El abogado guatemalteco Francisco Vivar, representante de las víctimas en el juicio por genocidio contra el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, aseguró este lunes que los pueblos indígenas enfrentaron una “barbarie” por parte del Estado guatemalteco.
Vivar hizo estas declaraciones tras una de las últimas audiencias del proceso judicial contra Lucas García, quien tiene 92 años.
El Ministerio Público de Guatemala acusa al general retirado de ser responsable de la muerte de 844 indígenas en 1982. En ese periodo, Lucas García ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército durante la dictadura militar de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982). Los hechos ocurrieron en el departamento de Quiché, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996), que dejó 250,000 personas asesinadas o desaparecidas. Según organismos internacionales, el 90 % de las víctimas fue atribuido al Estado.
Testimonios sobre actos crueles y desapariciones en Quiché
Como asesor del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Vivar recordó que los pueblos indígenas sufrieron persecuciones, destrucción de cosechas y ataques con disparos y bombas. Según testigos, en algunas comunidades desapareció hasta el 50 % de los habitantes y, en otras, se exterminó a la población completa. Lucas García, como Jefe del Estado Mayor, identificó a los pueblos maya Ixil de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul como “el enemigo interno”. La Fiscalía sostiene que las fuerzas armadas ejecutaron 32 masacres en más de 20 comunidades de esta región, basándose en declaraciones de testigos y peritos.
Próximo veredicto en el juicio de genocidio
El juicio contra Lucas García comenzó en mayo. Se espera que el Tribunal “A” de Mayor Riesgo del Organismo Judicial guatemalteco emita un veredicto antes del 15 de noviembre. Vivar afirmó que esta semana podrían presentarse las conclusiones, lo que abriría la fase final del proceso. Desde 2018, Lucas García cumple una condena de 58 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981. Actualmente, el general sigue las audiencias por teleconferencia debido a su estado de salud, cumpliendo su condena en un hospital.
