Luego que la Corte Suprema de Justicia decidiera retirarle la inmunidad, el diputado Aldo Dávila realizó dos acciones dentro de este proceso.

El primero, presentarse ante la Fiscalía de Asuntos Administrativos, quien le solicitó el retiro del antejuicio. Esto con el objeto de apersonarse y mostrar su voluntad de solventar la acción legal emprendida en su contra, de modo que si su caso llega ante el juez competente lo citen para resolver su situación legal.

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Como segunda acción, Dávila se presentó ante la Corte de Constitucionalidad para presentar un amparo en contra de la denuncia presentada en su contra por parte del ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar.

Según explica el parlamentario, se trata de una denuncia política y espuria en su contra, luego de que el funcionario se negara a presentarse a las diferentes citaciones realizadas, así mismo afirma que en ningún momento se cometió delito de discriminación como el ministro señala.

Garantía de opinión

De acuerdo a los abogados de Dávila, se considera que dicha denuncia violenta la garantía que este tiene como diputado al no tener responsabilidad de las opiniones que este pueda realizar, ya que no se constituye como delito.

En este caso, a Dávila lo despojaron de su inmunidad por supuestamente agredir a un agente de Policía Nacional Civil en una manifestación hecha en 2020, mientras que aún se dilucidan otras dos peticiones de retiro de inmunidad contra el parlamentario; una promovida por el ministro de Cultura, y otra por otro agente de policía que afirma que también lo agredió.