Las autoridades municipales de Antigua Guatemala se ausentaron de la interpelación con la Comisión Nacional de Seguridad del Congreso; la citación se llevó a cabo por la muerte de Luis Solórzano, el hombre que corría desnudo en la calle y que falleció tras ser capturado por la PMT. El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero.
La Comisión de Seguridad del Congreso, presidida por el diputado Julio Ixcamey, citó a la interpelación en el Congreso a sectores involucrados con el caso. Según las autoridades del Congreso la policía municipal urbana de la Municipalidad de Antigua Guatemala, actúa al margen de la ley.
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Esta conclusión se da después de una investigación de la Comisión; en la misma también se increpó la poca reacción del gobernador de Sacatepéquez, Mynor López, para investigar el hecho.
Por la muerte de Solórzano están ligados a proceso los agentes Juan Carlos Tomás, Guillermo Noj Lara y Ángel Gustavo Jiménez Pineda.
Citación del diputado Julio Ixcamey, presidente de la Comisión de Seguidad Nacional, a autoridades del Ministerio de Gobernación, PNC y Gobernador Departamental de Sacatepéquez, para conocer las acciones para la prevención de la violencia en el Departamento de Sacatepéquez. pic.twitter.com/HI3wYO8Nke
— Bancada UNE (@UNEBancada) March 17, 2021
Ausentes en la citación de la Comisión por la muerte de un hombre
Los que no asistieron sin excusa alguna fueron los jefes de recursos humanos, de la Policía Municipal y el instructor de ese cuerpo policial; todos de la Municipalidad de Antigua Guatemala.
“Quedó establecido de una forma clara que dos de los participantes en la muerte de Luis Solórzano son de la Policía Municipal Urbana y uno a la Policía Municipal de Tránsito”, afirmó el diputado Ixcamey.
“Quiero que quede claro para la población de Antigua y toda Guatemala que la policía municipal urbana es ilegal porque no tiene ningún acuerdo gubernativo; ni fundamento y fue creado por un punto de acta del Consejo Municipal en diciembre pasado del 2020”, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad.
La ausencia de las autoridades de la ciudad colonial, ocasionó molestias y tendrán que rendir cuentas.
¿Hubo violación?
Teresita Mérida, de la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-, entregará en los próximos días un informe completo sobre la situación; la entidad determinará si hubo violación a los derechos humanos.
“Este miércoles dimos a conocer que la PDH ha iniciado un expediente para la investigación de los hechos de febrero pasado. También fueron solicitados informes respectivos de los cuales se hace el análisis. Con ello podremos emitir una resolución en la que se puede responder si existe o no violación a los derechos humanos”, expresó Mérida.
La funcionaria indicó que también le dan seguimiento al caso en el Ministerio Público.
