El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala lanzó este viernes un nuevo proceso contra el vocero del presidente Bernardo Arévalo por el supuesto delito de obstrucción a la acción penal y rechazó los señalamientos que el mandatario hizo en contra de esta institución esta semana.
La Fiscalía acusó, durante una conferencia de prensa, al vocero presidencial, Santiago Palomo, de supuestamente haber revelado información de un caso relacionado con las elecciones de 2023, que se encontraba bajo reserva.
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En conferencia de prensa el licenciado Angel Pineda explicó que la conferencia de prensa se da con el objetivo de trasladar a la población la información real de distintas circunstancias que suceden en Guatemala. Esta es importante porque… https://t.co/PW9Z4pfN6C pic.twitter.com/4T6TJg5lNy— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 2, 2024
El ente investigador también señala dentro del mismo caso a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, por supuestamente difundir información confidencial de un secuestro del padrón electoral.
Por su parte, el fiscal Rafael Curruchiche, quien tiene a su cargo un caso penal contra el partido Movimiento Semilla, del presidente Arévalo, aseguró que solicitaron levantar la reserva del proceso “para informar a la población” sobre los supuestos hechos delictivos.
🚨 La presidenta del @TSEGuatemala, Blanca Alfaro, responde a las acusaciones del MP:
📝La Constitución establece que el MP debe proteger los Derechos Humanos y garantías procesales, pero Blanca Alfaro afirma que hoy se les llama mentirosos sin sentencia.
‼️Expresa la falta de… pic.twitter.com/LBOq6Wap9l
— Factor 4 (@Factor4_GT) August 2, 2024
Estas acciones de la Fiscalía llegan 24 horas después de que Arévalo presentara una denuncia penal contra la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por violación a la constitución política del país.
Arévalo acusó públicamente a Porras de atacar a su Gobierno y de ser “la principal aliada de las minorías corruptas del país”.
En 2023, a Porras la sancionaron más de 35 países, entre ellos Estados Unidos, bajo señalamientos de haber intentado revertir la victoria electoral de Arévalo en los comicios celebrados hace un año.
Durante sus primeros seis meses de Gobierno, Arévalo intentó reunirse con la fiscal general y también utilizar los mecanismos legales a su alcance para la destitución de Porras de su puesto, sin obtener resultados.
