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Proyecto de aceptación de cargos

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en conjunto con el Ministerio Público, impulsan la siguiente reforma al Código Procesal Penal del Sistema de Justicia de Guatemala (Decreto 51-92).

Dentro del proceso penal guatemalteco no se contemplan suficientes fórmulas consensuadas que simplifiquen el procesamiento penal para todos los delitos, y existen carencias en cuanto a la aplicación de la justicia premial que afectan negativamente la eficiencia del sistema.

El proyecto de ley pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos, adoptando la tendencia global de la aceptación de cargos que ha demostrado su utilidad y eficiencia en Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, etc., para cumplir con el propósito de resolver de la mejor manera los conflictos jurídico-penales. Ningún sistema procesal del mundo es sostenible si no adopta mecanismos alternativos al procedimiento común para resolver los casos.

El proyecto es especialmente respetuoso de las garantías judiciales de los procesados, las víctimas y la sociedad en general. La aceptación de cargos se concibe como una decisión  libre, consciente, voluntaria, asesorada por la defensa técnica, que beneficia al delincuente con incentivo de rebaja de pena; pero también a las víctimas porque condiciona esas prerrogativas a la indemnización integral de los daños ocasionados con el delito; y a la sociedad en general, porque además de que se resuelven los conflictos sociales de carácter penal, todo incremento patrimonial producido por el delito deberá entregarse a las arcas del Estado, consolidándose el paradigma de que “el delito no paga”; y además porque el delincuente asume el compromiso de declarar como testigo, en contra de los demás responsables del delito.   

Aspectos importantes de la iniciativa:
Hablar de aceptación de responsabilidad penal dentro de un proceso penal es referirse a figuras como el “plea bargain” en Estados Unidos, “allanamiento” o la aceptación de cargos en Colombia,  la  “conformidad” en  España y en Perú, enfocadas en la simplificación del proceso penal. Lo que pretende esta iniciativa es funcionar como válvula de escape y descongestionar el sistema de justicia guatemalteco.

Como se trata de evitar el desgaste del aparato judicial, la propuesta contempla un incentivo de rebajas de penas, proporcional al ahorro de la actividad procesal, que impacta favorablemente todo el sistema de justicia. Por eso la norma contempla que:  
Los imputados o acusados podrán aceptar los cargos atribuidos por el Ministerio Público y a cambio obtener rebajas en las penas por una única ocasión en el respectivo proceso, de la siguiente forma:

  • Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad.
  • Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
  • Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.

Ventajas principales

  • Una mejor respuesta del sistema de justicia penal en el control de la criminalidad, en la medida que eleva los niveles de eficiencia, al posibilitar resolver con prontitud un mayor número de casos, incluyendo los de gran complejidad; y aplicar mayores recursos al procesamiento lineal de las causas difíciles, lo que en ambos casos abona en la reducción de los niveles de impunidad generada dentro del sistema.
  • Contribuye como medida efectiva para el deshacinamiento del sistema penitenciario, tomando en consideración que el mayor porcentaje de la población privada de libertad, es la que se  encuentra en prisión preventiva, a la espera de solventar su situación jurídica.

El sistema procesal penal guatemalteco es altamente garantista, respaldado por la Constitución Política de la República y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

La iniciativa responde al marco general conceptual y a los lineamientos de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala,  la cual contempla en el eje de reinserción social que el Estado de Guatemala deberá articular esfuerzos orientados a disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de reclusión, generar mecanismos que posibiliten el cumplimiento del fin resocializador y rehabilitador de la sanción y políticas para el retorno al contexto social.

En la actualidad el Código Procesal guatemalteco no contempla la figura de aceptación de cargos como parte de la justicia premial, situación que es lamentable debido a la existencia de un alto índice de personas ligadas a proceso que se encuentran a la espera de debate oral y público por la falta de posibilidad de optar a un mecanismo eficaz que de celeridad al proceso, ya que el procedimiento abreviado se encuentra limitado a delitos de poca trascendencia.

