El proceso judicial en contra de la excandidata a diputada, Marcela Blanco, continuará este viernes, tras dos días de audiencia. Esto por un supuesto caso de daños al patrimonio nacional, en donde también se vincula al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
La reprogramación la decidió el juez penal Víctor Cruz, después de más de ocho horas de audiencia en un proceso judicial que empezó el lunes para Blanco y otras cinco personas, detenidas desde el 16 de noviembre por el mismo caso.
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Cruz, sancionado por Estados Unidos desde 2022 con el retiro de su visa bajo señalamientos de corrupción, está a cargo del caso en contra de Blanco, excandidata a diputada del partido Movimiento Semilla, el mismo de Arévalo de León.
El juez podría decidir el próximo viernes si imputa o no a Blanco y a los otros cinco detenidos, en un expediente de acusación donde el Ministerio Público (Fiscalía) ha solicitado 27 detenciones y el retiro de inmunidad para Arévalo de León y la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
“Es triste que mi hija esté detenida por expresar lo que piensa y lo que siente”, dijo la madre de Blanco, Brenda Fuentes, durante una entrevista con EFE realizada en los pasillos del Organismo Judicial guatemalteco.
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Marcela Blanco y el caso Usac
A Blanco, una comunicadora de 23 años, la señala la Fiscalía de utilizar sus redes sociales para supuestamente generar “violencia, hostigamiento y desorden” en 2022. Esto durante la toma de la Usac por parte de estudiantes que denunciaron anomalías en la elección de autoridades internas.
Durante la audiencia del miércoles, el Ministerio Público (MP) presentó una serie de vídeos y capturas de publicaciones de redes sociales. Con esto pretende vincular a los acusados con la toma de las instalaciones de la universidad por parte de estudiantes.
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Las supuestas pruebas que la Fiscalía ha presentado contra Blanco y los otros sindicados son publicaciones en redes sociales. Específicamente en X (anteriormente llamada Twitter) y TikTok.
Contra el binomio presidencial electo
Por este mismo caso, la Fiscalía busca que se le retire la inmunidad a Arévalo de León y a su vicepresidenta, Karin Herrera. Los delitos son asociación ilícita, depredación de bienes y usurpación agravada.
Desde el 12 de julio, el MP bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, ha intentado revertir los resultados de los comicios celebrados este año. El ganador fue Arévalo de León de forma sorpresiva.
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El presidente electo denunció públicamente, desde el 1 de septiembre, que Porras Argueta usa la Fiscalía para efectuar un “golpe de Estado”. El fin es evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por “desconocer la voluntad popular expresada en las urnas”.
