La Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- anunció este miércoles que desarticuló una red de defraudación aduanera vigente entre 2014 y 2015. Todos, integrantes de la estructura de corrupción conocida como “La Línea” que coordinaba el Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina 2012-2015.

La FECI realizó 26 diligencias de allanamiento y consiguió capturar a siete de los involucrados en esta nueva fase de investigación de los hechos, tras una jornada matutina de operativos. Mismos que se hicieron en conjunto con la Policía Nacional Civil -PNC- y agentes de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.

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De acuerdo a las pesquisas, la organización criminal cobró alrededor de 5,12 millones de quetzales. Todo en concepto de cobros de comisiones ilícitas denominado “cola” en las aduanas de Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.

La investigación preliminar estableció que la organización delictiva llegó a defraudar entre mayo de 2014 y abril de 2015 al Estado de Guatemala en por lo menos 14,3 millones de quetzales.

La estructura la integraban particulares que contrataban a cuenta propia servicios de transporte internacional y por encargados de ingresar mercancías a territorio guatemalteco.

Según indicó la FECI, las empresas integrantes de la red de defraudación enviaron vía marítima y terrestre numerosos embarques provenientes de Panamá y de Estados Unidos, con destino a Guatemala.

Cinco exempleados de la SAT capturados

Dentro de los detenidos figuran cinco exempleados de la SAT y dos empresarios “consolidadores”.

Uno de los empresarios está prófugo desde 2016, del mismo caso desprendido de las indagaciones que vincularon a la cúpula del Gobierno de Pérez Molina, en 2015.

Además, otro exempleado del sistema tributario ya procesado en una causa anterior fue citado. Se solicitó también la aprensión en contra de otras cinco personas -empresarios- y se vinculó a la red a 13 empresas, todas sociedades anónimas.

Secuelas del caso “La Línea”

El caso “La Línea”, lo dio a conocer el 16 de abril de 2015 la exfiscal general Thelma Aldana, y provocó la indignación de miles de guatemaltecos que se volcaron a la calle nueve días más tarde, el 25 de abril, en una de las mayores manifestaciones recordadas en el país centroamericano.

Las protestas siguieron hasta septiembre, cuando Pérez Molina, sobre quien recayó un proceso de desafuero en su contra, renunció y fue llevado ante la justicia y la cárcel provisional, donde aún permanece a la espera de juicio en su contra, al igual que su exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien había renunciado al cargo cuatro meses antes de la caída del “número uno”.