Una jueza penal de Guatemala decidió este jueves que cuatro magistrados electorales deben ser investigados por el supuesto delito de fraude por la compra de un sistema informático para las elecciones celebradas en 2023.

La jueza Karen Chinchilla aceptó la petición del Ministerio Público (Fiscalía) de abrir un proceso de investigación contra los magistrados electorales, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, acusados de anomalías en la adquisición del sistema de cómputo empleado para recolectar los datos de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto pasados.

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La Fiscalía buscaba que a los magistrados los enviaran a prisión preventiva. Sin embargo, la jueza Chinchilla rechazó la petición y les otorgó libertad condicional mientras los investigan.

Esta mañana los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral se presentaron voluntariamente al juzgado para solventar su situación jurídica.

Rojas, Aguilera, Franco y Palencia, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, quedaron sin inmunidad en noviembre por decisión del Congreso, para poder investigarlos por la supuesta compra ilegal de un equipo de cómputo de datos no oficiales, utilizado en los comicios celebrados el año pasado.

Al concluir la audiencia, el magistrado Gabriel Aguilera dijo que se reincorporarán como togados titulares a las actividades en el TSE, donde integrarán pleno para conocer varios temas, entre ellos los relacionados con la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que discute las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Además, indicaron que el proceso en su contra lo promovieron personas que no estaban de acuerdo con los resultados electorales, tanto de la primera como la segunda vuelta.

Abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes

La acusación en contra de los magistrados es por abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, por una investigación del Ministerio Público (Fiscalía) luego de la denuncia de dos abogados y activistas de extrema derecha.

A los magistrados se les acusó después de que la Fiscalía intentó, sin éxito, modificar los resultados electorales de los comicios de 2023 ganados sorpresivamente por Arévalo de León.

La Fiscalía ha asegurado que existen “irregularidades” en la compra de un sistema de transmisión de resultados electorales que funcionó en los comicios generales del 25 de junio y en el balotaje del 20 de agosto.

En diciembre pasado, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, buscó la anulación de las elecciones de 2023 argumentando irregularidades en el actuar del Tribunal Supremo Electoral.