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CICIG se pronuncia ante fallo que dejó sin efecto orden de captura contra Melgar Padilla

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Guatemala – La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó hoy una acción de amparo contra la resolución de la jueza de Mayor Riesgo A, Marta Claudette Domínguez Guerrero, quien dejó sin efecto la orden de captura contra Erick Fernando Melgar Padilla, comandante de la Primera Brigada de la Guardia de Honor, sindicado en el caso “manipulación de justicia”.

La acción legal fue planteada en Gestión Penal del Organismo Judicial, la cual designó a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para casos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. Los argumentos fueron los siguientes:

En su resolución del 21 de febrero de 2018, la jueza Domínguez se extralimitó en sus funciones al revocar la orden de aprehensión contra Melgar Padilla, argumentando que goza de derecho de antejuicio por el cargo de juez presidente de un tribunal militar, que aparentemente tiene en el Ejército de Guatemala. Ello a pesar que el 20 de febrero de 2018, la Sala Primera de Apelaciones de casos de Mayor Riesgo resolvió no amparar provisionalmente a Melgar Padilla, quien había solicitado dejar sin efecto su orden de aprehensión.

La jueza fundamentó su resolución en el oficio de fecha 16 de febrero de 2018 elaborado por el Tribunal Militar de la Primera Brigada de la Guardia de Honor, en el cual se establece que el sindicado tiene calidad de juez. La juzgadora no examinó el Código Militar ni el Código de Procedimientos Penales Militares, los cuales señalan que no se legisla acerca de la categoría de jueces y magistrados y menos aún se determina que las personas que integran dichos tribunales tengan algún tipo de inmunidad.

También la juzgadora no solicitó información a la Corte Suprema de Justicia sobre la juramentación de Melgar Padilla de su presunta calidad de presidente de un tribunal militar. De igual manera estaba facultada para consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) acerca del privilegio de antejuicio y si el mismo era inherente al cargo de Melgar Padilla.

Además un informe de la Corte Suprema de Justicia, del 22 de febrero de 2018, señaló que Melgar Padilla no ostenta ningún cargo vinculado con la administración de justicia. De esa manera la duda quedó aclarada sobre el supuesto cargo de juez presidente del Tribunal Militar de la Primera Brigada de la Guardia de Honor .

La jueza realizó una interpretación extensiva del artículo 206 Constitucional, que señala el derecho de antejuicio para magistrados y jueces. De dicho texto no se puede inferir que el comandante de Brigada que supuestamente ostenta el cargo de juez presidente de un tribunal militar tenga derecho de antejuicio.

El artículo 4 de la Constitución Política de Guatemala señala que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y dicha prerrogativa (inmunidad) sólo puede ser otorgada a aquellos cargos o funcionarios públicos que estén plenamente contemplados en la norma constitucional, lo que no sucede en el caso.

En seguimiento de lo anterior, la sentencia 670/2003 de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala señala que sólo aquellos cargos referidos en la Constitución Política tienen el privilegio de antejuicio, y cualquier otra norma ordinaria que otorgue dicha inmunidad se está contraviniendo la Carta Magna.

El artículo 58 de la ley del Organismo Judicial fue reformada a través del Decreto 41/1996 por el Congreso de la República de Guatemala, excluyendo específicamente la literal “f” del artículo referido que contemplaba a los tribunales militares dentro de la jurisdicción ordinaria. En este sentido, la separación del fuero militar y civil dejó fuera de la esfera del Organismo Judicial a los Tribunales Militares.

Por los argumentos anteriormente expuestos, la CICIG solicitó a la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio dejar sin efecto el fallo de la jueza Domínguez por considerarse una resolución arbitraria y sin fundamentos apegados a la ley.

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Aseguran que cajas con material electoral se cayeron por accidente

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En la casa del Dr. Rubén Arriola B. se apersonaron varios delegados de distintas instituciones para brindar una conferencia de prensa, donde según aseguran, las cajas que contenían las diferentes papeletas pudieron haberse caído tras un accidente ocurrido ruta desde la ciudad capital hacia el municipio de Salamá, Baja Verapaz.

