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Abogan por el fortalecimiento del Sector Justicia #ComunicadoCICIG

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Durante la presentación del informe “Costos y desafíos del combate a la impunidad en Guatemala”, el Comisionado Iván Velásquez Gómez y representantes de diversos sectores señalaron la necesidad de inyectar recursos para fortalecer al sector justicia con el fin de luchar contra la corrupción e impunidad en el país.

El documento fue presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con el apoyo de la Embajada de Suecia y de UNICEF. Fueron invitados en la mesa principal: Mayra Veliz, Secretaria General del Ministerio Público, Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la CICIG; Christian Skoog, Representante de UNICEF; Jonathan Menkos, Director Ejecutivo del ICEFI; y Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial.

El Comisionado resaltó que el actual momento histórico que vive Guatemala debe ser aprovechado para que la sociedad actúe e incida en la transformación de la realidad guatemalteca. “La sociedad ahora cree que la lucha contra la impunidad sí es posible, que la corrupción no es una situación normal con la que hay que saber convivir, y que nadie está por encima de la ley”, aseveró el Comisionado.

Agregó que el Ministerio Público (MP) ha dado muestras en el combate de este flagelo y en procurar su fortalecimiento, el cual no es suficiente con extender sus fiscalías o aumentar el número de fiscales, sino que es necesario integrar un fuerte aparato de investigación criminal que incorpore los avances tecnológicos que le permita realizar investigaciones de calidad.

Impuesto temporal

Señaló que para llevar a cabo este proyecto sería indispensable contar con recursos económicos de los cuales no dispone el MP, por lo que considera necesario que el sector empresarial se involucre en el tema: “En esto puede contribuir el empresariado que se ha pronunciado reclamando justicia contra las estructuras del Estado que han desangrado las finanzas públicas, y se podría pensar en la discusión de un impuesto de vigencia temporal dirigido a gravar patrimonios que superen un determinado monto con el objetivo de fortalecer al MP, al Organismo Judicial, al Instituto de la Defensa Pública Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala”.

“Buscar soluciones de esta naturaleza revelaría que la lucha contra la impunidad no es un discurso sino una verdadera decisión del país, y que debe existir la voluntad de sus dirigentes, tanto del sector público como privado”, enfatizó el jefe de la CICIG.

Factores de la impunidad

Jonathan Menkos, Director Ejecutivo del ICEFI, en la presentación del estudio detalló cinco elementos cuando se habla de impunidad: El 73.2% de los hechos delictivos no son denunciados; El MP está sobrepasado y con poca presencia nacional; el sistema de justicia está limitado en sus capacidades de operación; el Sistema Penitenciario está limitado en su capacidad de albergar a los privados de libertad; y existe un bajo financiamiento para la justicia y la seguridad ciudadana.

“Para luchar contra la impunidad es necesario hablar sobre cambios en el marco jurídico; que exista independencia judicial e imparcialidad, así como voluntad institucional”, manifestó Menkos.

Christian Skoog, Representante de UNICEF, destacó que la voluntad política en relación al cumplimiento de los derechos de la niñez se refleja principalmente en el presupuesto asignado a las instituciones a cargo de la protección infantil. “Es indispensable la eficiencia en el gasto y la transparencia de la gestión pública para garantizar resultados concretos en la vida de las niñas y niños”.

Mayra Véliz, Secretaria General del MP, señaló que en la medida en que las personas tengan confianza en la justicia se acercarán a denunciar sobre algún hecho delictivo. Por ello dijo que pese al limitado presupuesto del MP, las diferentes fiscalías no detienen su trabajo para esclarecer los casos asignados.

Véliz detalló la situación presupuestaria del MP, y señaló que a pesar que el Congreso aprobó Q1,100.00 millones para el año 2015,sólo recibieron Q718 millones, por lo cual el MP trabaja con dificultades en su labor investigativa e impulso de nuevos proyectos.

