Un juez guatemalteco ordenó este jueves prisión preventiva para seis exmilitares imputados por el asesinato de 183 opositores entre 1983 y 1985; esto dentro del caso denominado “Diario Militar”, que tuvo lugar durante el conflicto interno del país.

La decisión la dictaminó el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “B”; por lo que los implicados quedarán tras las rejas de manera preventiva hasta el inicio de la fase intermedia del proceso judicial en su contra en septiembre.

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A los sindicados se les acusa de capturas ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas entre 1983 y 1985. Ocurrió en medio del conflicto armado interno que duró 36 años en Guatemala y dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, según cifras de organismos internacionales.

Gálvez decretó la imputación de 6 de 12 acusados el miércoles debido a que “existen los indicios racionales suficientes” para dictar el “auto de procesamiento”; esto por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.

En su resolución del miércoles, Gálvez aseguró que la desaparición forzada es un delito que “rompe esquemas; y permanece hasta que se conoce el paradero de la víctima”. También lamentó que dentro del concepto de “enemigo interno” utilizado por el Ejército durante el conflicto armado (1960-1996) se tuvieran bajo ese término al menos 28 niñas, niños y adolescentes.

Caso del Diario Militar, una estructuras contrainsurgencia

Los exmilitares dirigieron e integraron estructuras de contrainsurgencia del Estado de Guatemala. Entre estas la Dirección de Inteligencia Militar, conocida como D-2; el Departamento de Investigaciones Técnicas -que fichaba opositores políticos-; la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Nacional; y la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial, conocida como “El Archivo”.

El caso tomó el nombre de un documento castrense nombrado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte” desclasificado en mayo de 1999 por el Archivo Nacional de Seguridad -NSA, en inglés-, con sede en la Universidad George Washington, en Estados Unidos; este contenía información de las organizaciones contrarias al Gobierno y más de 183 personas consideradas enemigas internas de Guatemala.

De los 12 detenidos inicialmente el pasado 27 de mayo y 1 de junio, el juez Gálvez solo proceso a seis; el resto fueron internados en centros hospitalarios debido a problemas de salud presentados al momento de ejercer su captura.

Enviados a prisión

Los seis imputados son Jacobo Esdras Salán Sánchez, exsubjefe del Grupo de Adiestramento y Operaciones Especiales Kaibil y miembro de la D-2, entre septiembre de 1983 y marzo de 1985; el exespecialista de “El Archivo” Enrique Cifuentes de la Cruz, así como los exespecialistas y pilotos de vehículos de “El Archivo”, Edgar Corado Samayoa y Rone René Lara.

También, los exespecialistas de la Dirección de Inteligencia Militar José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza, quien además fue parte del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional. Estos últimos están exentos de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, a diferencia del resto.

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