Un año después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, develaran uno de los casos más grandes de corrupción y defraudación aduanera conocida como “La Línea”, los resultados de las investigaciones, han permitido procesar a 60 personas, interceptar 88 mil 920 llamadas telefónicas, identificar 5 mil 906 correos electrónicos, decomisar 175 mil pruebas forenses, realizar 74 allanamientos y secuestrar 650 mil folios.

En este caso se encuentran involucrados altos funcionarios de gobierno, entre ellos, -el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti-, y personas particulares. Actualmente se está a la espera que el Juzgado Primero de Mayor Riesgo B, reprograme la audiencia de etapa intermedia.

“Para mí el más complicado fue cuando analizamos las escuchas y llegamos a la conclusión que el Presidente de la República estaba involucrado, así como la noche en que se hizo público el anuncio de su captura. Fue un momento difícil”, relató la jefa del MP durante una entrevista radial.

 

“Los comentarios que recibimos con el señor comisionado de diversas personas iban en el sentido de que no podíamos proceder contra el Presidente porque Guatemala no se podía quedar sin mandatario. El Congreso, recuerdo que me decía que iba a sesionar hasta la semana siguiente y entonces iba a ver un vacío de poder en el país. En ese momento solo cuatro personas sabíamos de la orden de captura, ellos eran el Fiscal del caso, el Juez, el Comisionado y Yo”.

La Fiscal General explicó que durante los 25 años que trabajó en los Tribunales del país, no recuerda un caso tan contundente como este que cuenta con métodos especiales de investigación, entre ellos, un colaborador eficaz, donde figura Estuardo González.

 “Realmente yo estoy impresionada que con los casos que hemos llevado ante los Tribunales, que a pesar del caso La Línea, hay funcionarios, hay personas que persisten en la actitud de corrupción, tráfico de influencias, por ejemplo, el jefe jurídico de la SAT, hace un mes o mes y medio, al allanarse su casa se encontró casi un millón de quetzales”.

Antecedentes

Las investigaciones iniciaron en mayo de 2014 a partir del desarrollo de líneas de trabajo de un hallazgo realizado en contra de un grupo de importadores de quienes se sospechó estaban involucrados en acciones de contrabando.

Durante el avance de las pesquisas, se determinó la conformación de la estructura en cinco rutas: Importadores, tramitadores aduaneros, parte de la estructura, vistas aduaneras, estructura externa media, funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, estructura externa superior.

Mediante líneas de trabajo se determinó que este grupo tenía contacto con una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos, que además facilitaban contactos de importadores con la estructura criminal a través de suministro de un número de teléfono conocido como La Línea.

El trabajo de investigación llevó e detectar que el grupo de funcionarios públicos en colusión con los tramitadores, diseñaron una tabla paralela que contenía parámetros para el pago de los impuestos, posteriormente realizaban una verificación falsa de contenedores que les permitía realizar un ajuste irregular al impuesto a pagar.

Vía: MP