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Proyecto de aceptación de cargos

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en conjunto con el Ministerio Público, impulsan la siguiente reforma al Código Procesal Penal del Sistema de Justicia de Guatemala (Decreto 51-92).

Dentro del proceso penal guatemalteco no se contemplan suficientes fórmulas consensuadas que simplifiquen el procesamiento penal para todos los delitos, y existen carencias en cuanto a la aplicación de la justicia premial que afectan negativamente la eficiencia del sistema.

El proyecto de ley pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos, adoptando la tendencia global de la aceptación de cargos que ha demostrado su utilidad y eficiencia en Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, etc., para cumplir con el propósito de resolver de la mejor manera los conflictos jurídico-penales. Ningún sistema procesal del mundo es sostenible si no adopta mecanismos alternativos al procedimiento común para resolver los casos.

El proyecto es especialmente respetuoso de las garantías judiciales de los procesados, las víctimas y la sociedad en general. La aceptación de cargos se concibe como una decisión  libre, consciente, voluntaria, asesorada por la defensa técnica, que beneficia al delincuente con incentivo de rebaja de pena; pero también a las víctimas porque condiciona esas prerrogativas a la indemnización integral de los daños ocasionados con el delito; y a la sociedad en general, porque además de que se resuelven los conflictos sociales de carácter penal, todo incremento patrimonial producido por el delito deberá entregarse a las arcas del Estado, consolidándose el paradigma de que “el delito no paga”; y además porque el delincuente asume el compromiso de declarar como testigo, en contra de los demás responsables del delito.   

Aspectos importantes de la iniciativa:
Hablar de aceptación de responsabilidad penal dentro de un proceso penal es referirse a figuras como el “plea bargain” en Estados Unidos, “allanamiento” o la aceptación de cargos en Colombia,  la  “conformidad” en  España y en Perú, enfocadas en la simplificación del proceso penal. Lo que pretende esta iniciativa es funcionar como válvula de escape y descongestionar el sistema de justicia guatemalteco.

Como se trata de evitar el desgaste del aparato judicial, la propuesta contempla un incentivo de rebajas de penas, proporcional al ahorro de la actividad procesal, que impacta favorablemente todo el sistema de justicia. Por eso la norma contempla que:  
Los imputados o acusados podrán aceptar los cargos atribuidos por el Ministerio Público y a cambio obtener rebajas en las penas por una única ocasión en el respectivo proceso, de la siguiente forma:

  • Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad.
  • Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
  • Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.

Ventajas principales

  • Una mejor respuesta del sistema de justicia penal en el control de la criminalidad, en la medida que eleva los niveles de eficiencia, al posibilitar resolver con prontitud un mayor número de casos, incluyendo los de gran complejidad; y aplicar mayores recursos al procesamiento lineal de las causas difíciles, lo que en ambos casos abona en la reducción de los niveles de impunidad generada dentro del sistema.
  • Contribuye como medida efectiva para el deshacinamiento del sistema penitenciario, tomando en consideración que el mayor porcentaje de la población privada de libertad, es la que se  encuentra en prisión preventiva, a la espera de solventar su situación jurídica.

El sistema procesal penal guatemalteco es altamente garantista, respaldado por la Constitución Política de la República y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

La iniciativa responde al marco general conceptual y a los lineamientos de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala,  la cual contempla en el eje de reinserción social que el Estado de Guatemala deberá articular esfuerzos orientados a disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de reclusión, generar mecanismos que posibiliten el cumplimiento del fin resocializador y rehabilitador de la sanción y políticas para el retorno al contexto social.

En la actualidad el Código Procesal guatemalteco no contempla la figura de aceptación de cargos como parte de la justicia premial, situación que es lamentable debido a la existencia de un alto índice de personas ligadas a proceso que se encuentran a la espera de debate oral y público por la falta de posibilidad de optar a un mecanismo eficaz que de celeridad al proceso, ya que el procedimiento abreviado se encuentra limitado a delitos de poca trascendencia.

Según las estadísticas judiciales el porcentaje de personas ligadas a proceso que se encuentran pendientes de juicio oral y público es sumamente elevado, lo cual provoca que las cárceles se encuentren sobre pobladas, dando como resultado un sistema de justicia penal colapsado e ineficiente, lo cual hace necesario incorporar esta figura en el sistema procesal penal.

