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Capturados exdiputados del Congreso de la República por caso #PlazasFantasma

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El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, en coordinación con la CICIG, capturaron a tres exdiputados del Congreso de la República, y presentaron siete solicitudes de antejuicio contra igual número de diputados por la presunta comisión de delitos a través de la contratación excesiva e innecesaria y la creación de plazas fantasma en el Congreso.

A los tres exdiputados capturados se les imputan los delitos de: abuso de autoridad, peculado por sustracción.

  • Exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras.
  • Exdiputado Edgar Romeo Cristiani Calderón.
  • Exdiputado, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda.

Prófugo: exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada: abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Antejuicios solicitados
El Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de levantar la inmunidad para que sean investigados los siguientes diputados del Congreso por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción:

  • Luis Armando Rabbé Tejeda (además un tercer delito: nombramientos ilegales).
  • Arístides Crespo Villegas (además un tercer delito: nombramientos ilegales).
  • Julio César López Villatoro.
  • Selvin Boanerges García Velásquez.
  • César Emilio Fajardo Morales.
  • Manuel Marcelino García Chutá.
  • Carlos Enrique López Girón.

La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.

Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN UTILIZADAS

Modalidad 1: nombramientos irregulares
EI Presidente de la Junta Directiva es la autoridad nominadora del Organismo Legislativo encargada de autorizar la contratación de todo el personal del Congreso, en concurso con el Director General del Legislativo.

Ambos funcionarios están obligados a considerar en cualquier contratación al menos tres criterios:

1) Necesidad justificada.
2) Perfil idóneo y cumplimiento de requisitos.
3) Proporcionalidad de la compensación.

La investigación evidencia que los miembros de la Junta Directiva se unieron para distribuirse un alto número de plazas para contratar personal con presupuesto del Congreso, en contravención de las normas de reclutamiento y contratación del organismo y las normas generales en la materia vigentes en el Estado de Guatemala.

Modalidad 2: plazas fantasma
EI Presidente del Congreso a solicitud de cada uno de los miembros de la Junta Directiva contrata personal de apoyo, y lo asigna a cada diputado solicitante para que labore en tiempo completo en el Organismo Legislativo.

La investigación pudo determinar que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole, o incluso para empresas de propiedad de los propios diputados.

Arístides Crespo Villegas
En la modalidad uno, en período como presidente de la Junta Directiva del Organismo Legislativo (2014–2015) contrató a 17 personas bajo el renglón 022. Trece de ellas asignadas a la Presidencia (bajo su dirección) para el puesto de asistente con salarios entre 10, 12 y 15 mil quetzales las cuales sólo tenían de escolaridad nivel diversificado.

Nombró a cuatro asistentes con salarios de Q15 mil asignados a la Dirección de Comunicación Social sin que constara solicitud del jefe de dicha dependencia o documento que justificara la necesidad de estas contrataciones.

En los primeros días del mes de enero del 2015, a escasos días de entregar el cargo de Presidente del Congreso, autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para los miembros de la Junta Directiva que estaban por terminar su gestión.

Autorizó la contratación bajo el renglón 022 de al menos 44 personas asignadas a diversas unidades administrativas, sin que constara la solicitud del jefe de cada unidad que fundamentara la necesidad de contratar más personal. 25 de estas plazas eran de un salario igual o por encima de Q15 mil.

Como presidente de la Junta Directiva del Congreso autorizó 17 plazas bajo la modalidad dos, quienes devengaban salarios entre Q7 mil a Q15 mil. Se estableció que estas personas no asistían al Congreso y laboraban en otras dependencias.

Luis Armando Rabbé Tejeda
En su calidad de presidente del Congreso, autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva –lo cual está prohibido- y sin el perfil idóneo. Además se detectó que algunas de estas personas no asistían a sus labores.

Autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso de la República.

En la modalidad dos, como presidente de la Junta Directiva del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil.

José Luis Mijangos Contreras
En su calidad de Director General del Congreso (2014-2015) contrató por lo menos 87 asistentes, asignados a las distintas dependencias de la junta directiva saliente.

Suscribió numerosos contratos en los cuales su firma es una circunstancia necesaria a través de la cual se consumó la relación laboral a pesar de haber incumplido con las obligaciones que Ie impone la ley.

Participó en la comisión de actos arbitrarios y contrarios a la norma en términos de contratación de personal con conocimiento previo de la situación, dado el patrón de conductas que evidencia el incumplimiento de los deberes que por el cargo que ostentaba eran de cumplimiento obligatorio para garantizar la buena administración del patrimonio del Congreso de la República de Guatemala, por lo que encuadran en el delito de abuso de autoridad.

Solicitó y suscribió los contratos de sus dos asistentes y omitió los controles debidos con el fin de velar y garantizar una buena administración del patrimonio público, el cual se encontraba bajo su responsabilidad, viabilizaron la preparación del delito sin los cuales no se hubiera permitido que se sustrajeran fondos del Congreso de la República.

CONCLUSIONES

En la presidencia tanto de Arístides Crespo como de Luis Rabbe, resulta evidente que ambos funcionarios faltaron a sus deberes de debida diligencia en el cuidado del presupuesto del Congreso facilitando y autorizando la contratación de personal innecesario, que no cumple con el perfil para el puesto y con salarios excesivos.

Los miembros de la Junta Directiva, incluyendo ambos presidentes, se coludieron con la intención de generar un gran número de contrataciones anómalas e ilícitas para favorecer a determinadas personas y a sí mismos en detrimento del patrimonio del Estado y de la coherencia y legalidad del sistema de personal del Organismo Legislativo.

De tal forma se ha producido una superpoblación de personal en el Congreso que ocasiona un impacto financiero importante y negativo, y que además ha generado una cultura institucional perversa de entender la participación en la Junta Directiva como un botín para el enriquecimiento anómalo.

Vía: CICIG

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Aseguran que cajas con material electoral se cayeron por accidente

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En la casa del Dr. Rubén Arriola B. se apersonaron varios delegados de distintas instituciones para brindar una conferencia de prensa, donde según aseguran, las cajas que contenían las diferentes papeletas pudieron haberse caído tras un accidente ocurrido ruta desde la ciudad capital hacia el municipio de Salamá, Baja Verapaz.

Lea también: Se caen cajas con papeletas en ruta Las Verapaces

Encargados de Cargo Expreso (empresa encargada de transportar dichas cajas) aseguran que “Un carro tipo Pick Up se nos atravesó, y al frenar, el peso de las cajas forzó las barras de contensión y seguridad que llevaba nuestro camión y abrió las puertas, dejando caer las cajas”

Tras el accidente se presentaron varios elementos de la Policía Nacional Civil que resguardaron las cajas que contenían las papeletas.

Tras la conferencia de Prensa, el Director de la Junta Electoral Municipal de Baja Verapaz, Dr. Rubén Arriola B. cortó el marchamo que le pusieron nuevamente a la puerta. Trabajadores del Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral harán la verificación e investigación respectiva.

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Caso: Financiamiento Electoral Ilícito Partido Unionista

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El 05 de octubre del 2017, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, con el acompañamiento de la CICIG, realizaron varios allanamientos (16) en las oficinas de la Municipalidad de Guatemala, incluidas las dependencias del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU), y en residencias de personas vinculadas con la investigación. El 12 de julio de 2018 se ejecutaron otros allanamientos (18)  en dicha comuna y en la Financiera de Occidente.

En los operativos se incautó un gran número  de documentos y dispositivos electrónicos: más de 8 mil presentaciones proselitistas en power point, informes, reportes de los planes  de estrategia político partidaria, correos electrónicos y propuestas de actividades. La información obtenida dio cuenta de la existencia de estrategias y planes diseñados desde la Municipalidad con el propósito de generar o incrementar el número de simpatizantes o militantes del Partido Unionista (PU), y para sufragar los gastos de dichos planes se utilizaban fondos municipales.

Hechos

En el presente caso se pudo concluir que dirigentes del Partido Unionista (PU) actuando desde dentro de la Municipalidad de Guatemala y con cargos en esa dependencia, de manera conjunta con personal operativo municipal, conformaron un grupo que de forma organizada y sistemática -desde los años 2011 hasta 2015- llevó adelante los planes y estrategias concebidos para generar o incrementar la militancia o simpatía con el Partido Unionista así como el caudal de votos. Todo este esfuerzo sostenido durante años y en favor del partido y del alcalde Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, buscaba asegurar su triunfo electoral en las elecciones de los años 2011 y 2015.

Para financiar los gastos del partido, así como otras actividades proselitistas se utilizaron fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana –FAPU- con el que se sufragaban actividades continuas de promoción con fines electorales, pretendiendo perpetuar en la comuna capitalina al partido político Unionista y la administración de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen.

Se pudo acreditar que las estrategias y planes se materializaron de dos formas: a través de actividades municipales a las que se les dio contenido proselitista y actividades directamente proselitistas. Para ello, involucraron el recurso humano contratado por el ente edilicio y asesores internacionales, así como fondos públicos municipales.

