Un grupo de abogados guatemaltecos presentó este lunes un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país. El amparo es contra el nombramiento unilateral de jueces de salas de Apelaciones realizado por la Corte Suprema de Justicia sin el aval del Congreso.
Argumentos del recurso
El grupo, encabezado por el abogado Edgar Ortiz, experto en derecho constitucional, explicó que la acción busca garantizar el respeto a la ley y a la Constitución.
Según la normativa guatemalteca, la Corte Suprema de Justicia puede crear nuevas salas de Apelaciones, pero la integración corresponde al Congreso.
“Pedimos que se proteja la Constitución”, afirmó Ortiz, recordando que corresponde al Congreso nombrar a los jueces. Además, indicó que la Corte Suprema incurrió en invasión de funciones constitucionales al realizar designaciones directas.
Un grupo de abogados, encabezados por @edgar_ortizgt, presentan amparo ante la @CC_Guatemala por la aparente designación directa de magistrados tras la creación de cuatro nuevas salas de apelaciones. Estos nombramientos corresponden al @CongresoGuate y no a la CSJ. pic.twitter.com/R6IkH1HrBx
— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) September 1, 2025
Citas legales y nombramientos
Ortiz señaló que la medida viola la Ley de la Carrera Judicial, en especial el artículo 6, párrafo B. Además, infringe el artículo 23, que indican que cuando exista una vacante, el Consejo de la Carrera Judicial debe notificar al Congreso para que este designe a los magistrados.
La Corte Suprema oficializó este mes la creación de 18 nuevas Salas de Apelaciones y designó a sus jueces: tres titulares y dos suplentes por sala. Esto implica la elección de 20 magistrados sin aval legislativo.
Contexto del proceso judicial
En octubre de 2024, los 160 diputados del Congreso designaron alrededor de 200 jueces de salas de Apelaciones, como establece la ley. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema generó un nuevo choque institucional.
Desde hace varios años, organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian un proceso de cooptación del sistema de justicia en Guatemala, que busca mantener estructuras de corrupción e impunidad.
