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Capturados por ejecuciones extra judiciales y torturas

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Vielman y Velasco son enviados a la cárcel preventiva de Mariscal Zavala mientras esperan la audiencia de primera declaración fijada para el 9 de noviembre.

A raíz de una investigación conjunta realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el día de hoy se realizaron 14 allanamientos y ejecutaron cuatro de cinco órdenes de captura emitidas por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A.

Las diligencias de investigación evidenciaron siete hechos nuevos cometidos por la estructura criminal paralela que se dedicaba a realizar ejecuciones extrajudiciales desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 al 2007. Los nuevos hechos que se imputarán tienen sustento en antiguos y recientes elementos probatorios que permiten señalar la participación de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (Ciacs) en su versión más clásica.

Las órdenes de captura y los delitos que se imputan son:

  1. Kamilo José Rivera Gálvez, ejecución extrajudicial. (Prófugo)
  2. Carlos  Roberto Vielmann Montes, ejecución extrajudicial, tortura. (Capturado)
  3. Suhairam Stu Velasco Crispín, ejecución extrajudicial. (Capturado)
  4. Francisco Guarcas de Paz, ejecución extrajudicial. (Capturado)
  5. Víctor Manuel Ruiz González, ejecución extrajudicial. (Capturado)

Asimismo, se citará para imputar a:

  1. Axel Arnoldo Martínez Arreaza, ejecución extrajudicial (actualmente cumple condena).
  2. Erwin Johann Sperisen Vernon, ejecución extrajudicial, tortura (sentenciado en Ginebra Suiza).
  3. Víctor Hugo Soto Diéguez, ejecución extrajudicial, tortura (actualmente cumple condena).

Antecedentes

El 22 de octubre del año 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, denominada “El Infiernito”. En ese entonces las autoridades pusieron en marcha el Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos. La que parecía ser una orden normal dentro de las fuerzas policiales ante una situación como la fuga, era sólo la fachada legal de lo que posteriormente se convertiría en ejecuciones extrajudiciales organizadas desde la cúpula del Ministerio de Gobernación y la PNC.

De esta manera el Ciacs que operaba en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil cometió graves violaciones al debido proceso y los derechos humanos de las personas que, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas extrajudicialmente. Para ello, se valieron de toda la infraestructura estatal que utilizaron para llegar a las personas que eran objetivo de búsqueda.Posteriormente, grupos armados ilegales decidían cómo ejecutar a los detenidos.

En diligencias de investigación recientemente practicadas se pudo conocer que el entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Criminal, Víctor Soto, dijo a uno de las víctimas que el nombre del plan de ejecuciones extrajudiciales “Gavilán” se explicaba porque, al igual que dichas aves, los actores tomaban a la presa (los reos) en un lado y se los destrozan (ejecutaban) en otro lugar.

Las ejecuciones extrajudiciales realizadas mantenían patrones comunes: primero, el grupo integrado para ejecutar el “Plan Gavilán” era el designado para ubicar a las personas; una vez realizada la ubicación o captura, el equipo paralelo criminal integrado por PNC y comandado desde el MINGOB entraba a darle muerte al prófugo. Para ello, utilizaban capuchas, ropa tipo comando y armas largas (AK-47 y AR-15).  Luego de capturarlos, trasladaban a las víctimas a un lugar distinto, simulaban un enfrentamiento y colocaban armasen las manos de los fallecidos (muchas veces, era la misma arma con que se les había ejecutado). Al finalizar la ejecución, altas autoridades acudían a la escena del crimen para dar apariencia de legalidad, e incluso daban entrevista a los medios reforzando la versión oficial sobre el supuesto enfrentamiento.

