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Proyecto de aceptación de cargos

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en conjunto con el Ministerio Público, impulsan la siguiente reforma al Código Procesal Penal del Sistema de Justicia de Guatemala (Decreto 51-92).

Dentro del proceso penal guatemalteco no se contemplan suficientes fórmulas consensuadas que simplifiquen el procesamiento penal para todos los delitos, y existen carencias en cuanto a la aplicación de la justicia premial que afectan negativamente la eficiencia del sistema.

El proyecto de ley pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos, adoptando la tendencia global de la aceptación de cargos que ha demostrado su utilidad y eficiencia en Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, etc., para cumplir con el propósito de resolver de la mejor manera los conflictos jurídico-penales. Ningún sistema procesal del mundo es sostenible si no adopta mecanismos alternativos al procedimiento común para resolver los casos.

El proyecto es especialmente respetuoso de las garantías judiciales de los procesados, las víctimas y la sociedad en general. La aceptación de cargos se concibe como una decisión  libre, consciente, voluntaria, asesorada por la defensa técnica, que beneficia al delincuente con incentivo de rebaja de pena; pero también a las víctimas porque condiciona esas prerrogativas a la indemnización integral de los daños ocasionados con el delito; y a la sociedad en general, porque además de que se resuelven los conflictos sociales de carácter penal, todo incremento patrimonial producido por el delito deberá entregarse a las arcas del Estado, consolidándose el paradigma de que “el delito no paga”; y además porque el delincuente asume el compromiso de declarar como testigo, en contra de los demás responsables del delito.   

Aspectos importantes de la iniciativa:
Hablar de aceptación de responsabilidad penal dentro de un proceso penal es referirse a figuras como el “plea bargain” en Estados Unidos, “allanamiento” o la aceptación de cargos en Colombia,  la  “conformidad” en  España y en Perú, enfocadas en la simplificación del proceso penal. Lo que pretende esta iniciativa es funcionar como válvula de escape y descongestionar el sistema de justicia guatemalteco.

Como se trata de evitar el desgaste del aparato judicial, la propuesta contempla un incentivo de rebajas de penas, proporcional al ahorro de la actividad procesal, que impacta favorablemente todo el sistema de justicia. Por eso la norma contempla que:  
Los imputados o acusados podrán aceptar los cargos atribuidos por el Ministerio Público y a cambio obtener rebajas en las penas por una única ocasión en el respectivo proceso, de la siguiente forma:

  • Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad.
  • Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
  • Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.

Ventajas principales

  • Una mejor respuesta del sistema de justicia penal en el control de la criminalidad, en la medida que eleva los niveles de eficiencia, al posibilitar resolver con prontitud un mayor número de casos, incluyendo los de gran complejidad; y aplicar mayores recursos al procesamiento lineal de las causas difíciles, lo que en ambos casos abona en la reducción de los niveles de impunidad generada dentro del sistema.
  • Contribuye como medida efectiva para el deshacinamiento del sistema penitenciario, tomando en consideración que el mayor porcentaje de la población privada de libertad, es la que se  encuentra en prisión preventiva, a la espera de solventar su situación jurídica.

El sistema procesal penal guatemalteco es altamente garantista, respaldado por la Constitución Política de la República y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

La iniciativa responde al marco general conceptual y a los lineamientos de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala,  la cual contempla en el eje de reinserción social que el Estado de Guatemala deberá articular esfuerzos orientados a disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de reclusión, generar mecanismos que posibiliten el cumplimiento del fin resocializador y rehabilitador de la sanción y políticas para el retorno al contexto social.

En la actualidad el Código Procesal guatemalteco no contempla la figura de aceptación de cargos como parte de la justicia premial, situación que es lamentable debido a la existencia de un alto índice de personas ligadas a proceso que se encuentran a la espera de debate oral y público por la falta de posibilidad de optar a un mecanismo eficaz que de celeridad al proceso, ya que el procedimiento abreviado se encuentra limitado a delitos de poca trascendencia.

Según las estadísticas judiciales el porcentaje de personas ligadas a proceso que se encuentran pendientes de juicio oral y público es sumamente elevado, lo cual provoca que las cárceles se encuentren sobre pobladas, dando como resultado un sistema de justicia penal colapsado e ineficiente, lo cual hace necesario incorporar esta figura en el sistema procesal penal.

