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Capturados exdiputados del Congreso de la República por caso #PlazasFantasma

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El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, en coordinación con la CICIG, capturaron a tres exdiputados del Congreso de la República, y presentaron siete solicitudes de antejuicio contra igual número de diputados por la presunta comisión de delitos a través de la contratación excesiva e innecesaria y la creación de plazas fantasma en el Congreso.

A los tres exdiputados capturados se les imputan los delitos de: abuso de autoridad, peculado por sustracción.

  • Exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras.
  • Exdiputado Edgar Romeo Cristiani Calderón.
  • Exdiputado, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda.

Prófugo: exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada: abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Antejuicios solicitados
El Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de levantar la inmunidad para que sean investigados los siguientes diputados del Congreso por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción:

  • Luis Armando Rabbé Tejeda (además un tercer delito: nombramientos ilegales).
  • Arístides Crespo Villegas (además un tercer delito: nombramientos ilegales).
  • Julio César López Villatoro.
  • Selvin Boanerges García Velásquez.
  • César Emilio Fajardo Morales.
  • Manuel Marcelino García Chutá.
  • Carlos Enrique López Girón.

La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.

Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN UTILIZADAS

Modalidad 1: nombramientos irregulares
EI Presidente de la Junta Directiva es la autoridad nominadora del Organismo Legislativo encargada de autorizar la contratación de todo el personal del Congreso, en concurso con el Director General del Legislativo.

Ambos funcionarios están obligados a considerar en cualquier contratación al menos tres criterios:

1) Necesidad justificada.
2) Perfil idóneo y cumplimiento de requisitos.
3) Proporcionalidad de la compensación.

La investigación evidencia que los miembros de la Junta Directiva se unieron para distribuirse un alto número de plazas para contratar personal con presupuesto del Congreso, en contravención de las normas de reclutamiento y contratación del organismo y las normas generales en la materia vigentes en el Estado de Guatemala.

Modalidad 2: plazas fantasma
EI Presidente del Congreso a solicitud de cada uno de los miembros de la Junta Directiva contrata personal de apoyo, y lo asigna a cada diputado solicitante para que labore en tiempo completo en el Organismo Legislativo.

La investigación pudo determinar que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole, o incluso para empresas de propiedad de los propios diputados.

Arístides Crespo Villegas
En la modalidad uno, en período como presidente de la Junta Directiva del Organismo Legislativo (2014–2015) contrató a 17 personas bajo el renglón 022. Trece de ellas asignadas a la Presidencia (bajo su dirección) para el puesto de asistente con salarios entre 10, 12 y 15 mil quetzales las cuales sólo tenían de escolaridad nivel diversificado.

Nombró a cuatro asistentes con salarios de Q15 mil asignados a la Dirección de Comunicación Social sin que constara solicitud del jefe de dicha dependencia o documento que justificara la necesidad de estas contrataciones.

En los primeros días del mes de enero del 2015, a escasos días de entregar el cargo de Presidente del Congreso, autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para los miembros de la Junta Directiva que estaban por terminar su gestión.

Autorizó la contratación bajo el renglón 022 de al menos 44 personas asignadas a diversas unidades administrativas, sin que constara la solicitud del jefe de cada unidad que fundamentara la necesidad de contratar más personal. 25 de estas plazas eran de un salario igual o por encima de Q15 mil.

Como presidente de la Junta Directiva del Congreso autorizó 17 plazas bajo la modalidad dos, quienes devengaban salarios entre Q7 mil a Q15 mil. Se estableció que estas personas no asistían al Congreso y laboraban en otras dependencias.

Luis Armando Rabbé Tejeda
En su calidad de presidente del Congreso, autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva –lo cual está prohibido- y sin el perfil idóneo. Además se detectó que algunas de estas personas no asistían a sus labores.

Autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso de la República.

En la modalidad dos, como presidente de la Junta Directiva del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil.

José Luis Mijangos Contreras
En su calidad de Director General del Congreso (2014-2015) contrató por lo menos 87 asistentes, asignados a las distintas dependencias de la junta directiva saliente.

Suscribió numerosos contratos en los cuales su firma es una circunstancia necesaria a través de la cual se consumó la relación laboral a pesar de haber incumplido con las obligaciones que Ie impone la ley.

Participó en la comisión de actos arbitrarios y contrarios a la norma en términos de contratación de personal con conocimiento previo de la situación, dado el patrón de conductas que evidencia el incumplimiento de los deberes que por el cargo que ostentaba eran de cumplimiento obligatorio para garantizar la buena administración del patrimonio del Congreso de la República de Guatemala, por lo que encuadran en el delito de abuso de autoridad.