Nuevos hechos

La investigación se centra en siete hechos nuevos en los cuales tuvo participación dicha estructura criminal, que no han sido juzgados en tribunales nacionales o internacionales.  Se cuenta con evidencia probatoria suficiente para señalar que el Ciacs utilizó la siguiente estructura criminal (asociación) en los eventos descritos:

En la cúpula se ubicaba el entonces Ministro de Gobernación, Carlos Roberto Vielmann Montes y el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Johann Sperisen Vernon.  Este a su vez contaba con jefes operativos a cargo de determinados grupos de agentes que ejecutaban las acciones delictivas.

En los hechos aquí presentados actuaron dos grupos: el liderado por el asesor del Ministro de Gobernación,Víctor José Rivera Azuaje, hoy fallecido,  y el comandado por Víctor Hugo Soto Diéguez, como Jefe del Servicio de Investigación Criminal (SIC). Algunos de los agentes operativos que realizaban los hechos delictivos que han sido identificados y/o mencionados por testigos son los siguientes:

  1. En el grupo comandado por Víctor Soto,los agentes: 1) Francisco Guarcas De Paz, agente de la PNC, en ese entonces asignado en la Sección de Vehículos (SIC); y 2) Víctor Manuel Ruíz González, exjefe de Operaciones del SIC.  Este grupo incluía también a losinvestigadores 3) Luis Arturo Herrera López, 4) José Adolfo Gutiérrez Marvin y 5) Marvín Langen Escobar Méndez.
  2. En el grupo comandado por Víctor Rivera, se encuentran: 6) Kamilo Rivera (actual primer Viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación); 7) Axel Arnoldo Martínez Arriaza (condenado a 25 años por ejecución extrajudicial en el caso Zacapa); y 8) Suhairam Stu Velasco Crispín, ex  subdirector de la DEIC.

Los medios de prueba que sustentan los nuevos hechos atribuidos a esta estructura criminal consisten, respecto de la ejecución extrajudicial en Barberena, en 43 testimonios, de los cuales 6 fueron recientemente recibidos en calidad de anticipo de prueba, necropsia, dictamen balístico e informes policiales; respecto del segundo hecho (ejecución extrajudicial en zona 5), se cuenta con 13 testimonios, 7 de ellos recibidos en anticipo de prueba.

Las contundentes pruebas establecen que tres personas fueron ejecutadas extrajudicialmente mediante montajes de falsos enfrentamientos con la policía, siendo ellos: Hugo Humberto Ruiz Fuentes (Barberena), Douglas Sadiel Arauz Palacios (zona Cinco) y Adonis Asael Murillo, ciudadano hondureño quien no tenía implicación en los hechos.

Conforme a las declaraciones testimoniales recibidas en calidad de anticipo de prueba, cuatro personas fueron capturadas y torturadas en las instalaciones de la Policía Nacional Civil por Carlos Roberto Vielmann Montes, Erwin Johan Sperisen Vernon y Víctor Hugo Soto Diéguez.

Violación a todo tipo de garantía para la ciudadanía. Para el Ministerio Público y la CICIG, hechos de esta naturaleza no se pueden volver a cometer en las instituciones de seguridad, puesto que toda persona que es capturada pasa a estar bajo la tutela del Estado y debe ser presentada ante juez para ser escuchada y explicarle los motivos de su detención y ser sometida a un proceso legal y respetuoso de las garantías constitucionales. Ningún delito, ni aún de la naturaleza de los cometidos por los prófugos, justifica que las fuerzas de seguridad operen como criminales. Permitir y consentir dichas acciones generan una situación de vulnerabilidad para toda la sociedad. [CICIG]

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Aseguran que cajas con material electoral se cayeron por accidente

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En la casa del Dr. Rubén Arriola B. se apersonaron varios delegados de distintas instituciones para brindar una conferencia de prensa, donde según aseguran, las cajas que contenían las diferentes papeletas pudieron haberse caído tras un accidente ocurrido ruta desde la ciudad capital hacia el municipio de Salamá, Baja Verapaz.

Lea también: Se caen cajas con papeletas en ruta Las Verapaces

Encargados de Cargo Expreso (empresa encargada de transportar dichas cajas) aseguran que “Un carro tipo Pick Up se nos atravesó, y al frenar, el peso de las cajas forzó las barras de contensión y seguridad que llevaba nuestro camión y abrió las puertas, dejando caer las cajas”

Tras el accidente se presentaron varios elementos de la Policía Nacional Civil que resguardaron las cajas que contenían las papeletas.

Tras la conferencia de Prensa, el Director de la Junta Electoral Municipal de Baja Verapaz, Dr. Rubén Arriola B. cortó el marchamo que le pusieron nuevamente a la puerta. Trabajadores del Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral harán la verificación e investigación respectiva.

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Caso: Financiamiento Electoral Ilícito Partido Unionista

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El 05 de octubre del 2017, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, con el acompañamiento de la CICIG, realizaron varios allanamientos (16) en las oficinas de la Municipalidad de Guatemala, incluidas las dependencias del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU), y en residencias de personas vinculadas con la investigación. El 12 de julio de 2018 se ejecutaron otros allanamientos (18)  en dicha comuna y en la Financiera de Occidente.

En los operativos se incautó un gran número  de documentos y dispositivos electrónicos: más de 8 mil presentaciones proselitistas en power point, informes, reportes de los planes  de estrategia político partidaria, correos electrónicos y propuestas de actividades. La información obtenida dio cuenta de la existencia de estrategias y planes diseñados desde la Municipalidad con el propósito de generar o incrementar el número de simpatizantes o militantes del Partido Unionista (PU), y para sufragar los gastos de dichos planes se utilizaban fondos municipales.

Hechos

En el presente caso se pudo concluir que dirigentes del Partido Unionista (PU) actuando desde dentro de la Municipalidad de Guatemala y con cargos en esa dependencia, de manera conjunta con personal operativo municipal, conformaron un grupo que de forma organizada y sistemática -desde los años 2011 hasta 2015- llevó adelante los planes y estrategias concebidos para generar o incrementar la militancia o simpatía con el Partido Unionista así como el caudal de votos. Todo este esfuerzo sostenido durante años y en favor del partido y del alcalde Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, buscaba asegurar su triunfo electoral en las elecciones de los años 2011 y 2015.

Para financiar los gastos del partido, así como otras actividades proselitistas se utilizaron fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana –FAPU- con el que se sufragaban actividades continuas de promoción con fines electorales, pretendiendo perpetuar en la comuna capitalina al partido político Unionista y la administración de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen.

Se pudo acreditar que las estrategias y planes se materializaron de dos formas: a través de actividades municipales a las que se les dio contenido proselitista y actividades directamente proselitistas. Para ello, involucraron el recurso humano contratado por el ente edilicio y asesores internacionales, así como fondos públicos municipales.

Se acreditó la existencia de dos grandes planes dentro de la estrategia partidista sostenida dentro de la comuna capitalina:

  1. El denominado “plan hormiga”, que consistió en convertir a cada uno de los trabajadores municipales un captador de votos, puerta por puerta, realizándose también eventos y actividades de campaña a favor del PU y de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen.
  2. El denominado “plan 8”, diseñado para que, a través de actividades varias (convivencias, capacitaciones, y similares) al interior de la Municipalidad de Guatemala, se captaran los votos de los trabajadores en favor del PU y de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, con el objeto que dichos trabajadores, a su vez, se encargasen de buscar nuevos votantes y/o adeptos al PU entre su círculo cercano, buscando así un efecto multiplicador en el voto.

El primer plan se ejecutó desde 2011 a 2015; el segundo, durante los 8 meses anteriores a la contienda electoral 2015 (a eso debe su nombre).

Los planes y acciones eran conocidos por las máximas autoridades, quienes recibían reportes, supervisaban y/o participaban directamente en labores de coordinación. Sus requerimientos y gastos eran cubiertos por la comuna a través de la infraestructura material y humana de ésta, y de los fondos públicos del Fideocomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU).