Este proyecto de ley constituye un llamado a la reflexión para que se asuma con seriedad el problema de saturación de los sistemas de justicia y penitenciario, que de la manera en que se desarrollan en la actualidad, inevitablemente, en poco tiempo llegarían al colapso. Es indispensable que de manera urgente se adopten mecanismos como el propuesto, de aceptación de cargos, que permitan cumplir los objetivos político-criminales del Estado de Guatemala.

Via CICIG 

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Realizarán Encuesta de Percepción, Seguridad Pública y Victimización en el país

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GUATEMALA (MinGob) – Con la finalidad de conocer cuáles son los delitos que efectivamente suceden en el territorio nacional y esta ofrecerá información referente al nivel de victimización y delincuencia, además de conocer la denuncia del delito y las características de las víctimas, y  la clase del delito en los hogares, se realizará entre los meses de noviembre y diciembre  la Primera Encuesta de Percepción de Seguridad Pública y Victimización (ENPEVI) en más de 17, 750 hogares en todo el territorio nacional.

Durante la presentación de la ENPEVI, que contó con la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficial Claudia Saravia, el Director de Censos y Encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carlos Mancia y el Viceministro de Prevención Axel Romero, se expuso que con ello Guatemala se integra a las iniciativas regionales para la generación de datos confiables, comparables y se convierte en el segundo país de Centro América en implementar esta importante Encuesta.

Según el Viceministro, la ENPEVI, entregará una herramienta de auditoría social, tanto para las organizaciones que realizan análisis especializado, como para la ciudadanía en general y su impacto es establecer la línea de bases, pero que además será necesario un seguimiento para medir el avance, lo que se traducirá en mejoras en la capacidad operativa y de generación de programas de prevención,  investigación y de respuesta.

Más de 150 encuestadores distribuidos en todo el país

En cuanto a la cantidad de los censistas Romero informó que son alrededor de 150 que estarán  durante tres meses en trabajo de campo, más un grupo de procesadores de información que son los que toman las 17 mil 700 encuestas y las convierten en base de datos,  cada encuesta tarda alrededor de una hora 20 minutos en levantarse y son más de 100 preguntas, lo que la hace larga y difícil de procesar,  dicha encuesta  será realizada en los 22 departamentos del país y la ventaja a diferencia de otros países es que se obtendrán características de 14 delitos.

Para Claudia Saravia del PNUD la encuesta permitirá analizar cuantitativa y cualitativamente el fenómeno delictivo y los resultados aportarán  la precisión de las características de la criminalidad en el país, al establecer tendencias del delito y puntualizar quienes corren mayor riesgo de convertirse en víctimas.

“Los resultados de la encuesta contribuirán a la identificación de indicadores muy importantes como la prevalencia delictiva, la percepción  de seguridad, la cifra oculta del delito, la prevalencia del soborno”, dijo Saravia.

Añadió que los esfuerzos articulados tanto del INE como del Ministerio de Gobernación son importantes y se verán materializados en políticas de mayor impacto y en mejora de la calidad de vida de los guatemaltecos.

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Deportarán a primo de Alejandro Sinibaldi

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Según informó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, para este jueves se tiene previsto que las autoridades argentinas deporten a Jaime Aparicio, primo del ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, vinculado al caso Construcción y Corrupción, donde el Ministerio Público lo señala de haber entregado sobornos para así financiar la campaña electoral del ex funcionario.

Aparicio fue capturado en Buenos Aires, Argentina, el pasado 20 de septiembre, y tras cumplir con todos los procesos diplomáticos y judiciales en el país sudamericano se espera su arribo a Guatemala el próximo jueves, donde luego de que este llegue a territorio nacional deberá ser trasladado a la torre de tribunales para que el juzgado de mayor riesgo D, a cargo de la juez Ericka Aifan le de una fecha para que este rinda primera declaración dentro del caso.

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Cierran caso contra Ministra de Relaciones Exteriores

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Foto: Prensa Libre

La sala tercera de apelaciones decidió este martes cerrar el proceso por una supuesta adopción ilegal que se seguía en contra de la ahora ministra de relaciones exteriores Sandra Jovel y que en octubre pasado habÍa sido cerrado por el juzgado sexto de primera instancia penal.

A Jovel se le acusaba de haberse quedado con la custodia de un menor de forma anómala luego de que esta no había podido acceder a una adopción, sin embargo hace un mes la juez Silvia de León determinó que la recién nombrada canciller, no había cometido delito alguno, situación que fue apelada por el Ministerio Público no obstante, la sala de apelaciones confirmó la decisión de De León al asegurar que la Ministra había seguido todos los procedimientos y no cometió ninguna falta al respecto.

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