones de cultivos de aguacate.
Dos meses de haber entregado la mansión en Zaragoza, Chimaltenango, nuevamente la Unidad de Extinción de Dominio del MP materializó otra medida cautelar y entregó a Senabed tres bienes vinculados al expresidente.
La diligencia fue realizada el 14 de julio de 2016, en aldea Fronteras, Río Dulce, municipio de Livingston, Izabal, donde se entregó una lancha marca Trhopy, color blanco, una lancha Sea Ray, color blanco, y un Dingui, marca Ápex.

De acuerdo a la Ley de Extinción de Dominio, la medida fue solicitada ante juez competente el 13 de julio de 2016, con la finalidad de dar posesión de los bienes a la Senabed.
MP tramita solicitud de Antejuicio
El proceso judicial de Pérez Molina inició el 25 de agosto de 2015, cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad resolvieron darle trámite a la solicitud  de antejuicio presentado por el Ministerio Público y la Cicig, que después de las investigaciones preliminares detectaron de su posible participación como cabecilla de la estructura criminal denominada La Línea.
El expediente es remitido al Congreso de la República y el 1 de septiembre con 132 votos a favor de diputados deciden retirarle la inmunidad a Pérez Molina.

MP solicita captura

El dos de septiembre, La Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana, informó que se dictó la orden de captura contra el exmandatario para que enfrente a la justicia por su presunta implicación en la defraudación aduanera.
Ese mismo día el ex gobernante presentó su renuncia al Congreso de la República y su abogado César Calderón, entregó un memorial ante el juzgado e indicó que Pérez Molina se pone a disposición de la justicia, y que está dispuesto a acudir a las citaciones que se le hagan.

Se entrega a la justicia

La mañana del 3 de septiembre de 2015, el ex presidente apareció por primera vez frente a el juez Miguel Ángel Gálvez, para rendir su primera declaración al ser señalado de ser el cabecilla de la estructura la “Línea” que supuestamente defraudó más de Q28 millones al Estado de Guatemala.
Las pesquisas efectuadas lograron descubrir a través de 17 allanamientos su participación a través de documentos incautados e interceptación de llamadas telefónicas, que lo llevaron a considerar su probable participación en la comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera.
Para comprobar la participación del exmandatario en los actos anómalos, la Fiscalía cuenta con diversos medios de prueba,  entre estos la declaración de Salvador González, alias “Eco”, quien el 7 de marzo de 2016, fue declarado por el juzgado de Mayor Riesgo, como colaborador eficaz en los procesos judiciales.


Via MP 


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Nombran juez pesquisidor en antejuicio contra Felipe Alejos

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Guatemala – El Organismo Judicial a través de su cuenta oficial de Twitter, informo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha dado con lugar el antejuicio contra el diputado y Primer Vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.

En otro tweet en el que el Organismo Judicial corrige, informa que tras dado lugar al antejuicio, se nombro al como juez pesquisidor al Vocal I de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.

Antecedentes:

Diversas reuniones y llamadas fueron pactadas para así ayudar supuestamente a diversas empresas a recuperar el denominado crédito fiscal de una forma ágil, según lo explicado por el Ministerio Público en contra de 19 implicados en el caso Traficantes de Influencias en el cual reprodujeron escuchas telefónicas de uno de los considerados principales operadores de la estructura Giovanni Navas.

Según lo que refiere la llamada, el beneficiado con la generación de facturas aparentemente anómalas, sería la empresa Aceros de Guatemala, entre otros aspectos. De la misma manera la fiscalía ubicó una llamada donde se comunican Giovanni Navas y el actual diputado Felipe Alejos, en la cual pactan una reunión para hablar de los mismos temas, sin embargo dado a que el parlamentario goza de inmunidad aún no se han revelado otras escuchas en donde podría darse a conocer su presunta participación.

A la audiencia de primera declaración también se presentaron dos prófugos de la justicia Jorge Moreno y Pablo Muñoz Morales, este último hijo del ex superintendente de administración tributaria Carlos Muñoz, implicado en el mismo caso. La audiencia continuará este martes.

