Treinta de los 41 integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) operan con cargos vencidos. Esto representa el 73 % de quienes opinan y votan fuera del período legal.

La situación implica un incumplimiento parcial de una sentencia de amparo emitida en septiembre de 2024. Dicha resolución ordenó convocar elecciones para los puestos caducados y quedó firme el 20 de marzo pasado.

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Algunos miembros opositores a la gestión del rector Walter Mazariegos denunciaron que el Consejo realiza elecciones a conveniencia para mantener la mayoría. Además, advirtieron que en 2026 se elegirá al rector, así como a autoridades de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), procesos en los que la USAC participa.

Representantes del CSU afines a Mazariegos evitaron responder los cuestionamientos. Otros justificaron el retraso por una supuesta falta de información y padrones, que —según argumentan— fueron vulnerados durante la toma del campus central entre 2022 y 2023.

El proceso eleccionario se convirtió en un laberinto de recursos legales. Esto ha impedido la renovación completa de la máxima autoridad sancarlista, como ordenaron los magistrados.

Historia de desobediencias

El 18 de septiembre de 2024, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó al CSU promover comicios para reemplazar a representantes con períodos vencidos. En ese momento, 37 puestos estaban caducados.

El 13 de febrero de 2025, la CC confirmó la sentencia y el 20 de marzo quedó firme. Sin embargo, según el monitoreo de Guatemala Visible, 30 plazas siguen fuera del período legal.

Mynor Lorenzo, analista de la organización, calificó el mecanismo de reemplazos como “muy lento”. Además, lo consideró un “incumplimiento parcial” de las resoluciones judiciales.

Ante la sentencia, el CSU alegó “imposibilidades materiales” para realizar elecciones. Argumentó que la toma ilegal del campus central dañó información clave, según consta en el Acta 23-2024.

En ese documento, el Consejo afirmó que el Departamento de Registro y Estadística sufrió la extracción y hurto de discos duros con datos necesarios para reconstruir el padrón electoral.

Marvin Salguero, decano de Agronomía y aliado de Mazariegos, reiteró la vulnerabilidad de la información. “Las elecciones no se pueden hacer de la noche a la mañana”, sostuvo.

¿Elecciones a la carta?

Verónica Carrera, exrepresentante docente de Arquitectura, rechazó ese argumento. Afirmó que la falta de padrones es una excusa insostenible.

“Dicen que Registro y Estadística no puede dar certeza de los padrones, pero sí emite títulos y paga a docentes; entonces, no se entiende por qué no se puede hacer un padrón”, expresó.

Un integrante del CSU, que pidió no ser identificado, respaldó esa crítica. Señaló que en Arquitectura se convocó a docentes, egresados y estudiantes, lo que demuestra que los cuerpos electorales sí existen.

Según esa fuente, la falta de convocatorias responde a una estrategia política para mantener un cuórum afín a Mazariegos, con miras a los comicios de 2026.

El mismo integrante afirmó que las primeras elecciones funcionaron como un “experimento” para medir la aceptación de aliados del rector. “Mientras el consejero sea útil, no se cita a elecciones”, resumió.

Mencionó como ejemplo la reelección de Henry Arriaga, decano de Derecho. Según dijo, fue clave por su participación en comisiones de postulación.

Se intentó contactar a Arriaga, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Lorenzo, de Guatemala Visible, consideró que estas acciones forman parte de una estrategia para mantener el control del CSU con personas cercanas al rector.

Electos, pero bloqueados

Datos de Guatemala Visible indican que cinco candidatos electos no han asumido cargos: un docente de Medicina, un egresado de Veterinaria y representantes estudiantiles de Farmacia, Ingeniería y Medicina.

Roberto Luna, estudiante electo de Ingeniería en julio pasado, aún no es reconocido por el CSU. Denunció restricciones para difundir su perfil durante la campaña.

Tras ganar, aseguró que el Consejo no le ha dado respuesta sobre su toma de posesión. Presentó un amparo para que se valide su cargo.

Luna también señaló que Oswaldo Cabrera, representante de Derecho electo después que él, sí fue reconocido en septiembre de 2025.

Denilsson Esquit, estudiante electo de Ciencias Químicas y Farmacia, enfrenta una situación similar. “Cuando los ganadores son afines, no hay problemas para ejercer”, afirmó.

En un comunicado, la misión de la OEA pidió que los miembros electos del CSU asuman a la brevedad, en apego a la Constitución y resoluciones judiciales.

Quejas y atrasos

La abogada Astrid Lemus, procuradora del amparo, confirmó que en abril la Sala Primera emitió una debida ejecutoria y otorgó 24 horas para cumplir la sentencia.

Según Lemus, el CSU respondió que ya ejecutaba algunas convocatorias. La Sala no certificó la desobediencia, al considerar iniciado el cumplimiento.

Por ello, en mayo se presentó una queja ante la CC. “La sala no exigió el cumplimiento que ella misma ordenó”, explicó.

El oficial Marco Reyes indicó que el tribunal ya no puede actuar de oficio. “Hasta ahí llegamos nosotros”, afirmó.

Ayer, la CC resolvió parcialmente la queja. Fijó un plazo para que el tribunal actúe y advirtió al CSU sobre posibles consecuencias.

Trascendencia internacional

La OEA reiteró el 3 de diciembre su preocupación por la situación del CSU. Señaló una crisis prolongada de gobernanza universitaria con impacto en procesos de postulación.

“Avanzar en la plena integración del CSU es esencial para asegurar procesos legítimos y transparentes”, concluyó la misión.

El Consejo quedó advertido

El 15 de diciembre, la CC ordenó que en 48 horas el tribunal requiera informe al CSU sobre el cumplimiento de la sentencia.

Además, instruyó fijar un plazo perentorio si no se ha convocado a elecciones para todos los cargos vencidos. La CC advirtió que podría proceder el encausamiento penal de los responsables. [DCA]