Se acreditó la existencia de dos grandes planes dentro de la estrategia partidista sostenida dentro de la comuna capitalina:

  1. El denominado “plan hormiga”, que consistió en convertir a cada uno de los trabajadores municipales un captador de votos, puerta por puerta, realizándose también eventos y actividades de campaña a favor del PU y de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen.
  2. El denominado “plan 8”, diseñado para que, a través de actividades varias (convivencias, capacitaciones, y similares) al interior de la Municipalidad de Guatemala, se captaran los votos de los trabajadores en favor del PU y de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, con el objeto que dichos trabajadores, a su vez, se encargasen de buscar nuevos votantes y/o adeptos al PU entre su círculo cercano, buscando así un efecto multiplicador en el voto.

El primer plan se ejecutó desde 2011 a 2015; el segundo, durante los 8 meses anteriores a la contienda electoral 2015 (a eso debe su nombre).

Los planes y acciones eran conocidos por las máximas autoridades, quienes recibían reportes, supervisaban y/o participaban directamente en labores de coordinación. Sus requerimientos y gastos eran cubiertos por la comuna a través de la infraestructura material y humana de ésta, y de los fondos públicos del Fideocomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU).

Para que los fondos del FAPU fluyesen sin restricciones se utilizó el engaño, disfrazando los pagos mediante facturas alteradas o falsas. Quienes conformaban el Comité Técnico de dicho fideicomiso -órgano que aprobaba los pagos- ocupaban a su vez cargos partidistas y eran militantes del PU. Es decir, ellos mismos “autorizaban”  sus gastos de campaña electoral. De esta forma presuntamente actuaron Luisa María Salas Bedoya, Ricardo Quiñónez Lemus, Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz y Luis Pedro Villanueva Mirón. Ellos tenían conocimiento de que los gastos correspondían a actividades vinculados con las estrategias partidistas, en especial  el “plan hormiga” y el “plan 8”; incluso, tuvieron participación directa, coordinación y/o supervisión en las actividades de dichos planes.

En base a los medios de prueba obtenidos en los 34 allanamientos realizados en octubre de 2017 y julio de 2018, la documentación y las extracciones forenses practicadas a los dispositivos electrónicos incautados, el cruce de análisis y verificación necesaria, testimoniales y otros medios de convicción, se pudo establecer que existen indicios suficientes para sostener que el Partido Unionista instrumentalizó a la Municipalidad de Guatemala, conformando un grupo que de forma organizada y sistemática -durante los años 2011 hasta 2015- llevó adelante los planes y estrategias partidistas y procuró que fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) sufragaran dichas actividades del partido político Unionista y de la administración de Álvaro Arzú, con el fin de perpetuarlos en el poder municipal. [CICIG]

Hoy se realizaron las siguientes diligencias:

NOMBRE  Y CARGO

(Al momento de los hechos)

DELITOS DILIGENCIA
Pedro Licinio Ruano Roldán (Director financiero del FAPU) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Citación
Luisa María Silvana Salas (Presidenta del Comité Técnico del FAPU y Síndico I del Concejo Municipal) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Citación
Luis Pedro Villanueva Mirón (Vocal del Comité Técnico del FAPU y Concejal IV del Concejo Municipal ) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Captura
Carlos Alejandro Miranda (Gestor y organizador de actividades proselitistas y Asistente en la Dirección de Desarrollo Social) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Citación
Héctor Adolfo Cifuentes (Secretario General del Partido Unionista y de la Municipalidad) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Captura

Se presentarán las siguientes solicitudes de antejuicio:

NOMBRE  Y CARGO

(Al momento de los hechos)

DELITOS
Ricardo Quiñónez Lemus

(Vicealcalde de la ciudad de Guatemala, Concejal I del Concejo Municipal y Vocal II del Comité Técnico del FAPU).

– Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Víctor Manuel Martínez Ruiz

(Concejal II de la Municipalidad y Vocal I en el Comité Técnico del FAPU)

– Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado

 

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Allanamientos deja hasta el momento 5 detenidos de la banda “Los Paisas”

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Con la finalidad de desarticular a una estructura criminal dedicada al sicariato denominada “Los Paisas”, más de 200 agentes e investigadores de la División de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público (MP), llevan a cabo 20 allanamientos en Chiquimula, El Progreso, Zacapa y Guatemala, donde hasta el momento se reporta la detención de 5 personas.

Los detenidos son:

  • Luis Miguel Godoy Corado
  • Neri Mauricio Gallardo Macal
  • Mario Antonio García Comapa,
  • Ronald Edgardo Ogaldes Pérez
  • Álvaro de León Cortés
  • Erick Edilsar Lorenzo Mártir

También han capturado a un subinspector y a un agente de PNC en el proceso de autodepuración de la institución policial.

Esta banda es responsable de planificar, coordinar y consumar diversos hechos delictivos, dedicándose principalmente al sicariato, narcotráfico, robo agravado, obstaculización a la acción penal y tráfico de influencias. Además contrabandeaban cigarros, operando desde Peten y Ruta al Atlántico. [MINGOB]

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