La Corte Constitucional (CC) recibió este lunes una denuncia contra el Ministerio Público (MP) por incumplir un amparo que blinda las elecciones presidenciales.

Los abogados consideran que el MP ha incumplido un amparo emitido el 7 de octubre por la propia CC. Este ordenaba respetar el resultado de las elecciones presidenciales en las que se impuso Bernardo Arévalo, candidato de Semilla.

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El MP ha solicitado anular todo el proceso electoral y evitar así la toma de posesión de Arévalo. Eso lo han criticado a nivel nacional e internacional. Esto por considerar infundadas las acusaciones y se ha llegado incluso a advertir de un intento de golpe de Estado.

“Vamos a pedir una asistencia para la debida ejecución del amparo porque a nosotros nos concedieron un amparo provisional el 7 de octubre, cuando la Corte de Constitucionalidad dijo que instaba a todos los órganos a respetar la alternancia en el poder y los resultados electorales”, ha explicado el abogado constitucionalista Edgar Ortiz en declaraciones recogidas por el portal Prensa Comunitaria.

“En este amparo, la CC reconoció la amenaza al orden democrático y a la alternancia del poder”, ha destacado Ortiz, que pide al Constitucional “una acción legal para solicitar que se respeten los resultados electorales”.

Ortiz subraya que el MP no tiene competencia en el ámbito electoral. Y, que “el MP tampoco tiene facultades para pedirle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anule las elecciones”. Esto tal y como sucedió el pasado viernes, por lo que habría incumplido el dictamen del CC de octubre.

La CC tiene en sus manos la decisión sobre el accionar del MP

También la exfiscal general Claudia Paz y Paz ha advertido de que ni el MP ni los fiscales generales tienen la facultad para declarar “nulas de pleno derecho” las actas electorales.

En la misma línea, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, recalca que el MP no tiene facultad para decidir sobre temas electorales. Además, advertierte de que podría haber incurrido en ilícitos al intentar hacerlo, tales como abuso de autoridad porque estarían utilizando su cargo para beneficio propio o de un tercero.

Igualmente, los podrían acusar de usurpación de funciones por arrogarse facultades que solamente competen al TSE. Incluso de incumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto por la presunta alteración del orden constitucional, según Sandoval.

El TSE oficializó en octubre los resultados electorales de la segunda vuelta de las presidenciales guatemaltecas del 20 de agosto. En los comicios se impuso Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y ha dado así por concluido el proceso electoral.

Sin embargo, el Ministerio Público ha pedido la anulación de todo el proceso electoral por presuntas irregularidades del Movimiento Semilla y pretende así evitar que Arévalo tome posesión el próximo 14 de enero.