Este proyecto de ley constituye un llamado a la reflexión para que se asuma con seriedad el problema de saturación de los sistemas de justicia y penitenciario, que de la manera en que se desarrollan en la actualidad, inevitablemente, en poco tiempo llegarían al colapso. Es indispensable que de manera urgente se adopten mecanismos como el propuesto, de aceptación de cargos, que permitan cumplir los objetivos político-criminales del Estado de Guatemala.

Via CICIG 

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A juicio seis sindicados en el Caso Bantrab

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El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, envió hoy a juicio a seis sindicados, incluidos exdirectivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), sindicados de saquear el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala.

En la audiencia de la etapa intermedia, el juez consideró que existían suficientes evidencias para que los sindicados enfrenten a la justicia por los siguientes delitos:

  • Sergio Aníbal Hernández Lemus (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Juan Miguel Arita España (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado en grado de complicidad y lavado de dinero.
  • Ronald Geovanni García Navarijo (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Karen Yessenia Flores Paz (abogada): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Bodgan Armando Aguirre Palencia (exrepresentante empresa de cartón): asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Astrid Ileana Overbeck González (exrepresentante empresa de cartón): asociación ilícita lavado de dinero.

En la diligencia el juez resolvió admitir de manera definitiva a la CICIG y al Bantrab como querellantes adhesivos en este proceso penal.

El juicio oral y público será conocido por el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal.

Antecedentes

EI 18 de julio del 2011 el Banco de los Trabajadores publica la subasta de 10 fincas. El precio pagado al Bantrab por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de Q4 millones, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de Q7 millones.

El Bantrab autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab. Los fondos
sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria. Lo anterior fue realizado con participación y complicidad de varios exdirectivos y directivos de dicho banco, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la venta posterior de los activos del Bantrab.

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CICIG se compromete con un Plan de Género 2018-2019

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CICIG – El pasado 14 de junio se presentó al personal de CICIG el “Plan de Trabajo para la Incorporación de la perspectiva de género en las actividades y funcionamiento de  la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para el periodo 2018-2019”. Tras varios meses de consultas internas, este documento recoge los compromisos adquiridos para incorporar la perspectiva de género en cada una de las áreas de trabajo de la Comisión.

El Plan  tiene como objetivo que el Estado de Guatemala cuente con mecanismos efectivos para combatir la impunidad provocada por los cuerpos Ilegales y aparatos clandestinos de seguridad  (ciacs), a efecto de garantizar los derechos humanos, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres.

La CICIG continuará abordando la lucha contra la impunidad de forma integral, intersectorial y ahora también desde una perspectiva de género comprometiéndose a:

  • Visibilizar el impacto diferenciado de la impunidad en los derechos humanos de las mujeres.
  • Promover la adopción de instrumentos y políticas públicas para reducir la impunidad en casos en que las mujeres sean las principales víctimas de las actividades ilícitas de los ciacs.

 Resultados esperados

  • Las investigaciones y persecuciones penales estratégicas visibilizan el impacto de las actividades ilícitas de los ciacs en los derechos humanos de las mujeres e identifican el rol de las mujeres en los ciacs como las relaciones de poder entre hombres-mujeres en dichas estructuras.
  • El Estado de Guatemala cuenta con herramientas técnicas elaboradas desde la perspectiva de género, que mejoran y fortalecen las capacidades institucionales para reducir la impunidad.
  • Se integra la perspectiva de género en las recomendaciones de reformas institucionales y legales, así como en las propuestas de políticas públicas que realiza la CICIG para el combate a la impunidad y la erradicación de los ciacs.
  • Se promueve el respeto a la diversidad y la igualdad de género en los procesos institucionales internos de la CICIG, estableciendo normas y políticas de recursos humanos que fortalezcan las relaciones interpersonales entre funcionarios y funcionarias.
  • El equipo de Comunicaciones de la CICIG integra la perspectiva de género en sus estrategias de comunicación internas, hacia el fortalecimiento institucional, así como en las externas, de modo que todos los productos sean sensibles al género.

El Comisionado y los funcionarios/as de distintas áreas se han comprometido en trabajar transversalmente en la consecución de los objetivos del Plan de Género 2018-2019.

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Juan Carlos Monzón queda en libertad

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Guatemala – Fue el Fiscal Francisco Sandoval quien afirmó que Juan Carlos Monzón recobro su libertad el pasado 15 de junio y se debe para resguardar su seguridad; Juan Carlos Monzón es colaborar eficaz del Ministerio Público en varios procesos judiciales en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por casos de corrupción.

EN DESARROLLO

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