El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, enfrenta críticas y presión ante la obligada convivencia con la fiscal general, Consuelo Porras, acusada de intentar frenar su investidura en 2023 y esta semana activó una primera acción legal para intentar apartarla de su puesto frente al Ministerio Público (Fiscalía).
“Es una persona (Consuelo Porras) que está proscrita internacionalmente por 30 países, entre ellos nuestros principales socios estratégicos y países con un Estado de Derecho fuerte. El pueblo de Guatemala ha manifestado abiertamente que es una persona que debe renunciar”, afirmó Arévalo de León este viernes en un programa radial de Guatemala.
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Porras, señalada de utilizar la Fiscalía para intentar anular la victoria electoral de Arévalo de León en 2023, ha indicado que no atenderá a las peticiones del presidente y de la población que piden su renuncia. Además, entre 2021 y enero pasado la sancionó por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea con prohibición para ingresar a sus territorios por sus acciones consideradas antidemocráticas.
Ante ese escenario, las primeras seis semanas de mandato de Arévalo de León han sido marcadas por un constante pulso político ante una fiscal general que se negó en dos ocasiones a atender reuniones con el presidente y la continuidad de procesos penales en contra de su partido político y algunos militantes.
Críticas al presidente
Esta semana, las críticas contra el presidente aumentaron cuando su secretario general, Juan Gerardo Guerrero, respondió a un medio local que esperaba que Porras “ajuste su política en favor de los guatemaltecos” y que no había tiempo para “peleas”.
De acuerdo con analistas, esa postura del gobierno generó rechazo de la población general porque existe una demanda popular sobre priorizar la recuperación de la institucionalidad de la justicia.
El 29 de febrero, después de las críticas que se convirtieron en tendencia en redes sociales, Arévalo de León respondió denunciando penalmente a la fiscal general por el supuesto delito de incumplimiento de deberes por negarse a participar en una reunión de gabinete de ministros el 29 de enero.
El presidente solicitó a los tribunales que se asigne un fiscal especial para analizar el comportamiento de la fiscal general y se comprueba que existe indicios de un comportamiento delictivo.
Un camino largo para la destitución de Porras
El abogado Edgar Ortíz Romero indicó que para retirar la inmunidad a Porras se necesita que el caso sea remitido al Congreso y contar con el voto de 107 diputados de 160, pero advierte que el camino elegido por el mandatario es demasiado largo por su procedimiento.
“Estamos haciendo lo que debemos hacer en términos de nuestra responsabilidad política con el Pueblo de Guatemala para garantizar que las instituciones funcionen y el compromiso de la lucha contra la corrupción”, indicó Arévalo de León en una entrevista al consultarle sobre su denuncia contra la fiscal general.
Aunque el pasado 3 de enero Arévalo de León aseguró a EFE en una entrevista que al tomar el poder pediría la renuncia de Porras Argueta, tuvo que moderar su discurso al tomar el poder, considerando que la ley guatemalteca no le da facultades al presidente para destituir a la fiscal general, a menos que esta la encuentren culpable de un delito y juzgada por un tribunal.
“El Gobierno necesita trabajar con el Ministerio Público porque es un ente fundamental y necesitamos recuperar la justicia. Y si para eso necesitamos buscar una sustituta de Consuelo Porras, lo vamos a buscar”, afirmó el presidente esta semana.
La administración estatal de Arévalo de León tomó, el pasado 14 de enero, un organismo ejecutivo que según el presidente, está colmado de corrupción en cada gaveta ministerial y aunque asegura que el país tiene problemas estructurales que atender como la desnutrición, migración y pobreza, la corrupción se presenta como una tarea urgente. [Un análisis de David Toro Escobar. Vía EFE]
