La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), encabezada por Rafael Curruchiche, en la que pretendía revivir el fallo emitido por el Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas.

Esta resolución permite a la Procuraduría General de la Nación (PGN) continuar litigando en la investigación que la FECI hace contra la organización estadounidense Save the Children. En la misma acusa de presuntas vulneraciones a menores.

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La PGN, al asumir este papel, busca defender el interés superior del niño, niña y adolescente involucrado en el caso. Esto mientras que la FECI ha cuestionado la admisión de un querellante adhesivo de forma provisional. Bajo el argumento de que la acción es prematura, debido a la ausencia de víctimas plenamente identificadas, informa Prensa Comunitaria.

Lo resuelto por el máximo tribunal concluyó que “el acto reclamado es producto de una impugnación no idónea”. Y, agrega que “la vía apropiada para cuestionar la admisión del querellante adhesivo es por medio de la falta de acción. Esta la puede apelar una instancia posterior”, y reafirmó la decisión de la sala, que había considerado improcedente lo solicitado por el MP.

El proceso, conducido por la FECI, con respaldo de autoridades en Texas, EE. UU., se ha mantenido en reserva, por lo que los detalles de las argumentaciones no han sido divulgados.

Sin embargo, el 7 de octubre, la Fiscalía llevó a cabo una serie de allanamientos en cinco sedes regionales de la organización en el país, lo cual ocurre seis meses después de la primera intervención en sus oficinas centrales en la capital.

Los argumentos del caso por el que la CC rechaza una apelación

La investigación se relaciona con presuntos abusos contra menores que, a criterio de Curruchiche, el procedimiento cuenta con un componente “transnacional”. Esto debido a la coordinación con fiscales en el extranjero.

La organización internacional, que opera en Guatemala desde 1976, expresó en un comunicado que el registro de sus instalaciones les causó “impacto y desconcierto” al no recibir información sobre ninguna acusación específica en su contra, y aseguró que no existen evidencias que respalden las alegaciones.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, y resaltó su colaboración histórica con el Gobierno guatemalteco para brindar asistencia humanitaria a los sectores más vulnerables.

*Tomado del DCA