La Asociación de Periodistas de Guatemala y la Cámara Guatemalteca de Periodismo se pronunciaron en contra de la aprobación del Decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia.

La Cámara Guatemalteca de Periodismo señala que la normativa incurre en graves amenazas a la “libre emisión del pensamiento”. Un derecho constitucionalmente garantizado y reconocido en el artículo 35 de la norma suprema.

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Si bien, el artículo 9 de la citada norma, puede tener la intención de sancionar el acceso ilegal y posterior difusión de información confidencial de carácter personal o comercial, “restringe” peligrosamente la libertad que debe tener todo periodista y medio de comunicación a poder informar sobre posibles hechos de interés público.

Mientras que el artículo 19 es aún más preocupante debido a que tipifica como conductas delictivas que pueden realizarse en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión. “Preocupa, tanto más, que funcionarios públicos que estén sujetos al escrutinio y señalamientos puedan hacer uso de esa norma para acallar críticas y perseguir opositores”, señala un comunicado de la Cámara.

“Esta Cámara se pronuncia de manera enfática en contra de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, tal como la aprobó el Congreso de la República. Hacemos un llamado al presidente de la República, Alejandro Giammattei para que vete dicho decreto y el Congreso pueda redactar una ley que proteja contra la ciberdelincuencia, pero a la vez garantice irrestrictamente el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento, que es lo que caracteriza a un Estado democrático y civilizado”, dice el comunicado.

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Asociación de Periodistas de Guatemala

Mientras que la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) manifestó su oposición a la ley con la que se pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en las plataformas digitales.

Según la APG, esta propuesta está dirigida a menoscabar los derechos de libertad de expresión, de prensa. Además, para continuar implantando un ambiente general de censura y autocensura en el país.

Según la entidad gremial, el Decreto 39-2022 busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que a criterio de las autoridades incurran en acoso, según el artículo 19.

Además, las publicaciones periodísticas, que se basen en filtración electrónica de datos o información como sucedió con la investigación por actos de corrupción, también las perseguirían.

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