Para que los fondos del FAPU fluyesen sin restricciones se utilizó el engaño, disfrazando los pagos mediante facturas alteradas o falsas. Quienes conformaban el Comité Técnico de dicho fideicomiso -órgano que aprobaba los pagos- ocupaban a su vez cargos partidistas y eran militantes del PU. Es decir, ellos mismos “autorizaban”  sus gastos de campaña electoral. De esta forma presuntamente actuaron Luisa María Salas Bedoya, Ricardo Quiñónez Lemus, Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz y Luis Pedro Villanueva Mirón. Ellos tenían conocimiento de que los gastos correspondían a actividades vinculados con las estrategias partidistas, en especial  el “plan hormiga” y el “plan 8”; incluso, tuvieron participación directa, coordinación y/o supervisión en las actividades de dichos planes.

En base a los medios de prueba obtenidos en los 34 allanamientos realizados en octubre de 2017 y julio de 2018, la documentación y las extracciones forenses practicadas a los dispositivos electrónicos incautados, el cruce de análisis y verificación necesaria, testimoniales y otros medios de convicción, se pudo establecer que existen indicios suficientes para sostener que el Partido Unionista instrumentalizó a la Municipalidad de Guatemala, conformando un grupo que de forma organizada y sistemática -durante los años 2011 hasta 2015- llevó adelante los planes y estrategias partidistas y procuró que fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) sufragaran dichas actividades del partido político Unionista y de la administración de Álvaro Arzú, con el fin de perpetuarlos en el poder municipal. [CICIG]

Hoy se realizaron las siguientes diligencias:

NOMBRE  Y CARGO

(Al momento de los hechos)

DELITOS DILIGENCIA
Pedro Licinio Ruano Roldán (Director financiero del FAPU) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Citación
Luisa María Silvana Salas (Presidenta del Comité Técnico del FAPU y Síndico I del Concejo Municipal) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Citación
Luis Pedro Villanueva Mirón (Vocal del Comité Técnico del FAPU y Concejal IV del Concejo Municipal ) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Captura
Carlos Alejandro Miranda (Gestor y organizador de actividades proselitistas y Asistente en la Dirección de Desarrollo Social) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Citación
Héctor Adolfo Cifuentes (Secretario General del Partido Unionista y de la Municipalidad) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Captura

Se presentarán las siguientes solicitudes de antejuicio:

NOMBRE  Y CARGO

(Al momento de los hechos)

DELITOS
Ricardo Quiñónez Lemus

(Vicealcalde de la ciudad de Guatemala, Concejal I del Concejo Municipal y Vocal II del Comité Técnico del FAPU).

– Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Víctor Manuel Martínez Ruiz

(Concejal II de la Municipalidad y Vocal I en el Comité Técnico del FAPU)

– Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado

 

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Allanamientos deja hasta el momento 5 detenidos de la banda “Los Paisas”

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Con la finalidad de desarticular a una estructura criminal dedicada al sicariato denominada “Los Paisas”, más de 200 agentes e investigadores de la División de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público (MP), llevan a cabo 20 allanamientos en Chiquimula, El Progreso, Zacapa y Guatemala, donde hasta el momento se reporta la detención de 5 personas.

Los detenidos son:

  • Luis Miguel Godoy Corado
  • Neri Mauricio Gallardo Macal
  • Mario Antonio García Comapa,
  • Ronald Edgardo Ogaldes Pérez
  • Álvaro de León Cortés
  • Erick Edilsar Lorenzo Mártir

También han capturado a un subinspector y a un agente de PNC en el proceso de autodepuración de la institución policial.

Esta banda es responsable de planificar, coordinar y consumar diversos hechos delictivos, dedicándose principalmente al sicariato, narcotráfico, robo agravado, obstaculización a la acción penal y tráfico de influencias. Además contrabandeaban cigarros, operando desde Peten y Ruta al Atlántico. [MINGOB]

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