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CSJ piensa en adquirir elevadores

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El problema de la falta de ascensores en la Torre de Tribunales que agudizó el pasado lunes tras el colapso de los últimos dos, que día a a día trasladan a cientos de usuario por los 15 niveles de la torre, ahora podría ser objeto de una nueva compra que la Corte Suprema de Justicia podría realizar para solventar el problema.

No obstante, aunque el presidente de la Corte, José Pineda Barales, afirma que los elevadores ya tienen bastante tiempo de antigüedad, estos no poseen más de 5 años, ya que el proyecto de modernización fue aprobado en el año 2013, bajo la presidencia del entonces magistrado Gabriel Medrano, en donde el Organismo Judicial invirtió 4.8 millones de quetzales, según consta en el portal de Guatecompras. Desde entonces cada reparación de los elevadores no baja de los 3 mil quetzales.

Por el momento se espera se adjudique a una empresa la reparación de al menos dos elevadores que desde hace ya un año no han estado en funcionamiento, mientras se determina si se aprueba o no licitar la compra de nuevos elevadores para la torre de tribunales.

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Sala separa del caso “Manipulación de Justicia” a jueza Claudette Domínguez

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Por unanimidad, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo separó hoy del caso “manipulación de justicia” a la jueza del Juzgado Primero de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez Guerrero, luego de declarar con lugar la recusación planteada en su contra por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por dudar de su imparcialidad y objetividad en la tramitación de dicho caso.

En su resolución los magistrados de dicha Sala argumentaron que hay suficientes indicios de su parcialidad para que la jueza Domínguez no continúe conociendo este proceso. Por ello resolvieron que el caso sea tramitado por el juez del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

“En aras de lograr la pureza judicial en este asunto resulta menester declarar con lugar la recusación presentada y trasladar el presente expediente a otro juzgador. Quedó demostrado que por dichas circunstancias la señora jueza en la resolución que rechaza la recusación hace señalamientos a los sujetos procesales, situación que pone en riesgo la tramitación adecuada del presente proceso, tomando en consideración los juicios de valor que la recusada hace sobre las peticiones de los sujetos procesales, situación que evidencia una posible animadversión hacia ellos, comprometiendo seriamente su imparcialidad (…)”, señala el fallo.

Agrega que por lo anterior también existe una incertidumbre jurídica de los sindicados vinculados en este caso, ya que deben ser escuchados y resolver su situación jurídica para cumplir con los preceptos constitucionales y con el Pacto de Derechos Humanos.

El fallo de la Sala señala que la recusación no debe ser vista como el enjuiciamiento a la actitud moral de los jueces, más bien como una herramienta que brinda confianza a los sujetos procesales para que los casos se resuelvan con imparcialidad y objetividad.

Antecedentes

En su resolución del 21 de febrero de 2018, la jueza Domínguez se extralimitó en sus funciones al revocar la orden de aprehensión contra Erick Melgar Padilla, argumentando que goza de derecho de antejuicio por el cargo de juez presidente de un tribunal militar, que aparentemente tiene en el Ejército de Guatemala. Ello a pesar que el 20 de febrero de 2018, la Sala Primera de Apelaciones de casos de Mayor Riesgo resolvió no amparar provisionalmente a Melgar Padilla, quien había solicitado dejar sin efecto su orden de aprehensión.

La jueza fundamentó su resolución en el oficio de fecha 16 de febrero de 2018 elaborado por el Tribunal Militar de la Primera Brigada de la Guardia de Honor, en el cual se establece que el sindicado tiene calidad de juez. La juzgadora no examinó el Código Militar ni el Código de Procedimientos Penales Militares, los cuales señalan que no se legisla acerca de la categoría de jueces y magistrados y menos aún se determina que las personas que integran dichos tribunales tengan algún tipo de inmunidad. También la juzgadora no solicitó información a la Corte Suprema de Justicia sobre la juramentación de Melgar Padilla de su presunta calidad de presidente de un tribunal militar. —Comisión Internacional Contra la Impunidad

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