Lea también: Se caen cajas con papeletas en ruta Las Verapaces

Encargados de Cargo Expreso (empresa encargada de transportar dichas cajas) aseguran que “Un carro tipo Pick Up se nos atravesó, y al frenar, el peso de las cajas forzó las barras de contensión y seguridad que llevaba nuestro camión y abrió las puertas, dejando caer las cajas”

Tras el accidente se presentaron varios elementos de la Policía Nacional Civil que resguardaron las cajas que contenían las papeletas.

Tras la conferencia de Prensa, el Director de la Junta Electoral Municipal de Baja Verapaz, Dr. Rubén Arriola B. cortó el marchamo que le pusieron nuevamente a la puerta. Trabajadores del Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral harán la verificación e investigación respectiva.

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Caso: Financiamiento Electoral Ilícito Partido Unionista

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El 05 de octubre del 2017, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, con el acompañamiento de la CICIG, realizaron varios allanamientos (16) en las oficinas de la Municipalidad de Guatemala, incluidas las dependencias del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU), y en residencias de personas vinculadas con la investigación. El 12 de julio de 2018 se ejecutaron otros allanamientos (18)  en dicha comuna y en la Financiera de Occidente.

En los operativos se incautó un gran número  de documentos y dispositivos electrónicos: más de 8 mil presentaciones proselitistas en power point, informes, reportes de los planes  de estrategia político partidaria, correos electrónicos y propuestas de actividades. La información obtenida dio cuenta de la existencia de estrategias y planes diseñados desde la Municipalidad con el propósito de generar o incrementar el número de simpatizantes o militantes del Partido Unionista (PU), y para sufragar los gastos de dichos planes se utilizaban fondos municipales.

Hechos

En el presente caso se pudo concluir que dirigentes del Partido Unionista (PU) actuando desde dentro de la Municipalidad de Guatemala y con cargos en esa dependencia, de manera conjunta con personal operativo municipal, conformaron un grupo que de forma organizada y sistemática -desde los años 2011 hasta 2015- llevó adelante los planes y estrategias concebidos para generar o incrementar la militancia o simpatía con el Partido Unionista así como el caudal de votos. Todo este esfuerzo sostenido durante años y en favor del partido y del alcalde Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, buscaba asegurar su triunfo electoral en las elecciones de los años 2011 y 2015.

Para financiar los gastos del partido, así como otras actividades proselitistas se utilizaron fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana –FAPU- con el que se sufragaban actividades continuas de promoción con fines electorales, pretendiendo perpetuar en la comuna capitalina al partido político Unionista y la administración de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen.

Se pudo acreditar que las estrategias y planes se materializaron de dos formas: a través de actividades municipales a las que se les dio contenido proselitista y actividades directamente proselitistas. Para ello, involucraron el recurso humano contratado por el ente edilicio y asesores internacionales, así como fondos públicos municipales.

Se acreditó la existencia de dos grandes planes dentro de la estrategia partidista sostenida dentro de la comuna capitalina:

  1. El denominado “plan hormiga”, que consistió en convertir a cada uno de los trabajadores municipales un captador de votos, puerta por puerta, realizándose también eventos y actividades de campaña a favor del PU y de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen.
  2. El denominado “plan 8”, diseñado para que, a través de actividades varias (convivencias, capacitaciones, y similares) al interior de la Municipalidad de Guatemala, se captaran los votos de los trabajadores en favor del PU y de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, con el objeto que dichos trabajadores, a su vez, se encargasen de buscar nuevos votantes y/o adeptos al PU entre su círculo cercano, buscando así un efecto multiplicador en el voto.

El primer plan se ejecutó desde 2011 a 2015; el segundo, durante los 8 meses anteriores a la contienda electoral 2015 (a eso debe su nombre).

Los planes y acciones eran conocidos por las máximas autoridades, quienes recibían reportes, supervisaban y/o participaban directamente en labores de coordinación. Sus requerimientos y gastos eran cubiertos por la comuna a través de la infraestructura material y humana de ésta, y de los fondos públicos del Fideocomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU).

Para que los fondos del FAPU fluyesen sin restricciones se utilizó el engaño, disfrazando los pagos mediante facturas alteradas o falsas. Quienes conformaban el Comité Técnico de dicho fideicomiso -órgano que aprobaba los pagos- ocupaban a su vez cargos partidistas y eran militantes del PU. Es decir, ellos mismos “autorizaban”  sus gastos de campaña electoral. De esta forma presuntamente actuaron Luisa María Salas Bedoya, Ricardo Quiñónez Lemus, Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz y Luis Pedro Villanueva Mirón. Ellos tenían conocimiento de que los gastos correspondían a actividades vinculados con las estrategias partidistas, en especial  el “plan hormiga” y el “plan 8”; incluso, tuvieron participación directa, coordinación y/o supervisión en las actividades de dichos planes.

En base a los medios de prueba obtenidos en los 34 allanamientos realizados en octubre de 2017 y julio de 2018, la documentación y las extracciones forenses practicadas a los dispositivos electrónicos incautados, el cruce de análisis y verificación necesaria, testimoniales y otros medios de convicción, se pudo establecer que existen indicios suficientes para sostener que el Partido Unionista instrumentalizó a la Municipalidad de Guatemala, conformando un grupo que de forma organizada y sistemática -durante los años 2011 hasta 2015- llevó adelante los planes y estrategias partidistas y procuró que fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) sufragaran dichas actividades del partido político Unionista y de la administración de Álvaro Arzú, con el fin de perpetuarlos en el poder municipal. [CICIG]

Hoy se realizaron las siguientes diligencias:

NOMBRE  Y CARGO

(Al momento de los hechos)

DELITOS DILIGENCIA
Pedro Licinio Ruano Roldán (Director financiero del FAPU) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Citación
Luisa María Silvana Salas (Presidenta del Comité Técnico del FAPU y Síndico I del Concejo Municipal) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Citación
Luis Pedro Villanueva Mirón (Vocal del Comité Técnico del FAPU y Concejal IV del Concejo Municipal ) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Captura
Carlos Alejandro Miranda (Gestor y organizador de actividades proselitistas y Asistente en la Dirección de Desarrollo Social) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Citación
Héctor Adolfo Cifuentes (Secretario General del Partido Unionista y de la Municipalidad) – Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Captura

Se presentarán las siguientes solicitudes de antejuicio:

NOMBRE  Y CARGO

(Al momento de los hechos)

DELITOS
Ricardo Quiñónez Lemus

(Vicealcalde de la ciudad de Guatemala, Concejal I del Concejo Municipal y Vocal II del Comité Técnico del FAPU).

– Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado
Víctor Manuel Martínez Ruiz

(Concejal II de la Municipalidad y Vocal I en el Comité Técnico del FAPU)

– Financiamiento electoral ilícito
– Fraude
– Peculado

 

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Allanamientos deja hasta el momento 5 detenidos de la banda “Los Paisas”

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Con la finalidad de desarticular a una estructura criminal dedicada al sicariato denominada “Los Paisas”, más de 200 agentes e investigadores de la División de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público (MP), llevan a cabo 20 allanamientos en Chiquimula, El Progreso, Zacapa y Guatemala, donde hasta el momento se reporta la detención de 5 personas.

Los detenidos son:

  • Luis Miguel Godoy Corado
  • Neri Mauricio Gallardo Macal
  • Mario Antonio García Comapa,
  • Ronald Edgardo Ogaldes Pérez
  • Álvaro de León Cortés
  • Erick Edilsar Lorenzo Mártir

También han capturado a un subinspector y a un agente de PNC en el proceso de autodepuración de la institución policial.

Esta banda es responsable de planificar, coordinar y consumar diversos hechos delictivos, dedicándose principalmente al sicariato, narcotráfico, robo agravado, obstaculización a la acción penal y tráfico de influencias. Además contrabandeaban cigarros, operando desde Peten y Ruta al Atlántico. [MINGOB]

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