Solicitó y suscribió los contratos de sus dos asistentes y omitió los controles debidos con el fin de velar y garantizar una buena administración del patrimonio público, el cual se encontraba bajo su responsabilidad, viabilizaron la preparación del delito sin los cuales no se hubiera permitido que se sustrajeran fondos del Congreso de la República.

CONCLUSIONES

En la presidencia tanto de Arístides Crespo como de Luis Rabbe, resulta evidente que ambos funcionarios faltaron a sus deberes de debida diligencia en el cuidado del presupuesto del Congreso facilitando y autorizando la contratación de personal innecesario, que no cumple con el perfil para el puesto y con salarios excesivos.

Los miembros de la Junta Directiva, incluyendo ambos presidentes, se coludieron con la intención de generar un gran número de contrataciones anómalas e ilícitas para favorecer a determinadas personas y a sí mismos en detrimento del patrimonio del Estado y de la coherencia y legalidad del sistema de personal del Organismo Legislativo.

De tal forma se ha producido una superpoblación de personal en el Congreso que ocasiona un impacto financiero importante y negativo, y que además ha generado una cultura institucional perversa de entender la participación en la Junta Directiva como un botín para el enriquecimiento anómalo.

Vía: CICIG

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Operativos contra financistas del extinto Partido Lider

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Guatemala (MP) -. La Fiscalía Especial contra la Impunidad –FECI- del Ministerio Público, con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, durante una serie de allanamientos realizados este jueves, coordinó la captura de cuatro personas vinculadas al supuesto financiamiento electoral ilícito del partido Líder en las campañas electorales de 2011 y 2015.

Se trata de Roselia Díaz Ortiz, Carlos Humberto Martínez Ruano, Osmar Cruz Bustamante y Héctor Antonio Aldana Castillo.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG, se determinó que los fondos reportados para financiar las campañas electorales del partido Líder no pertenecían ni provenían de quienes figuraron como “financistas”. Se advirtió que muchos de los financistas declarados no tenían las características estructurales y económicas para realizar esos aportes.

Según la investigación policial y criminal y durante el análisis financiero, sirvieron para constatar la existencia de una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia, explicó el Jefe de la –FECI-, Juan Francisco Sandoval.

Para la generación de recursos y canalización de capitales en los años 2011 y 2015, se utilizó cuatro modalidades las cuales consistieron de la siguiente forma:

  1. Empresas y personas que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido Líder;
  2. Generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala;
  3. Siendo contratistas del Estado generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial.
  4. Invirtieron en publicidad a favor del partido líder en el año 2011.

Modalidad 1

Un total de nueve fueron las empresas que estuvieron relacionadas con Manuel Baldizón, estas fueron reportadas ante el Tribunal Supremo Electoral como financistas.

Dichas empresas incurrieron en comportamientos abiertamente contrarios a la lógica del beneficio de la actividad habitual, para lograr entregar dinero al Partido líder y sufragar su campaña.

Esta incluyó la entrega de aportes financieros y mayores al capital y o las utilidades percibidas, es decir operaban con pérdidas en los años electorales y facturaban por servicios no prestados.

Luego de la contienda electoral del año 2015 se disolvieron al menos 12 empresas vinculadas con Baldizón.

Además, dentro de la conformación del entramado societario participaron un grupo de notarios que utilizaron a personas sin voluntad alguna, o con absoluto desconocimiento, de la creación de las empresas involucradas en dicho caso.

Modalidad 2

Las empresas y personas que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de Manuel Baldizón y que están vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala en la campaña del año 2015, utilizaron capitales provenientes de subsidios estatales al transporte público, y otro tipo de recursos, para financiar al partido Líder.

En el entramado empresarial existían dos grupos uno relacionado con Manuel Baldizón y el otro por Luis Gómez, ambos generaron vínculos funcionales y simulaciones comerciales para encubrir el flujo de fondos destinados para financiar al partido líder en el año 2015.

Modalidad 3

Las personas que, siendo contratistas del Estado, generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial para financiar al Partido Líder, esto se produjo en los años 2011 y 2015 y con capital es predominante producidos por contratistas del Estado.

Modalidad 4

Fueron tres las empresas que intervinieron en publicidad a favor del partido Líder en el año 2011.

