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Solicitud de antejuicio contra diputado Boussinot y alcalde de Chiantla

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El Ministerio Público en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el día de hoy una solicitud de antejuicio contra el diputado del Congreso de la República, Christian Jacques Boussinot Nuila, por considerar como muy probable que el diputado cometió los delitos de extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso.

De acuerdo con una denuncia con información documental presentada en la CICIG en el año 2015, el diputado Boussinot Nuila contrataba personas de su confianza para que, en lugar de desempeñarse en el Organismo Legislativo según las funciones respectivas de sus contratos laborales, realizaran otro tipo de actividades para el propio diputado o su partido político. La información de la denuncia también evidencia que algunos de estos empleados tenían que entregar -bajo amenaza- un alto porcentaje del salario devengado a un intermediario del congresista.

Algunas de las actividades realizadas por el personal contratado por el diputado:

  • Mantenimiento a inmueble ubicado en el Condominio Juan Gaviota Marina del Sur, en Puerto de San José, rentado por el diputado Boussinot y su familia.
  • Trabajos de construcción y mantenimiento en residencia del diputado Boussinot, en Fraijanes. En particular la construcción de un salón de eventos y un helipuerto.
  • Trabajos de mantenimiento a bodegas ubicadas en la ciudad de Guatemala, pertenecientes a la empresa CATRASA, vinculada a la familia del diputado.
  • Trabajos de mantenimiento en estructuras para la colocación de vallas publicitarias, que pertenecían a la empresa ALCANCE EJECUTIVO S.A., vinculada a la familia del diputado.
  • Actividades político partidistas a favor del Partido “TODOS”, para la ubicación de propaganda electoral y proselitista, y realización de mítines, entre otros, en diferentes municipios del departamento de Guatemala.

La información pemite considerar como altamente probable que para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 el diputado Boussinot, en sus diversos puestos como Primer Secretario, Primer Vicepresidente y Segundo Secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, utilizó funcionarios públicos asignados bajo su dirección y responsabilidad y pagados con fondos provenientes del erario público, para realizar trabajos distintos a la labor administrativa y legislativa estipulada contractualmente y correspondiente a personal del Congreso de la República de Guatemala.

Además, las pesquisas de investigación revelaron que al menos cuatro personas contratadas a solicitud del diputado Boussinot y asignadas a él y a la distintas dependencias de Junta Directiva donde ostentó el cargo, nunca se presentaron al Congreso de la República a desempeñar las funciones estipuladas en el contrato administrativo de trabajo, debido a que poseen vínculo laboral con otra entidad en la cual se desempeñan en un horario incompatible con el pactado en el contrato con el Congreso.

De acuerdo con líneas de investigación relacionadas con la actividad del Ministerio Público y la CICIG sobre irregularidades en la contratación de personal en el Congreso de la República de Guatemala, se detectó la existencia de un fenómeno criminal conocido como “plazas fantasma” consistente en el nombramiento de servidores públicos en el Organismo Legislativo, quienes no acudían a laborar pero que recibían salario como si efectivamente se encontraran prestando los servicios contratados, sustrayendo de esta forma ilícita fondos de dicho Organismo.

Captura de intermediario 

El día de hoy las autoridades capturaron a Edgar Leonel Fernández Regalado, por el delito de extorsión. Fernández Regalado sirvió durante varios años como intermediario entre el diputado Boussinot y empleados contratados por el Congreso (pero que no laboraban allí), para cobrar  parte del salario mensual que devengaban del Organismo Legislativo.

Fernández fue capturado en su residencia en el municipio de Mixco.

Antejuicio contra Alcalde de Chiantla, Huehuetenango

Hoy fue presentada una solicitud de antejuicio contra Carlos Armando Alvarado Figueroa, alcalde de Chiantla, Huehuetenango (período 2016-2020) por la posible comisión del delito de peculado por sustracción.

