Un juez guatemalteco ordenó este jueves prisión preventiva para seis exmilitares imputados por el asesinato de 183 opositores entre 1983 y 1985; esto dentro del caso denominado “Diario Militar”, que tuvo lugar durante el conflicto interno del país.
La decisión la dictaminó el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “B”; por lo que los implicados quedarán tras las rejas de manera preventiva hasta el inicio de la fase intermedia del proceso judicial en su contra en septiembre.
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A los sindicados se les acusa de capturas ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas entre 1983 y 1985. Ocurrió en medio del conflicto armado interno que duró 36 años en Guatemala y dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, según cifras de organismos internacionales.
Gálvez decretó la imputación de 6 de 12 acusados el miércoles debido a que “existen los indicios racionales suficientes” para dictar el “auto de procesamiento”; esto por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.
En la continuación de la audiencia de primera declaración de 6 sindicados del caso #DiarioMilitar la Agencia de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno logró que se dictara prisión preventiva de los 6 imputados por los delitos de: pic.twitter.com/Do8OOHrmLe
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En su resolución del miércoles, Gálvez aseguró que la desaparición forzada es un delito que “rompe esquemas; y permanece hasta que se conoce el paradero de la víctima”. También lamentó que dentro del concepto de “enemigo interno” utilizado por el Ejército durante el conflicto armado (1960-1996) se tuvieran bajo ese término al menos 28 niñas, niños y adolescentes.
Caso del Diario Militar, una estructuras contrainsurgencia
Los exmilitares dirigieron e integraron estructuras de contrainsurgencia del Estado de Guatemala. Entre estas la Dirección de Inteligencia Militar, conocida como D-2; el Departamento de Investigaciones Técnicas -que fichaba opositores políticos-; la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Nacional; y la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial, conocida como “El Archivo”.
#DiarioMilitar El juez lee el relato de una niña de 9 años que al regresar de la escuela encontró a militares en su casa.
— Jody García (@JodyReporta) June 9, 2021
“Uno de ellos me tiró a la cama, me empezó a tocar las piernas y se puso encima de mí. Sentí un dolor muy fuerte debajo del vientre. Luego vi que sangraba".
El caso tomó el nombre de un documento castrense nombrado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte” desclasificado en mayo de 1999 por el Archivo Nacional de Seguridad -NSA, en inglés-, con sede en la Universidad George Washington, en Estados Unidos; este contenía información de las organizaciones contrarias al Gobierno y más de 183 personas consideradas enemigas internas de Guatemala.
De los 12 detenidos inicialmente el pasado 27 de mayo y 1 de junio, el juez Gálvez solo proceso a seis; el resto fueron internados en centros hospitalarios debido a problemas de salud presentados al momento de ejercer su captura.
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El Juez Miguel Ángel Gálvez anuncia que hoy resolverá si liga a proceso penal a seis militares implicados en el caso #DiarioMilitar. pic.twitter.com/3rLpTLyvhg
Enviados a prisión
Los seis imputados son Jacobo Esdras Salán Sánchez, exsubjefe del Grupo de Adiestramento y Operaciones Especiales Kaibil y miembro de la D-2, entre septiembre de 1983 y marzo de 1985; el exespecialista de “El Archivo” Enrique Cifuentes de la Cruz, así como los exespecialistas y pilotos de vehículos de “El Archivo”, Edgar Corado Samayoa y Rone René Lara.
Gálvez hace referencia a una sobreviviente que fue agredida sexualmente por un militar. Tenía 9 años. Fue torturada en su casa junto con su hermano.
— Agencia Ocote (@AgenciaOcote) June 9, 2021
Los militares buscaban que revelaran dónde se encontraban sus papás, a quienes catalogaban como "enemigos internos". pic.twitter.com/Ucnaj3lPWB
También, los exespecialistas de la Dirección de Inteligencia Militar José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza, quien además fue parte del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional. Estos últimos están exentos de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, a diferencia del resto.