Canadá impuso sanciones este martes contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, dos fiscales y un juez por “corrupción y violaciones flagrantes y sistemáticas” de los derechos humanos en el país centroamericano.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció que las sanciones también incluyen a la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez; al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul, y al juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.

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“Los sancionados han trabajado sin descanso para socavar la democracia y prevenir la transición pacífica de poder. Estas sanciones servirán para disuadir acciones obstruccionistas de funcionarios corruptos y apoyar al Gobierno elegido democráticamente” del presidente Bernardo Arévalo de León”, señaló el Gobierno canadiense en un comunicado.

Las medidas adoptadas por Canadá contra la fiscal general de Guatemala se producen después de que la Unión Europea (UE) impusiera sanciones contra Porras a principios de febrero por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente guatemalteco.

Las sanciones de Canadá impiden a ciudadanos o empresas canadienses, o residentes en el país, mantener relaciones con los cuatro funcionarios guatemaltecos, congelan los activos que puedan tener en el país norteamericano y les impiden viajar a Canadá.

El Ministerio Público responde al Gobierno de Canadá

El Ministerio Público de Guatemala respondió a las declaraciones de la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, rechazando las acusaciones y afirmando que constituyen una amenaza para el orden legal y democrático.

El comunicado, fechado el 20 de febrero de 2024, también señala que acciones contra funcionarios de dicho ministerio podrían obstruir la justicia. El Ministerio cita a la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, en su oposición a sanciones unilaterales que afectan los derechos humanos.