Se tienen indicios de que el actual alcalde del municipio de Chiantla, Huehuetenango, Carlos Armando Alvarado Figueroa, fue contratado bajo el renglón presupuestario 022 en el Congreso de la República de Guatemala durante varias oportunidades:

  • 2013 como Técnico Operativo (del 02 de mayo al 31 de diciembre de ese mismo año). Jefe inmediato: el entonces diputado Estuardo Alejandro López Soto.
  • 2014 como Asistente, del 03 de febrero al 31 de diciembre de ese mismo año. Jefe inmediato diputado Julio César López Villatoro.

Mientras se mantuvo vigente su vínculo laboral con el Congreso de la República, el señor Alvarado Figueroa ostentó la calidad de servidor público, y le correspondía cumplir con sus obligaciones a cambio de una retribución económica que le fue entregada conforme a lo estipulado en sus contratos. No obstante, pesquisas preliminares de investigación lograron determinar que el señor Alvarado Figueroa no acudió a las oficinas del Congreso de la República a desempeñar sus funciones, debido a que residía y trabajaba en el Departamento de Huehuetenango, del cual es originario.

Según las verificaciones realizadas, Alvarado Figueroa se desempeñaba como Gerente General de la unidad técnica de la Asociación de Entidades Microregionales Aliadas para el Desarrollo Integral de Huehuetenango e Ixcán Quiché –AEMADIHIQ.

Vía: MP

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Suspenden audiencia de Jabes Meda

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El caso que se lleva en contra de Jabes Meda, a quien se le señala de ser el responsable de atropellar a estudiantes del Instituto de Comercio 2 en la zona 7 y provocar la muerte de una de ellas, sigue estancado en los tribunales, luego que por séptima vez fuera suspendida la audiencia de etapa intermedia en la que se debe conocer si este debe enfrentar o no juicio por estos hechos.

Según explicó su abogado defensor, Jaime Hernández, uno de los querellantes adhesivos presentó excusa para no llegar a la audiencia pues atendían otro caso en Suchitepéquez, motivo por el cual el juez Josué Alvarado decidió suspender una vez más la audiencia.

De momento, no se ha fijado una nueva fecha para retomar el proceso, por lo que Meda deberá seguir guardando prisión preventiva mientras tanto.

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Dan trámite a otro antejuicio contra Domingo Trejo

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El diputado oficialista Domingo Trejo, una vez más deberá pasar por un proceso de antejuicio, luego que la Corte Suprema de Justicia decidiera dar trámite a un tercer antejuicio planteado en contra del parlamentario.

Esta vez, se trata de una denuncia planteada por Adelaida Vásquez de Peña a quien señala de haber entregado certificado de deposito supuestamente falsos. A criterio de los magistrados, para determinar si existen o no indicios que provoquen una investigación en su contra, es necesario realizar las pesquisas de rigor, motivo por el cual se dió trámite a la solicitud.

Trejo, ya no goza de inmunidad por dos situaciones, la primera por su presunta vinculación en un caso de estafa al este emitir cheques con fechas cambiadas evitando el pago de unas deudas que este había concebido. La segunda por su presunta participación en el caso por discriminación en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura.

De momento se espera el traslado del expediente para que se inicie con el proceso correspondiente.

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Cacif pide información a CC sobre amparo contra Mina San Rafael

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Aduciendo la pérdida de empleos y el retraso de más de 378 días en resolver un amparo que de momento mantiene detenida la actividad de la Mina San Rafael ubicada en Santa Rosa, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, ha presentado un memorial ante la Corte de Constitucionalidad, para que mediante la Unidad de Acceso a la Información se les explique cuales son los motivos del retraso en al resolución.

Según García, posterior a recibir la información por parte del tribunal constitucional, se hará pública la información requerida y luego será analizada por el equipo jurídico de la cúpula empresarial para así determinar si se procede o no a realizar alguna acción que ayude a agilizar el proceso.

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