Según las estadísticas judiciales el porcentaje de personas ligadas a proceso que se encuentran pendientes de juicio oral y público es sumamente elevado, lo cual provoca que las cárceles se encuentren sobre pobladas, dando como resultado un sistema de justicia penal colapsado e ineficiente, lo cual hace necesario incorporar esta figura en el sistema procesal penal.

Este proyecto de ley constituye un llamado a la reflexión para que se asuma con seriedad el problema de saturación de los sistemas de justicia y penitenciario, que de la manera en que se desarrollan en la actualidad, inevitablemente, en poco tiempo llegarían al colapso. Es indispensable que de manera urgente se adopten mecanismos como el propuesto, de aceptación de cargos, que permitan cumplir los objetivos político-criminales del Estado de Guatemala.

Via CICIG 

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Fiscal General Thelma Aldana se reunió con delegación de Congresistas de EE.UU.

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La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, junto al Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, se reunió hoy en el Ministerio Público con una delegación de congresistas de Estados Unidos de América.

En el encuentro se abordaron diversos temas relacionados con gobernabilidad y seguridad.

Los representantes del Congreso de los Estados Unidos forman parte de la Comisión para Democracia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un grupo bipartidista que trabaja con países contrapartes. Vía Ministerio Público

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Diputados dicen nuevamente NO a antejuicio contra Jimmy Morales

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Foto: Congreso de la República de Guatemala

En una segunda discusión y a pesar de las manifestaciones que exigían se siguiera con el proceso de antejuicio en contra del presidente de la república Jimmy Morales, el Congreso de la República decidió no retirarle la inmunidad al mandatario al no alcanzar la cantidad de votos requerida.

La sesión plenaria estaba programada para las 9 de la mañana, sin embargo esta dio inicio dos horas después en donde por medio de una moción privilegiada planteada por el diputado Amilcar Pop se procedió a conocer por segunda ocasión el proceso de antejuicio planteado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Tras la discusión, solamente 70 diputados votaron a favor de retirarle la inmunidad a Morales, 42 en contra y 49 más se ausentaron del hemiciclo, por lo que al no alcanzar los 105 votos ni a favor ni en contra, el proceso nuevamente vuelve a archivarse hasta que un parlamentario decida nuevamente llevarlo al pleno.

De momento el presidente de la república, por medio de un comunicado, afirmo ser respetuoso de las decisiones del Congreso así como de la intromisión de poderes he hizo un llamado al dialogo.

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La elección para presidente del Organismo Judicial se hará a puerta abierta

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Por segunda vez en la historia de la Corte Suprema de Justicia, la elección para presidente del organismo judicial se hará a puerta abierta, luego de que en enero de este año fuera invalidada la elección de Silvia Valdez como encargada de dicho organismo y que para realizar una nueva elección se hizo público.

En esta ocasión, los magistrados han convocado para este lunes 25 de septiembre a las 3 de la tarde para presenciar la primera ronda de votación y conocer si en la misma habrán acuerdos para elegir al nuevo presidente además de conocer a los candidatos que disputaran el cargo.

En la misma ya no pueden participar los magistrados Felipe Baquiax, Rafael Rojas, Silvia Valdez y Nery Medina, pues la ley estipula que no puede haber reelección y los anteriores ya ocuparon el cargo anteriormente.

Como al momento aún no hay un magistrado titular que sustituya a Blanca Stalling, tal y como lo resolviera la Corte de Constitucionalidad en febrero pasado, la elección deberá hacerse unicamente con los 12 titulares sin tener que llamar a un magistrado suplente pues eso invalidaría la misma como sucedió con Valdés.

Con esta situación solamente 8 magistrados quedan aptos para llegar a la presidencia de la corte, Sergio Pineda, Vitalina Orellana, Delia Dávila, José Pineda Barales, Silvia García, Nester Vásquez, Elizabeth García y María Eugenia Morales.

Quien quede en el cargo, no solamente deberá encargarse del Organismo Judicial, sino también será el presidente de la comisión postuladora que elegirá a la terna de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que deberá enviar al presidente de la república para que este elija al sucesor de Thelma Aldana.

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