La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, advirtió este jueves que la vicepresidenta electa, Karin Herrera Aguilar, goza de inmunidad y no puede ser arrestada por ninguna autoridad.
La corte indicó en un comunicado de prensa que Herrera Aguilar cuenta con la figura del antejuicio. Está establecida por la ley guatemalteca como garante de inmunidad en caso de alguna acusación judicial.
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“Se ordena a todas las autoridades denunciadas se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de Karin Larissa Herrera Aguilar”, puntualizó la Corte de Constitucionalidad.
El dictamen del máximo tribunal de Guatemala llega solo horas después de que la vicepresidenta electa solicitara un amparo legal. Esto para evitar su detención, ante fuertes rumores de un próximo arresto en su contra por parte del Ministerio Público.
El recurso legal de la vicepresidenta electa, que debe tomar posesión de su cargo junto al nuevo presidente, Bernardo Arévalo de León, el próximo domingo, lo interpuso en la mañana de este jueves.
El equipo de comunicación de Herrera confirmó a EFE que la vicepresidenta se encuentra en Guatemala atendiendo reuniones privadas previo a la investidura.
En 2023, el Ministerio Público vinculó a Herrera con un supuesto caso de daños contra el patrimonio. Este se habría cometido en las instalaciones de la Universidad de San Carlos.
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/rsWZ1YvN3F
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) January 11, 2024
Intentan revertir la victoria de Arévalo
Desde julio de 2023, el Ministerio Público ha intentado revertir la victoria electoral de Arévalo de León, quien debe tomar posesión el domingo.
En septiembre, Arévalo de León acusó públicamente a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura.
Este mismo jueves detuvieron el exministro de Gobernación (Interior) Napoleón Barrientos. Lo acusan de no cumplir con un dictamen en octubre pasado que ordenaba reprimir y desalojar a manifestantes en las calles en protesta contra Porras.
