Un amparo vigente desde el 9 de abril del presente año le impide al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) suspender clases. También bloquear el derecho a la libre locomoción y la ocupación ilegítima de instalaciones educativas.
El referido recurso legal toma relevancia en el marco de la asamblea permanente definida el pasado 19 de mayo por el STEG. Esta afecta parcialmente el trabajo de 5 mil de los 36 mil centros educativos.
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Ante el irrespeto a la decisión jurídica, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, destacó que el Gobierno actuará de acuerdo con la ley contra “los maestros que no cumplan con lo establecido y que no acaten los amparos vigentes”.
Sin embargo, el mandatario resaltó que la gran mayoría de maestros se ha presentado a cumplir sus labores con responsabilidad y amor a la docencia.
Joviel Acevedo, secretario general del referido sindicato, al ser consultado por este diario sobre la resolución, respondió: “Nosotros con ustedes no tenemos ninguna postura, porque es el diario oficial, que es la fuente del Presidente y de la ministra de Educación. Pregúnteles a ellos”.
Joviel Acevedo, el estandarte de la traición a la niñez guatemalteca
En #Guatemala, el magisterio fue alguna vez sinónimo de lucha digna, de pizarras llenas de sueños y de maestros que enseñaban a leer como quien siembra semillas en tierra fértil. Pero desde hace más de dos… pic.twitter.com/bKY89XJQzu
— Isabel Soto Mayedo (@IsaSotoMayedo) May 12, 2025
Lo que dice el amparo sobre la suspensión de clases
En el amparo se señala que el gremio debe abstenerse de acciones “que provoquen la paralización de las actividades administrativas y docentes. Que afecten el derecho a la educación de la niñez y adolescencia, a nivel nacional y en todas las direcciones departamentales”.
El argumento expuesto es que la huelga afecta los servicios públicos a los que está obligado a brindar el Ministerio de Educación (Mineduc).
Francisco Cabrera, viceministro Técnico de Educación del Mineduc, señaló que en ambos días de protestas, el 84 por ciento de los centros educativos ha continuado las clases.
Cabrera advirtió que la Procuraduría General de la Nación (PGN) es la encargada de proceder contra quienes irrespeten lo dictado.
El funcionario añadió que el artículo 22 del Pacto Colectivo señala que los docentes están obligados a cumplir con el calendario escolar y los 180 días de clases. “Cuando ellos las interrumpen están
violando el propio acuerdo que tanto quieren defender”, subrayó.
Hasta el momento, las autoridades del Mineduc realizan un análisis de las medidas administrativas que puedan ejecutar en contra de los que afecten las labores educativas. El procedimiento que seguirán será bajo los normativos de la ley, se advirtió.
