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3 Exdiputados y el Exdirector General del Congreso enviados a prisión preventiva #PlazasFantasma

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Los tres exdiputados e integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República y el exdirector General del Congreso durante el periodo 2014-2015 , quienes según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, presuntamente están vinculados en la contratación anómala y excesiva de personal en el Organismo Legislativo, fueron enviados a prisión provisional.

Durante la audiencia de primera declaración llevada a cabo hoy ante el Juez Décimo  de Primera Instancia, Walter Villatoro, los fiscales del Ministerio Público imputaron a los cuatro sindicados los hechos anómalos vinculados con plazas fantasmas en los que se presume incurrieron durante su gestión en el Organismo Legislativo

Los sindicados son los exdiputados Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Edgar Romeo Cristiani Calderón y Carlos Humberto Herrera Quezada, además del exdirector General del Congreso de la República José Luis Mijangos Contreras; todos son señalados por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Al finalizar el primer día de audiencia, el juzgador resolvió enviar a los ex funcionarios a la cárcel Mariscal Zavala; la misma se reanudará el lunes 30 de mayo a partir de las 9:00 donde el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad  pedirá de manera formal que las cuatro personas queden ligadas a proceso por delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

La investigación

De acuerdo con la investigación, los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República en los años 2014-2015 realizaron un gran número de contrataciones que presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales. Esa forma de contratación se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad no solo por el irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la inasistencia de las personas contratadas a la sede del Legislativo, lugar asignado para la prestación del servicio.

Durante la gestión de Mijangos Contreras (2014-2015) fueron contratados por lo menos 87 asistentes asignados a las distintas dependencias de la junta directiva saliente. Suscribió los contratos de 44 personas asignadas a diversas unidades administrativas, mismas que fueron autorizadas por el diputado Arístides Crespo, de forma arbitraria e injustificada. La investigación pudo determinar que varias de las personas no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole.

En el caso del Exdiputado Cristiani, las pesquisas determinaron que solicitó la contratación bajo el renglón 022 de 19 personas en el año 2015. Se identificó que al menos cinco personas cobraban su salario y no asistían a sus labores, dos de  ellas trabajaban en otras instituciones del Estado y tres en la iniciativa privada.

Herrera Quezada solicitó la contratación a cargo del renglón 022 de 20 personas para desempeñarse como auxiliares en la Cuarta Secretaría, además de las tres contrataciones permitidas por la ley. Se presume que siete personas cobraban su salario y no asistían a sus labores.

Rabbé Tejada pidió la contratación bajo el renglón 022 de 21 personas para desempeñarse como auxiliares en la Cuarta Secretaría, además de las tres contrataciones permitida por la Ley del Legislativo. Se identificó al menos tres personas que cobraban su salario pero no asistían a sus labores, pues dos de ellas laboraban en empresas privadas y la otra en Aeronáutica Civil.

Vía: MP

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Solicitan interpelación de canciller Sandra Jovel

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Los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia han presentado una solicitud a la junta directiva de Congreso para llevar a cabo una interpelación en contra de la ministra de relaciones exteriores Sandra Jovel.

Según explicó el diputado Raúl Romero, se hace necesario llevar a Jovel al juicio político en el hemiciclo derivado de sus actuaciones ante Naciones Unidas donde hace algunas semanas habría viajado para solicitar la remoción de Iván Velásquez como Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. A criterio del parlamentario, la canciller no ha sabido responder a los cuestionamientos sobre el porqué la insistencia en la remoción, por tal motivo esperan que esta conteste ante el pleno.

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Ligados a proceso dos trabajadores de Manuel Baldizón

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Durante el allanamiento realizado en la mansión de Manuel Baldizón, se informó sobre la captura de dos personas que trabajaban con el ex candidato presidencia, Carlos Gilberto Solorzano y Joni José Valenzuela, sobre quienes pesaba una orden de captura, pues se encuentran vinculados al caso Botin Registro de la Propiedad, motivo por lo que este lunes se llevo a cabo la audiencia de primera declaración, donde el juez sexto de primera instancia penal Carlos Toledo, determinó ligarlos a proceso por los delitos de peculado por sustracción y falsesdad ideológica en forma continuada.

Supuestamente estas dos personas mantenían un contrato 029 dentro del Registro de la Propiedad de los años 2012 a 2014, sin embargo nunca se presentaron a su puesto. Ahora ambos enfrentan prisión preventiva.

Durante la audiencia el fiscal Carlos de León, también acotó que en el caso de Solórzano, al momento de allanársele la vivienda se le ubicó el título original del doctorado de Baldizón, mismo que ahora esta en manos del Ministerio Público.

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Juez recomienda no retirarle inmunidad a Alvaro Arzú

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El Ministerio Público señala que el alcalde capitalino Alvaro Arzú pudiese haber cometido el delito financiamiento electoral ilícito, al recibir fondo anómalos provenientes de distintos actos pero principalmente de fondos entregado por el reo Byron Lima Oliva para su reelección a la alcaldía, sin embargo la juez pesquisidora Judith Secaida determinó que no hay indicios de delito y recomendó a los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones no retirarle la inmunidad al jefe edil.

Los magistrados tendrán esta semana para analizar el informe y determinar si se necesita una ampliación o se toma una decisión al respecto.

Según se indicó, quienes conocerán este proceso serán los magistrados titulares de la sala: Jaime Hernández, Sonia de la Paz y Beyla Estrada.

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