En su intervención Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, destacó que trabajan en la ampliación de diversos juzgados y tribunales en el país para agilizar la resolución de los casos, y de esta manera “contribuir en la lucha contra la impunidad y construir un sistema íntegro e independiente”.

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Cara A Las Elecciones

TSE afirma que cumplirá con inscribir a Zury Ríos

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Guatemala  -. Luego que Magistrados de la Corte Suprema de Justicia –CSJ-, dieran amparo provisional a la candidata de la agrupación política VALOR, Zury Ríos, este día jueves Magistrado del Tribunal Supremo Electoral –TSE-, afirmó que cumplirán con lo resuelto por la CSJ.

En un comunicado de prensa, Zury Ríos aseguro que toma con mucha alegría y humildad la decisión de la CSJ, y además pidió que no se den “campañas sucias”.

Serán 48 horas después de la notificación de la Corte Suprema de Justicia, que el Registro de Ciudadanos deberá cumplir con la normativa; luego que la CSJ se pronunciará, hasta el momento no ha habido críticas.

 

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Capturan en Alta Verapaz a integrantes de la banda “Los imitadores”

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Como parte de las acciones en contra de grupos vinculados a la extorsión, la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz busca desarticular una estructura criminal conformada por los denominados “Los imitadores”.

De acuerdo con los fiscales, son personas particulares que se hacen pasar por integrantes de pandillas o del crimen organizado, con la finalidad de obtener bajo amenazas e intimidaciones los pagos de extorsión.

En las pesquisas se estableció que las víctimas de estas personas son comerciantes, propietarios de buses, profesionales del derecho y particulares, quienes, desde el mes de noviembre de 2015 a mayo de 2017, fueron afectadas en su patrimonio por un monto aproximado de Q39 mil.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz, la estructura criminal es dirigida por Hermelindo Giovani Barrondo Hernández alias “comandante Ramírez”, actualmente recluido en el Centro de Rehabilitación en Puerto Barrios, Izabal.

La investigación permitió documentar que los integrantes de la estructura le proporcionaban información de posibles víctimas para realizar las llamadas extorsivas.

Luego de identificar a sus víctimas las llamaban manifestándoles que habían sido contratados para atentar contra su vida, sin embargo, les decían que no lo harían a cambio de que les pagaran cantidades que van de los 2 mil a 5 mil quetzales. Las víctimas atemorizadas accedían y realizaban el pago por medio de depósitos bancarios o entrega directa de mano a mano.

Durante las diligencias fueron detenidas con orden de aprehensión 13 personas y tres en flagrancia. Asimismo serán citadas a primera declaración cuatro personas, entre ellas el líder de la estructura criminal.

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MP apela medida sustitutiva dada a ex junta del IGSS

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Aunque se registraron inconvenientes para que 6 ex autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social vinculados al caso IGSS Corrupción pudiesen recuperar su libertad condicional, el Ministerio Público ha presentado su respectiva apelación en contra de la resolución emitida por el juez décimo de primera instancia penal, Víctor Cruz, a favor de los sindicados.

El pasado viernes, el juzgador les otorgo la medida sustitutiva, sin embargo la fiscalía especial contra la impunidad se opuso a la solicitud de la defensa ya que considera que dejarlos en libertad podría poner en riesgo la averiguación de la verdad o incluso podría existir el riesgo de fuga de los implicados, pero el juzgador consideró que habían motivos suficientes para beneficiarlos mientras se concluye el proceso en su contra.

Lea también: Dan medida sustitutiva a ex junta directiva del IGSS

Ante esta situación la fiscalía presentó la apelación respectiva ante la sala correspondientes, por lo que ahora estará en manos de la Sala Tercera de Apelaciones, el determinar si los 6 implicados en la supuesta compra anómala de 50 ambulancias, la adquisición anómala de un software y el presunto alquiler sobrevalorado de unas oficinas, deben o no mantenerse en libertad.

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