Por unanimidad la Corte de Constitucionalidad -CC- revocó el amparo provisional otorgado el año pasado a varias organizaciones sociales en contra el Congreso de la República y el presidente Alejandro Giammattei, por la aprobación y sanción de las reformas a la Ley de Oenegés.

Con esta resolución, el presidente tiene la vía libre para mandar a publicar el Decreto 4-2020. La ley la aprobó la alianza oficialista el 11 de febrero de 2021 con 81 votos a favor. Posteriormente, el mandatario la sancionó el 27 de febrero del 2020. La resolución de este miércoles la respaldaron los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Leyla Lemus, Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández. Los dos últimos magistrados emitieron votos concurrentes.

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“Esta Corte considera que los actos de sanción y promulgación de una ley no pueden ser constitutivos de amenaza, porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde al Presidente de la República sancionar, promulgar y publicar los proyectos de ley que el poder legislativo le envíe. En consecuencia, resulta impropio y desacertado pretender evitar, por medio del amparo, que tal autoridad cumpla una de sus funciones constitucionalmente asignadas”, se lee en la resolución.

La resolución también añade: “resulta innecesario mantener vigente el amparo provisional decretado en auto de dos de marzo de dos mil veinte”. Por lo tanto “procede revocar dicha decisión contenida en el numeral V) del auto de 2 de marzo de 2020, ampliado mediante auto de 5 de marzo de 2020”.

Cambios en Ley de oenegés

Uno de los artículos que estipula la normativa establece que, si una oenegé utiliza los fondos que recibió de donantes para su funcionamiento, en actividades que alteren el orden público, se cancelarán inmediatamente y los directivos sufrirán consecuencias penales.

El artículo 15 del Decreto 4-2020 establece: “Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”. Además, si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externos para alterar el orden público, su cancelación será inmediata. Esta la emitirá el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación. A la vez sus directivos responsables, serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente. Por lo tanto, la ONG cancelada no podrá operar bajo esa denominación. El reglamento desarrollará lo referente al proceso de cancelación”.

EntreCultura 159

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