El presidente Alejandro Giammattei informó este martes que vetó el Decreto 6-2022, la Ley de Vacunas; la cual fue aprobada por el Congreso en febrero pasado, al señalar que se contradice y genera falta de certeza jurídica.

“Pido al Congreso de Guatemala que tome en consideración estos argumentos que me impiden sancionarla”, dijo Giammattei en su cuenta de Twitter.

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También instó a los diputados a corregir las inconsistencias y vacíos legales para que Guatemala pueda contar pronto con esta Ley. El veto debe ser enviado al Congreso para su discusión; y si consideran que se debe sancionar, la pueden mandar a publicar, pero necesitan 107 votos como mínimo para lograrlo.

La aprobación de la Ley de Vacunación tiene como objetivo garantizar a la población, en general, la inmunización contra enfermedades inmunoprevenibles de una forma gratuita, universal y voluntaria.

También quedaba regulado que la vacunación de menores e interdictos, no se puede dar sin la autorización expresa de sus padres, madres, tutores o representantes legales a su cargo. Además, facilita la adquisición de dosis para el combate de enfermedades inmunoprevenibles. También establece un esquema de vacunación y otorga un carné para el registro de dosis para cada usuario.

Inconsistencias y contradicciones de la Ley de Vacunas

A pesar de ello, el Gobierno argumentó que la ley tiene varias inconsistencias y contradicciones; como que no observa los principios de igualdad regulados por la Constitución, e involucra a entidades que no tienen relación con la vacunación.

“La Ley de Vacunación incurre en una extralimitación de funciones del Ministerio de Salud, al no tomar en cuenta a otras instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y las municipalidades”, expresó el Ejecutivo en un comunicado.

Añaden que las funciones atribuidas al Programa de Inmunizaciones, tal y como están en la ley, implican una modificación de la estructura orgánica y presupuestaria de toda la cartera ministerial.

Según el comunicado, la ley abre la puerta para acciones de inconstitucionalidad al no establecer una fuente de financiamiento.