Entre enero y marzo del presente año, 470 bebés han nacido de niñas entre 10 y 14 años en Guatemala, una cifra que refleja la grave problemática de la violencia sexual y el embarazo adolescente en el país.

Los departamentos del noroccidente, Huehuetenango (69), Alta Verapaz (59) y Quiché (52), concentran el mayor número de nacimientos en menores de edad.

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Si bien la noticia causa conmoción, no sorprende a las organizaciones que velan por los derechos de la niñez y juventud. Lo que sí genera incertidumbre es el destino de estas 470 niñas convertidas en madres: ¿cuántas de ellas siguen estudiando? ¿Cuántas tienen acceso a protección social? ¿Cuántas denuncias por violencia sexual se han presentado?

Las estadísticas del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) revelan que, en el mismo período, se registraron 35 mil 741 nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. De los cuales 1 mil 106 los consideran delitos de violencia sexual con agravación de la pena.

La situación es aún más preocupante si se considera que las niñas que viven en áreas rurales e indígenas son las más afectadas. La pobreza, la falta de acceso a educación y servicios de salud, y la normalización de la violencia sexual, son algunos de los factores que contribuyen a esta realidad.

Exigen medidas

Las organizaciones exigen al Estado medidas para abordar esta problemática:

  • Investigación y sanción de los casos de violencia sexual: Es necesario garantizar que los responsables de estos delitos los castiguen con todo el peso de la ley.
  • Acceso a educación integral en sexualidad: Las niñas y adolescentes deben tener información precisa y oportuna sobre su cuerpo, sus derechos sexuales y reproductivos, y cómo prevenir el embarazo.
  • Atención médica y psicológica especializada: Las niñas que han sido madres requieren atención médica y psicológica integral para afrontar las consecuencias físicas y emocionales del embarazo y el parto.
  • Programas de apoyo social y económico: Es fundamental brindar apoyo a las niñas madres para que puedan continuar con sus estudios. Además, acceder a oportunidades laborales y tener una vida digna.

La responsabilidad de proteger a las niñas y adolescentes recae en el Estado, la sociedad civil y las familias. Solo con un esfuerzo conjunto se podrá erradicar la violencia sexual y garantizar el derecho a una vida plena y libre de violencia.