El MP detectó que en el año 2011 el financiamiento declarado ante el TSE fue de Q 11, 054,425.00, pero la investigación determinó que el 87,44% de los aportes no pertenecían de los supuestos financistas.  En el 2015 el monto declarado fue de Q 12,000, 000.00, la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

Las investigaciones detallan que hasta el momento se ha contabilizado que al menos 6 millones y medio de quetzales del subsidio destinado al Transurbano, fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder para los años 2011 y 2015.

Para lo anterior fue creado todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales.

Dichos fondos fueron reportados al TSE por medio de terceras empresas: los financistas declarados, pese a que las mismas carecían de soporte y capital financiero para este tipo de aportes, es decir declararon los fondos como financiamiento electoral ilícito cuando que el origen del dinero lo era.

Este mecanismo pervivió intacto para las dos campañas electorales y tal como lo muestra la investigación, Habiéndose detectado que para la campaña de 2011 un 87, 44 % de lo declarado por el partido Líder tenía en realidad un origen ilícito, mientras que para el 2015 este porcentaje ascendió al 100%.

Los hechos presentados en la investigación muestran la configuración de tipos penales contemplados en el artículo “N” primer párrafo; también se configura el delito contenido en el 407 “0” lavado de dinero y asociación ilícita entre otros.

Citados a primera declaración:

  1. Mario Humberto Chicas Zea
  2. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
  3. Otto René Bernal Ovando
  4. Alberto Rafael De León Escobar
  5. José Alejandro De León Escobar
  6. Jonathan Harry Chévez
  7. Francisco Fernando Alemán Paredes
  8. Ana Elizabeth Mancur Milián
  9. Lilia Eugenio López Velásquez
  10. Ramiro Antonio Calderón
  11. Oscar Leonel de León Cuellar
  12. Ángela Aníbal Pappa López
  13. Rutas Metropolitanas de Transporte S.A
  14. AEAU
  15. Expansión Corporativa Milenium S.A
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Más de medio millón de dólares pasan a favor del Estado

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Guatemala (MP) -. Las diligencias realizadas por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público, permitieron que 657 mil 880 dólares de los Estados Unidos pasen a favor del Estado, dinero que le fue incautado a Rudy Brooks Hernández, quien laboró como asesor en el Congreso de la República.

Hernández no pudo demostrar durante el debate el origen lícito del dinero que le fue incautado, por lo cual el Juzgado de Extinción de Dominio emitió el fallo, con fundamento en las pruebas que presentó el Ministerio Público.

Antecedentes

El 02 de marzo de 2018, en la línea antinarcótica de la Policía Nacional Civil se recibe una denuncia anónima en la cual advirtió que en la 10ª calle y avenida Las Américas, zona 14, a inmediaciones de un restaurante de comida rápida tripulantes de dos vehículos efectuarían una transacción de drogas.

Los elementos policiales se acercan a los dos vehículos que estaban estacionados, Rudy Hernández se encontraba afuera de uno de los automotores. Le piden que se identifiquen y  también presentó la tarjeta de circulación del vehículo que él dijo que conducía.

Posteriormente, los vehículos son inspeccionados y, en que el que conducía Hernández, en el baúl habían dos cajas de cartón en la cual transportaron los 657 mil 800 dólares, por lo que el vehículo tipo camioneta también pasó a favor del Estado.

El mismo día del operativo fue capturado y, posteriormente, en la audiencia de primera declaración fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero.

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Al menos cuatro capturados por lavado de dinero y asociación ilícita

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Guatemala -. Una mujer y tres hombres fueron capturados en distintos lugares, luego que la policía los identificara, estableciéndose que eran requeridos por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, fechada 12 de diciembre de 2018.

Las capturas se dan tras los allanamientos realizados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y el Ministerio Público -MP- a través de la Fiscalía Especial contra la Inpunidad.

En la 26 avenida y 9ª calle de la colonia Kaminal Juyú en la zona 7, fue detenido Héctor Antonio Aldana Castillo de 66 años, quien es sindicado de asociación ilícita y falsedad ideológica con agravación electoral.

En residenciales Galilea I, en la zona 18, fue aprehendida Roselia Díaz Ortiz de 43 años, ella es acusada de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral ilícito y falsedad ideológica con agravación de la pena.

Osmar Cruz Bustamante, es requerido por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Carlos Humberto Martínez Ruano de 66 años, fue aprehendido por ser sindicado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos; él fue detenido en la 8ª calle y 1ª avenida de la colonia Covi Hode en la zona 21.

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