En el Caso Agua Mágica, las sentencias de cinco años de prisión que había dictaminado el Tribunal de Mayor Riesgo B contra Clara Carballo y Manuel Sosa Batres, fueron sustituidas por cauciones económicas.

La Procuraduría General de la Nación -PGN-, solicitó que las penas de prisión de Carballo y Sosa Batres fuera sustituidas por un pago económico al Estado de Guatemala debido a los daños causados.

Entre los agravios de los dos sentenciados está la defraudación al estado y brindar su consentimiento en la adquisición de una supuesta solución mágica que supuestamente limpiaría el lago de Amatitlán.

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En este aspecto, los miembros del tribunal ordenaron que Carballo deba pagar una cantidad de 185 mil 500 quetzales.

En tanto que Manuel Sosa Batres 79 mil quetzales. A esta cantidad se suma la multa de 50 mil que le fue impuesta cuando fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito.