Chile refleja más el impacto de la pandemia que la huella de la ola de protestas que estalló hace un año. Resurgida ante la inminente celebración este domingo del que es su fruto más visible: el plebiscito sobre una nueva Constitución.

La pandemia puso en cuarentena la agitación ciudadana; hundió la actividad económica cuando ésta comenzaba a recuperarse del golpe de las protestas y forzó al Gobierno a tomar medidas especiales ante la recesión.

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Aunque la pandemia obligó a aplazar el plebiscito, que estaba agendado para el pasado abril; éste se mantuvo vivo durante todo el tiempo en el que las protestas hibernaron y persiste como la instancia clave que puede resolver la crisis social.

En números, la pandemia hundió la actividad económica hasta un 15,3 % en mayo; mes en el que dio inicio la cuarentena en la capital del país, el principal foco de contagio en ese momento. La tasa de desempleo marcó un registró histórico del 13,1 % en julio. Arrastrando a la precariedad a la clase media y aumentando el número de pobres, que la Cepal estima que en 2020 puede pasar el del actual 9,8 % al 13,7 %.

Ante un Gobierno volcado en aliviar la crisis que ilustran estos datos, el plebiscito quedó como el único cauce que puede motivar un cambio que dé respuesta a las proclamas ciudadanas de las protestas.

Necesidad del Plebiscito

El plebiscito surgió en noviembre del año pasado de un acuerdo entre las fuerzas políticas oficialistas y de oposición; para lograr la paz social y ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir si quieren o no cambiar la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Las redes sociales, las pancartas de los manifestantes, los cánticos y las declaraciones de las personas a pie de calle armaron el relato de la protesta: la desigualdad les asfixiaba y necesitaban cambios profundos en algunos de los pilares del modelo neoliberal chileno, como las pensiones, la salud o la educación.

Al quinto día de la revuelta, el presidente del país, Sebastián Piñera, dijo haber escuchado estas demandas. Pidió perdón por no haber visto antes estos problemas y anunció una serie de ayudas sociales en pensiones, medicamentos e ingreso mínimo, entre otras.

Un año después, esta agenda social está completada al 82 %, según el Gobierno. Si bien medidas como el establecimiento de un ingreso mínimo garantizado o la estabilización de las tarifas eléctricas están ya en funcionamiento, algunas de las reformas más ambiciosas; como la de pensiones o la del Fondo Nacional de Salud, siguen abiertas.

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