Darío Morales García, exespecialista del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), fue ligado a proceso penal por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio. Se le señala por su presunta participación en el asesinato de monseñor Juan José Gerardi Conedera, ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de abril de 1998.
La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, dictó la resolución al considerar que existen suficientes indicios para que Morales García sea investigado por los hechos ocurridos hace 27 años.
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La Jueza Abelina Cruz resolvió que existen elementos suficientes para ligar a proceso al acusado Darío Morales García, con respecto a los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio.El MP solicitó que guarde prisión preventiva, ya… pic.twitter.com/ZgVqsRGeLf
— Verdad y Justicia en Guatemala (@VerdadJusticiaG) May 5, 2025
El Ministerio Público (MP) lo acusa de haber llegado a la escena del crimen sin formar parte del ente investigador. Según la imputación, tomó fotografías del lugar y modificó elementos de la escena con su presencia. Aunque no se cuenta con las imágenes o la cámara, la jueza reconoció que informes de la entonces Policía Nacional confirman la presencia del militar en el lugar. Señaló que no tenía motivo alguno para estar ahí y que este hecho debe seguir siendo investigado.
Además, Morales García habría declarado falsamente durante el juicio contra los autores materiales del crimen. Según la jueza, su testimonio fue contradictorio con lo que se probó en el proceso, lo que sugiere una intención de desviar la verdad.
Permaneció 15 años prófugo y ahora queda en prisión preventiva
La jueza también ordenó que Morales García permanezca en prisión preventiva, al considerar que existe peligro de fuga. Recordó que el acusado estuvo prófugo de la justicia durante 15 años. Además, existe el riesgo de que interfiera en la investigación.
El Ministerio Público solicitó un plazo de dos meses para concluir la investigación. El fiscal explicó que deben recuperar documentos que se encuentran archivados y son esenciales para el avance del proceso.
El próximo 10 de julio, el tribunal definirá si Morales García debe enfrentar juicio oral y público por su implicación en el caso Gerardi.
