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Revelan red de corrupción y presentan antejuicio contra el Alcalde Álvaro Arzú

Caso Pandora: MP y CICIG revela red de corrupción y presenta antejuicio contra el Alcalde Álvaro Arzú

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(Ministerio Público) – Una investigación efectuada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala determinó que la cooperativa Torre Fuerte, que su dueño el excapitán del Ejército Byron Lima Oliva reo muerto en 2016, tenía una relación comercial con la Municipalidad Capitalina, dirigida por el jefe edil Álvaro Arzú.

La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana en conjunto con Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, en Guatemala brindaron detalles en conferencia de prensa sobre el caso denominado “Caso Pandora”.

De acuerdo con la investigación, la cooperativa Torre Fuerte que funcionada desde el Centro Preventivo Pavoncito a cargo de Lima, se detectó la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido político Unionista y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Lima Oliva.

Entre los artículos que la Municipalidad Capitalina pagó a la empresa de Lima Oliva se encuentran: mantas vinílicas y mantas con imán que fueron utilizadas en actividades políticas.

De igual forma se pudo documentar la existencia de plazas fantasma en la Municipalidad de Guatemala, tanto para Alejandra Reyes, compañera sentimental de Lima Oliva, así como para su madre Elizabeth Ochoa Barrios y para Andrea Monzón Ramos de Villanueva, esposa de Obdulio Villanueva, quien fue condenado junto con Lima por la muerte del obispo, Juan José Gerardi Conadera en 1998; el reo falleció durante un motín en el Preventivo para Hombres de la zona 18.

Las plazas fueron otorgadas en la Empresa Metropolitana de Transportes (EMETRA), dirigida por Howard Yang, en 2007.

Durante las pesquisas se estableció que Lima Oliva le solicitó por medio de una carta apoyo económico al alcalde Arzú, el cual consistió en Q727 mil para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados.

Esta información la proporcionó la compañera sentimental de Byron Lima Oliva. Asimismo, por la información que facilitó, la cual estaba contenida en su teléfono móvil.

Antejuicio contra Arzú

Por estos indicios se solicitó el antejuicio contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú, por los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.

Traslado de Reos

De igual forma también se explicó el involucramiento de más personas de la red de corrupción que dirigía el excapitán, Lima Oliva desde la prisión.

En contubernio con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el entonces director del Sistema Penitenciario, Luis Alberto González Pérez, que negociaron junto a Byron Lima autorizar traslados de reos de un centro carcelario a otro.

De acuerdo con la declaración de Alejandra Reyes, colaboradora eficaz del Ministerio Público, López Bonilla le envió un mensaje, el cual consistía en un “regalo” que era de autorizar el traslado de 150 reos, pero sólo logró ejecutar 127 cambios.

Uno de los traslados fue el caso de Kevin Overdick, la forma de pago a Lima Oliva fue otorgándole un automóvil de reciente modelo y de una marca reconocida mundialmente.

Para lograr esa situación, el entonces Director de Presidios, por medio de un oficio autorizó el traslado. Posteriormente, Lima Oliva trasladó ese vehículo al abogado Moisés Galindo.

Igualmente, los hermanos Silverio Otto y Edgar Enrique Chicas de León, ambos aceptaron haber entregado un vehículo a Lima Oliva. Luego que Lima Oliva se lo traslada al abogado Rossell Orozco.

Personas relacionadas con este caso se encuentran Héctor Mauricio López Bonilla, por asociación ilícita, Luis Alberto González Pérez, asociación ilícita y tráfico de influencias, Marco Antonio Rossell Orozco, lavado de dinero y otros activos, Moisés Eduardo Galindo Ruiz, lavado de dinero y otros activos, Kevin Paul Overdick Barrios, cohecho activo, Oswaldo Pop Velásquez, cohecho pasivo, Nomberto de Jesús Ortega Barco, enriquecimiento ilícito y Amado Randelí Valdez Castillo por enriquecimiento ilícito.

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Suspenden audiencia de Jabes Meda

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El caso que se lleva en contra de Jabes Meda, a quien se le señala de ser el responsable de atropellar a estudiantes del Instituto de Comercio 2 en la zona 7 y provocar la muerte de una de ellas, sigue estancado en los tribunales, luego que por séptima vez fuera suspendida la audiencia de etapa intermedia en la que se debe conocer si este debe enfrentar o no juicio por estos hechos.

Según explicó su abogado defensor, Jaime Hernández, uno de los querellantes adhesivos presentó excusa para no llegar a la audiencia pues atendían otro caso en Suchitepéquez, motivo por el cual el juez Josué Alvarado decidió suspender una vez más la audiencia.

De momento, no se ha fijado una nueva fecha para retomar el proceso, por lo que Meda deberá seguir guardando prisión preventiva mientras tanto.

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Dan trámite a otro antejuicio contra Domingo Trejo

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El diputado oficialista Domingo Trejo, una vez más deberá pasar por un proceso de antejuicio, luego que la Corte Suprema de Justicia decidiera dar trámite a un tercer antejuicio planteado en contra del parlamentario.

Esta vez, se trata de una denuncia planteada por Adelaida Vásquez de Peña a quien señala de haber entregado certificado de deposito supuestamente falsos. A criterio de los magistrados, para determinar si existen o no indicios que provoquen una investigación en su contra, es necesario realizar las pesquisas de rigor, motivo por el cual se dió trámite a la solicitud.

Trejo, ya no goza de inmunidad por dos situaciones, la primera por su presunta vinculación en un caso de estafa al este emitir cheques con fechas cambiadas evitando el pago de unas deudas que este había concebido. La segunda por su presunta participación en el caso por discriminación en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura.

De momento se espera el traslado del expediente para que se inicie con el proceso correspondiente.

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Cacif pide información a CC sobre amparo contra Mina San Rafael

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Aduciendo la pérdida de empleos y el retraso de más de 378 días en resolver un amparo que de momento mantiene detenida la actividad de la Mina San Rafael ubicada en Santa Rosa, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, ha presentado un memorial ante la Corte de Constitucionalidad, para que mediante la Unidad de Acceso a la Información se les explique cuales son los motivos del retraso en al resolución.

Según García, posterior a recibir la información por parte del tribunal constitucional, se hará pública la información requerida y luego será analizada por el equipo jurídico de la cúpula empresarial para así determinar si se procede o no a realizar alguna acción que ayude a agilizar el proceso.

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