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Proyecto de aceptación de cargos

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en conjunto con el Ministerio Público, impulsan la siguiente reforma al Código Procesal Penal del Sistema de Justicia de Guatemala (Decreto 51-92).

Dentro del proceso penal guatemalteco no se contemplan suficientes fórmulas consensuadas que simplifiquen el procesamiento penal para todos los delitos, y existen carencias en cuanto a la aplicación de la justicia premial que afectan negativamente la eficiencia del sistema.

El proyecto de ley pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos, adoptando la tendencia global de la aceptación de cargos que ha demostrado su utilidad y eficiencia en Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, etc., para cumplir con el propósito de resolver de la mejor manera los conflictos jurídico-penales. Ningún sistema procesal del mundo es sostenible si no adopta mecanismos alternativos al procedimiento común para resolver los casos.

El proyecto es especialmente respetuoso de las garantías judiciales de los procesados, las víctimas y la sociedad en general. La aceptación de cargos se concibe como una decisión  libre, consciente, voluntaria, asesorada por la defensa técnica, que beneficia al delincuente con incentivo de rebaja de pena; pero también a las víctimas porque condiciona esas prerrogativas a la indemnización integral de los daños ocasionados con el delito; y a la sociedad en general, porque además de que se resuelven los conflictos sociales de carácter penal, todo incremento patrimonial producido por el delito deberá entregarse a las arcas del Estado, consolidándose el paradigma de que “el delito no paga”; y además porque el delincuente asume el compromiso de declarar como testigo, en contra de los demás responsables del delito.   

Aspectos importantes de la iniciativa:
Hablar de aceptación de responsabilidad penal dentro de un proceso penal es referirse a figuras como el “plea bargain” en Estados Unidos, “allanamiento” o la aceptación de cargos en Colombia,  la  “conformidad” en  España y en Perú, enfocadas en la simplificación del proceso penal. Lo que pretende esta iniciativa es funcionar como válvula de escape y descongestionar el sistema de justicia guatemalteco.

Como se trata de evitar el desgaste del aparato judicial, la propuesta contempla un incentivo de rebajas de penas, proporcional al ahorro de la actividad procesal, que impacta favorablemente todo el sistema de justicia. Por eso la norma contempla que:  
Los imputados o acusados podrán aceptar los cargos atribuidos por el Ministerio Público y a cambio obtener rebajas en las penas por una única ocasión en el respectivo proceso, de la siguiente forma:

  • Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad.
  • Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
  • Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.

Ventajas principales

  • Una mejor respuesta del sistema de justicia penal en el control de la criminalidad, en la medida que eleva los niveles de eficiencia, al posibilitar resolver con prontitud un mayor número de casos, incluyendo los de gran complejidad; y aplicar mayores recursos al procesamiento lineal de las causas difíciles, lo que en ambos casos abona en la reducción de los niveles de impunidad generada dentro del sistema.
  • Contribuye como medida efectiva para el deshacinamiento del sistema penitenciario, tomando en consideración que el mayor porcentaje de la población privada de libertad, es la que se  encuentra en prisión preventiva, a la espera de solventar su situación jurídica.

El sistema procesal penal guatemalteco es altamente garantista, respaldado por la Constitución Política de la República y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

La iniciativa responde al marco general conceptual y a los lineamientos de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala,  la cual contempla en el eje de reinserción social que el Estado de Guatemala deberá articular esfuerzos orientados a disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de reclusión, generar mecanismos que posibiliten el cumplimiento del fin resocializador y rehabilitador de la sanción y políticas para el retorno al contexto social.

En la actualidad el Código Procesal guatemalteco no contempla la figura de aceptación de cargos como parte de la justicia premial, situación que es lamentable debido a la existencia de un alto índice de personas ligadas a proceso que se encuentran a la espera de debate oral y público por la falta de posibilidad de optar a un mecanismo eficaz que de celeridad al proceso, ya que el procedimiento abreviado se encuentra limitado a delitos de poca trascendencia.

Según las estadísticas judiciales el porcentaje de personas ligadas a proceso que se encuentran pendientes de juicio oral y público es sumamente elevado, lo cual provoca que las cárceles se encuentren sobre pobladas, dando como resultado un sistema de justicia penal colapsado e ineficiente, lo cual hace necesario incorporar esta figura en el sistema procesal penal.

Este proyecto de ley constituye un llamado a la reflexión para que se asuma con seriedad el problema de saturación de los sistemas de justicia y penitenciario, que de la manera en que se desarrollan en la actualidad, inevitablemente, en poco tiempo llegarían al colapso. Es indispensable que de manera urgente se adopten mecanismos como el propuesto, de aceptación de cargos, que permitan cumplir los objetivos político-criminales del Estado de Guatemala.

Via CICIG 

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Capturan al “Rey del Tenis” y al Magistrado Eddy Orellana

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Guatemala – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, confirma la captura de Roberto Lopez Villatoro, alias “El Rey del Tenis” y del Magistrado Eddy Giovanny Orellana.

Roberto López es señalado por la FECI de influir en la elección de Corte Suprema de Justicia -CSJ-; mientras tanto Eddy Giovanni Orellana Donis,  la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y Ministerio Público -MP-, lo acusan de haber recibido un lujoso apartamento como soborno para evaluar favorablemente a integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia.

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Sala conocerá antejuicio de Arzú la próxima semana

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Una semana después de que la juez pesquisidora Judith Secaida recomendara que no se le retire la inmunidad al alcalde capitalino Alvaro Arzú, luego de que el Ministerio Público lo señaló de la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito, la Sala Tercera de Apelaciones ha hecho las revisiones al expediente y ha considerado no solicitar ninguna ampliación del mismo, por lo que se tiene contemplado que la próxima semana los Magistrados entren a conocer el antejuicio y determinen si se le debe retirar o no la inmunidad al jefe edil.

Hasta este momento, ninguno de los tres magistrados titulares que conocerán el caso, Jaime Hernández, Sonia de la Paz y Beyla Estrada, han tomado la decisión de inhibirse, por tal situación serán ellos los que tendrán en sus manos el futuro judicial de Arzú.

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Adolfo Vivar continuará en prisión

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Foto: Prensa Libre

Vinculado al caso de un supuesto desvío de 20 millones de quetzales de la municipalidad de Antigua Guatemala erogados a 6 empresas de cartón a las que les adjudicó obras públicas sin que estas fueran realizadas, el ex alcalde de la ciudad colonial, Adolfo Vivar junto a otros 5 implicados solicitaron al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez les fuera otorgada una medida sustitutiva, sin embargo solamente 4 fueron aceptadas, entre las rechazadas la del propio Vivar.

Gálvez únicamente atendió la petición de Erick Arevalo, Orlando Cruz, Jesús Pineda y Carlos Palacios, mientras que los ex funcionarios Adolfo Vivar y Francisco Ruiz deberán continuar en prisión preventiva mientras esperan que inicie el juicio en su contra.

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