El Comité empresarial más grande de Guatemala interpuso este miércoles una acción de inconstitucionalidad contra los artículos de la ley electoral de campaña anticipada, de aportes de ciudadanos y de pauta, a ocho meses de las elecciones generales del país.

“Es importante hacer mejoras en la ley electoral que estará vigente para las próximas elecciones”, declaró ante periodistas Hermann Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de Guatemala.

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Dicho Comité interpuso la acción contra esos tres artículos de la ley electoral y de partidos políticos ante la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.

Los empresarios accionaron contra el artículo de campaña anticipada, pues consideran que su definición es “subjetiva” y que puede tener dificultades para implementarse.

“Hay una gran cantidad de denuncias y posibles descalificaciones de candidatos por temas de campaña anticipada, creemos que el objetivo de los políticos es hablar de política, por eso hemos actuado contra el artículo que limita hacerlo”, destacó Girón.

Campaña anticipada

El pasado 28 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificó a Roberto Arzú y a Ernest Steve Bran, dos posibles candidatos a la Presidencia, que no podrán inscribirse por haber cometido campaña anticipada.

Además, los empresarios accionaron contra la contratación centralizada de medios de publicidad, porque, a su criterio, “limita” que los políticos puedan difundir sus planes de trabajo libremente en los medios de comunicación ante la población.

Por último, contra el artículo que habla de los aportes económicos de ciudadanos, porque, según el conglomerado, la reforma aprobada en 2016 “genera un exceso de burocracia para los ciudadanos que desean aportar a la opción política de su preferencia”.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras surgió hace 65 años y está conformado por los empresarios globalizados más influyentes del país.

En 2018, un selecto grupo de empresarios integrado por José Fraterno Vila, Salvador Paíz, José Torrebiarte Novella, José Castillo y Felipe Bosch Gutiérrez, fueron sindicados por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de financiar ilícitamente la campaña electoral del expresidente Jimmy Morales en 2016.

En enero de 2023, el Tribunal Supremo Electoral debe hacer el llamado a elecciones generales y en julio, los guatemaltecos elegirán a 160 diputados, más de 300 alcaldes municipales y a su nuevo presidente y vicepresidente.