Diversas entidades de Guatemala, entre ellas la Presidencia, denunciaron este domingo el ataque a unas 40 familias mayas q’eqchi’ en la comunidad Cubilgüitz, en el departamento de Alta Verapaz, quienes presuntamente fueron desalojadas de manera extrajudicial durante la madrugada.

Alejandro Giammattei, aseguró que ve con “preocupación” los hechos ocurridos en la comunidad de Cubilgüitz, en el municipio de Cobán. Por lo que ya inició la “coordinación con distintas instituciones para garantizar la seguridad y vida de los pobladores”.

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Giammattei exclamó en su cuenta oficial de Twitter que “la violencia no es aceptable entre hermanos”. Por lo que “de forma inmediata la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se han movilizado al lugar para esclarecer los hechos y llevar ante la Justicia a los responsables. Es fundamental restablecer la gobernanza en las comunidades”.

El MP, por su parte, subrayó en un comunicado que la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz “investiga los hechos ocurridos entre personas particulares” en Cubilgüitz. Pero que “debido a que la investigación se encuentra en curso no se pueden ampliar detalles” de los hechos.

Reacciones

La Procuraduría de los Derechos Humanos abrió un expediente y remitió una denuncia ante el MP y la Policía. Aseguró que ya “coordina con los comunitarios para brindar apoyo a las personas afectadas, y dará seguimiento a las acciones que realicen las autoridades”.

Además, la PDH instó al Gobierno a “asistir de urgencia a las familias que sufrieron la pérdida de sus viviendas y demás bienes. No desatender la problemática laboral, de acceso a la tierra y conflictividad social en esa región”.

Según el Comité de Unidad Campesina, las 40 personas que integraban la comunidad fueron “violenta y extrajudicialmente desalojadas y sus casas quemadas por un grupo de personas armadas que actuaron en contubernio con los terratenientes del lugar”.

La organización humanitaria Unidad de Defensores y Defensoras de DD.HH. en Guatemala -UDEFEGUA- denunció que entre enero de 2019 y abril de 2020 hubo un total de 651 agresiones a defensores de derechos humanos.

“En los primeros meses de 2020 hemos subsistido en un contexto de desalojo a comunidades, de detenciones ilegales y arbitrarias en contra de personas defensoras de derechos humanos. También incrementó del discurso de odio, allanamientos ilegales en contra de sus viviendas y organizaciones, así como asesinatos”, subrayó en abril pasado durante la presentación de un informe de derechos humanos el coordinador de UDEFEGUA, Jorge Santos.

En 2019, la UDEFEGUA registró 111 agresiones a personas de los pueblos indígenas y defensores del territorio y 104 agresiones a periodistas.